El Poder Ejecutivo ya envío a Legislatura el proyecto para ratificar el acuerdo entre la Provincia, la minera estatal Potasio Río Colorado (PRC) y Minera Aguilar SA, para la ratificación legislativa la venta del 88% de las acciones de PRC a Minera Aguilar suscripto el 12 de setiembre pasado.
El envío se realizó antes de que el Gobierno publicara el decreto por el que oficializa el convenio. El expediente entró por la Cámara de Diputados el miércoles 27 y obtuvo estado parlamentario en la sesión de la Cámara Baja de ese mismo día.
Todas las actuaciones serán remitidas a las comisiones de Economía y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), para iniciar el tratamiento en los próximos días.
En Diputados analizan con cuidado como se distribuye la información entre los legisladores que intervendrán en el tratamiento, debido a los acuerdos de confidencialidad. “Minera Aguilar ya nos autorizó a divulgar el contenido del acuerdo, pero también se analizará el proceso de selección, que incluye propuestas de otras dos empresas que compitieron para quedarse con la explotación de sales de potasio y esas mineras no nos han liberado de la confidencialidad. Incluso más, en los anexos del decreto también hay información del convenio de Vale, que tiene un acuerdo de confidencialidad por cinco años y han pasado tres y medio”, explica el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.
Hay que recordar que violar esos acuerdos de confidencialidad podrían generar una demanda contra la Provincia de parte de las empresas. Es que para empresas que tienen accionistas e incluso las que cotizan en bolsa, divulgar información sobre negocios fallidos puede afectar el precio de sus valores.
El acuerdo firmado el 12 de setiembre transfiere el 88% de las acciones de PRC a Companía Minera Aguilar Potasio SA (controlada por Integra Capital SA, empresa del ex ministro del Interior José Luis Manzano), una división dedicada a la explotación de potasio. El otro 12% se transfiere a Impulsa Mendoza Sostenible, conformada por PRC y Fundación Pro Mendoza.
El dictamen de Fiscalía de Estado
El lunes se conoció el dictamen de la Dirección de Asuntos Administrativos de Fiscalía de Estado. Si bien no hay rechazo del órgano de control sobre el proceso de selección del nuevo socio de PRC, si se hace una recomendación al Gobernador: que justifique precisamente la necesidad de confidencialidad en la que se desarrolló el proceso de selección de la nueva socia de PRC SAU (Sociedad Anónima Unipersonal).
En el dictamen se menciona que en el proceso de selección se el Banco de Inversión UBS Securities LLC contactó a 60 empresas, de las cuales 14 suscribieron un acuerdo de confidencialidad que les permitió acceder a la información necesaria para hacer una oferta no vinculante. Luego, cinco de las 14 hicieron esa oferta no vinculante y solamente tres llegaron a la instancia de hacer una oferta formal, las que finalmente fueron las evaluadas.
Desde la Dirección de Asuntos Administrativos de Fiscalía de Estado advierte que esa confidencialidad acordada con las oferentes está en tensión con el derecho a la información pública y hasta con la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dado que se considera la divulgación de cuestiones de interés público como un derecho humano.
Por esto es que Fiscalía advierte que la confidencialidad debe tener un plazo previsto, tal como sucedió con el acuerdo suscripto entre el Gobierno y la minera brasileña Vale para el traspaso de los activos de la firma al Estado provincial, en el que se estableció un plazo de cinco años.
En el dictamen también se hace la recomendación de argumentar de manera precisa la confidencialidad en el decreto que se remita a Legislatura para la ratificación: “de lo expresado, entiendo que deberá fundarse en debida forma la causal correspondiente en el Decreto Ratificatorio a emitirse recomendando que, podría encuadrarse en el secreto comercial-industrial, intereses comerciales y económicos legítimos y en el desarrollo estratégico de políticas públicas”
