El Senado nacional vive horas de tensión por la propuesta del juez federal Ariel Lijo para ocupar un sillón en la Corte Suprema de la Nación. Se especulaba hasta ahora que el juez federal nominado por el presidente Javier Milei podía contar con los votos del kirchnerismo, pero este miércoles, el estado de sospecha se trasladó al radicalismo. Tanto que el bloque radical tuvo que salir a aclarar oficialmente que “no existe ninguna maniobra política” tendiente a favorecer al candidato.
Mientras Lijo se presentaba en la audiencia pública en el salón azul del Senado nacional, uno de los pasos previos a la votación de su pliego, se conoció que la UCR había cambiado anoche a uno de los integrantes de la comisión de Acuerdos. El que salió de la comisión que debe emitir el dictamen previo a la votación fue Pablo Blanco, uno de los dos senadores que están en contra de Lijo. La otra voz crítica es la de la santafesina Carolina Losada.
En remplazo de Blanco ingresó Eduardo Vischi, senador correntino que preside el bloque y que ha apoyado al oficialismo nacional en algunas iniciativas, entre ellas, la ley Bases. La movida fue interpretada como una medida de la UCR para favorecer que la comisión de Acuerdos dictamine a favor del pliego de Lijo, por impulso de los gobernadores dialoguistas del radicalismo, como el correntino Gustavo Valdez y Alfredo Cornejo.
Según pudo chequear Los Andes, el gobernador mendocino todavía no definió su posición respecto de Lijo. Pero además, con rapidez frente a las especulaciones, el bloque de senadores radicales aclaró este miércoles que “el reemplazo temporal de un senador en una comisión es una práctica común en el funcionamiento del Senado de la Nación” y que la participación de Vischi se produjo porque “el senador Maximiliano Abad, designado como representante del bloque en la Comisión de Acuerdos, no pudo asistir a la audiencia pública programada para el día de hoy. Por esta razón, se solicitó al Presidente del bloque que dispusiera un reemplazo para esta reunión”.
El comunicado radical también precisó que “en la audiencia pública realizada hoy no se dictaminará sobre el mismo, dado que se trata de la primera instancia del proceso de evaluación” y agregó que, con este remplazo, “el único objetivo es asegurar el correcto funcionamiento de la comisión”.
La comisión de Acuerdos del Senado tiene 17 integrantes y el dictamen favorable para Lijo requeriría 9 firmas. Entre las y los integrantes se encuentran dos mendocinas: Mariana Juri (UCR) y Anabel Fernández Sagasti (PJ), quien es vicepresidenta. En la gestión de Alberto Fernández, Fernández Sagasti presidió el organismo.
El tercer senador por Mendoza es el exgobernador Rodolfo Suárez. Ni en la bancada radical ni en la del PJ han confirmado aún cómo votarán el pliego de Lijo, que llegada la instancia final en el recinto, requerirá dos tercios para pasar el filtro. “Vamos a esperar la audiencia”, señalaron en su momento desde los dos bandos.
En cuanto a la UCR, casi todos sus integrantes en la comisión de Acuerdos no se han definido. “Salvo Losada, que tiene postura tomada. No hay definiciones”, respondieron desde el radicalismo este miércoles ante la consulta de Los Andes. Y agregaron desde el seno radical que no se advierte “ninguna maniobra rara” con la salida del fueguino Blanco de la comisión. “El lugar es de Maxi Abad, quien está de viaje, por lo cual se hizo un remplazo temporario. Como Maxi no estaba de nuevo hoy, pidió el remplazo y el Peteco Vischi lo remplazó”, precisaron las fuentes.
“Nunca se habló en el bloque (el sentido del voto a Lijo) y entre Vischi, Blanco y Abad pidieron sacar ese comunicado”, cerraron.
Esta tarde, en el reinicio de la audiencia pública, el propio desplazado Blanco apareció con preguntas y recriminaciones, ya que cualquier senador puede estar y preguntar, aunque no pertenezcan a la comisión. Dijo, entre otras cosas, que el nominado “ostenta el indeseable título de ser el juez más ineficiente de Comodoro Py”.
También Vischi, el integrante oficial de la comisión por la UCR, adoptó una postura crítica, al señalarle causas demoradas y decisiones polémicas, como el envío de la causa Ciccone de la Justicia Federal a la provincial de Formosa para favorecer al eterno gobernador de esa provincia, el justicialista Gildo Insfrán.
