Alfredo Cornejo reenfocó su mirada sobre la minería. O en todo caso, blanqueó ideas que no reveló en medio de la competencia electoral o en los inicios de su gestión, para evitar roces con el sector ambientalista.
No importa demasiado a esta altura. Antes o después, tal como vislumbró diario Los Andes a mediados de febrero, el gobernador entendió que había llegado el momento de impulsar la exploración de minerales en el departamento que más abraza la minería y que, en consecuencia, más padece las restricciones: Malargüe. Todo indica que ya no le importa tanto que esa decisión lo haga correr el riesgo de pagar costos políticos altos cuando tiene poco por ganar en los cuatro años que dura una gestión. O que el contexto de crisis económica lo convenció de sembrar para después de que se vaya de la gobernación.
La dirección está marcada en forma potente y Hebe Casado, la vicegobernadora de la provincia, aclara que el fruto de las políticas lanzadas no lo van a disfrutar ni ella ni Cornejo.
La reforma consiste específicamente en dos medidas. Una es tratar de que avance a paso veloz y de una sola vez la aprobación legislativa para la exploración de una serie de proyectos mineros para Malargüe. La otra, reformar el Código de Procedimiento Minero, tema que nunca había entrado en deliberación a nivel gubernamental porque todas las fichas estuvieron a apostadas a una acción que fracasó: la reforma integral de la ley 7722, que restringe al máximo la minería metalífera.
El hombre a cargo de la Dirección de Minería de la provincia, cuya relevancia política creció de repente, es Jerónimo Shantal. El funcionario está en Canadá, en la feria mundial donde el gobernador presentó el distrito minero “Malargüe Occidental”. También es quien indica que la reforma del código de procedimientos minero estaba en el “laboratorio” desde 2016 en Mendoza: asegura incluso que se discutió en las “mesas de diálogo” sobre minería que habilitó el anterior gobierno radical.
Alcanza con que Shantal diga que el código de procedimientos minero es de 1945 para que la reforma tenga una primera justificación irrebatible. Luego destaca que con la nueva ley se podrán agilizar procesos estancados hace años (unos 2.500 expedientes), evitar el “negocio inmobiliario” al amparo de Estado de algún privado que ostente derechos mineros pero no tenga en mente ninguna inversión y, fundamentalmente, reforzar los controles de la actividad a través de la Policía Minera.
Shantal además hace silencio sobre el futuro de proyectos mineros que no están en Malargüe, como la mina de cobre y oro “San Jorge”, que se ubica en Uspallata. Destaca también que el código nuevo prevé que los proyectos deban tener buena recepción y acciones a favor de la comunidad donde van a impactar para ser aceptados.
El “distrito minero” Malargüe tiene, a juicio del director de Minería, un encanto irresistible. “Argentina, Chile y Perú concentran el 50% del cobre en total que existe en el mundo y en Argentina no hay ningún proyecto en marcha, a pesar de su importancia clave para la transición energética”, expresa el funcionario. Relata también que hacia 2050 el mundo necesitará el doble de cobre que el que hoy se produce en el mundo.
En este contexto, de riqueza en potencia para la Provincia, y de crisis económica en la actualidad, el “infierno chico” de la minería se evita simplemente con la decisión de no tocar la ley 7722. “Por ahora eso no”, confirma la vicegobernadora Casado ante consultas.
Los empresarios mineros de la provincia, mientras tanto, señalan un “cambio de clima” respecto de la minería en Mendoza. Pero por lo menos hasta la promoción que inició el Gobierno en Canadá, seguían pensando que poco tienen para ganar. “No se puede hacer minería dentro de la 7722″, sentenciaba hasta hace poco Raúl Rodríguez, presidente de la cámara de empresarios mineros de Mendoza, antes de la misión a Canadá. Señalaba también que los emprendimientos iniciados a la fecha para explorar yacimientos son de capitales nacionales. “No ha venido un dólar”, afirmaba.
La perspectiva desde ese ámbito mejoró mucho tras los anuncios. Los comunicados oficiales originados en Canadá destacaron opiniones favorables del presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Roberto Cacciola, entre otros. Los empresarios elogiaron “el enfoque en temas ambientales que tiene nuestra provincia y la importancia de trabajar en conjunto sobre esta actividad”.
“Es crucial derribar mitos y mostrar la realidad de las operaciones mineras para ganarse la confianza de la comunidad y facilitar las decisiones políticas”, sostuvieron en el encuentro también los privados, según destacaron desde el Gobierno provincial.
Los propios privados no sabían a mediados de febrero que importancia le daría el Gobierno provincial a la feria minera de Canadá, si iría el gobernador nuevo, como fue en su momento Rodolfo Suárez en 2022 para promover el proyecto Potasio Río Colorado. Se sorprendieron un poco, seguramente, al ver su anhelo cumplido (recomendaban que Cornejo asistiera) y el ímpetu para avanzar hacia la minería que de repente blanqueó la nueva gestión.
