El oficialismo tenía los números para lograr el despacho del proyecto de reforma a la Ley de Responsabilidad Fiscal en la Comisión de Hacienda ayer y consecuentemente tratarlo en la Cámara de Diputados este miércoles, pero ante el rechazo del peronismo por el mecanismo de constitución del Fondo Anticíclico, decidió postergar el debate una semana más.
El presidente de la comisión, el radical Jorge López, confió a Los Andes que no quisieron “forzar” el avance y por eso el análisis continuará el próximo martes. En tanto, desde el PJ se oponen rotundamente al ahorro “obligatorio” del Fondo Anticíclico y plantean que un proyecto de estas características en un año electoral, “es condicionar al gobierno que vendrá”.
La principal crítica opositora se basa en el mecanismo de constitución continuo del Fondo Anticíclico que plantea que todos los años se debe presentar al menos una nómina salarial como ahorro, excepto en los ejercicios fiscales en los cuales se hayan verificado una etapa recesiva en el ciclo económico. Luego se deberá ir recomponiendo de a tercios, hasta completar nuevamente su composición total.
Entonces entienden que ese “ahorro forzoso y obligatorio” se presentaría a raíz de subejecución de presupuestos en obras, salud y educación, entre otras cosas. “No estamos de acuerdo en ahorrar una nómina salarial a costa de esto. Los gobiernos están para gestionar, no para ahorrar”, aseguró la diputada del PJ, Marisa Garnica, a este medio.
“Nosotros cuando les planteamos (al oficialismo) que no estamos de acuerdo con la obligatoriedad, el planteo fue que desde la Legislatura tenemos la potestad de dictar leyes para que se cumplan porque si no lo que hacemos sugerencias o advertencias de la necesidad de tener ahorro”, comentó la legisladora sobre la discusión que se dio en la comisión.
Además, criticó al gobierno provincial, al asegurar que “hoy tiene un ahorro que es de cuatro nóminas salariales. Si Rodolfo Suárez pretende dejarle ese ahorro al próximo gobierno, no hace falta ninguna ley”.
“Si estamos de acuerdo con un Fondo Anticíclico para emergencia, ¿qué está viviendo Mendoza ahora, si no es un estado de emergencia? ¿Si no es una crisis lo que vivimos, cual es el momento en que deben usarse esos fondos?”, enfatizó y recordó que no están en contra del Fondo Anticíclico en sí, sino “a costa de qué” y “en función de qué” se genera un ahorro.
Exposición de un especialista de la UNCuyo
En la jornada de ayer expuso ante la Comisión, el Licenciado en Economía e integrante de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo, Juan Víctor Diblasi.
Diblasi se explayó, apoyado en presentaciones en filminas, sobre la opinión que desde su espacio tiene respecto de la legislación propuesta. Indicó el académico que “nosotros hablamos de qué va a pasar con la inestabilidad en el sistema público y la sostenibilidad”, por lo tanto a esta propuesta de Ley no puede analizársela separadamente de otras, sino en conjunto con demás legislación, por las variables que hay que contemplar.
En este sentido, Diblasi sostuvo que “no existe en la Argentina una Ley como la que tiene Mendoza”, refiriéndose a la cantidad de reglas y transparencia. Ponderó la idea plasmada de dejar constituido un Fondo Anticíclico; realzó el rol de los municipios porque es necesario que vayan en sintonía con las acciones del Poder Ejecutivo más allá del color político de cada uno; y destacó que en todo el mundo se apunta a eso desde hace varios años, a que haya un abordaje amplio de las cuestiones referidas a la responsabilidad fiscal y las posibilidades de endeudamiento, etcétera.
A medida que pasó el tiempo, se hizo necesario que las reglas se agrupen y que participen otras organizaciones como los consejos fiscales por ejemplo, manifestó Diblasi, y mostró gráficos en los que se contabilizaban la cantidad de países en el mundo que han incorporado reglas sobre estos temas (ingresos, gasto, deuda, balance) desde 1985 a 2021 y su constante crecimiento.
En otro orden, el académico sostuvo que “hay que trabajar en la reglamentación de los Consejos”, en qué pueden hacer y qué no, fundamentalmente las diferencias en el color político. También indicó que hay que debatirse la publicación de la información, sobre el qué publicar, cómo se hará y cómo se explicará.
Sobre los plazos previstos en la legislación propuesta, Diblasi manifestó que consideraba que eran extensos (en la ley da la posibilidad de hasta un año de publicación), por lo que él cree que habría que ajustar en menos tiempo esa redacción, ya que “en la propuesta de gobierno ya se tiene que saber sobre qué se está planificando”. Le pareció acertada también la decisión sobre la Contaduría General que será la encargada de determinar cuándo hay recesión.
