Después de descartar el paquete fiscal de la ley ómnibus, el Gobierno cumplió su compromiso y aplicó un nuevo ajuste en el sector público al limitar el anticipo de fondos para el pago de salarios. Aunque la medida fue anunciada la semana pasada, su impacto comenzó este lunes con la postergación de los sueldos de más de 20,000 empleados de organismos públicos, detalla hoy Clarín.
La Universidad Nacional de Rosario informó que, debido a una circular del Banco Central de la República Argentina, el Banco de la Nación Argentina no podrá adelantar el pago de salarios desde este mes hasta nuevo aviso, según lo acordado en el convenio entre la institución educativa y el banco.
En consecuencia, la casa de estudios indicó que los salarios de aproximadamente 11,000 docentes y trabajadores no docentes, que solían recibir sus sueldos entre el 3 y el 5 de cada mes, se realizarán cuando la Tesorería de la Nación realice la transferencia, quedando pendiente la fecha exacta.
Esta medida adoptada por el Banco Nación responde a la decisión del gobierno de restringir el acceso a adelantos transitorios para financiar el pago de salarios en el sector público no financiero. Aunque esta norma del Banco Central se estableció en octubre de 2019 durante la gestión de Mauricio Macri y se renovaba anualmente, las autoridades decidieron no prorrogarla en esta ocasión.
La decisión gubernamental se tomó la semana pasada, cuando la ley ómnibus enfrentó obstáculos. Manuel Adorni, vocero presidencial, comunicó de manera inusual que el Banco Central no ampliaría la autorización (que vencía este miércoles) para que las provincias se endeudaran con bancos provinciales con el fin de hacer frente a necesidades urgentes.
Esta medida afecta no solo a las universidades sino también a ministerios y otros organismos, confirmaron fuentes oficiales. Instituciones como el Hospital Posadas, con 5,000 empleados, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con 7,000 trabajadores, se vieron afectadas. Además, la Universidad Nacional de Arte (UNA) y las universidades de San Juan (UNSJ) y San Luis (UNSL) también experimentan las repercusiones. La institución puntana estimó que los sueldos serán abonados “dentro de los primeros diez (10) días del mes”.
La decisión del gobierno generó preocupación en las provincias, donde el sector estatal depende del anticipo de fondos de bancos provinciales o del Banco Nación para el pago de salarios. La intención del Ejecutivo de compartir el costo del ajuste con las provincias se refleja en la restricción del acceso a estos fondos.
Anteriormente, el Gobierno había implementado ajustes en la administración nacional, como la eliminación de 7,000 contratos y la reducción de horas extras. La semana pasada, la Jefatura de Gabinete instó a todos los ministerios a reducir cargos intermedios. Sin embargo, la dificultad para obtener el respaldo de los gobernadores al plan de shock llevó al Ejecutivo a endurecer las medidas.
En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el viernes la eliminación del capítulo fiscal de la ley ómnibus y la implementación de un “mayor ajuste para la política, la Nación y las provincias”, que incluirá recortes inmediatos en transferencias discrecionales destinadas a programas nacionales, subsidios y obra pública, todo con el objetivo de lograr un “déficit financiero cero”.
