El programa Potenciar Trabajo es el que nuclea a trabajadores y trabajadores fuera del sistema formal y hay alrededor de 1,3 millones de beneficiarios en todo el país que perciben 22.770 pesos mensuales y demandan una inversión nacional de 29.510 millones de pesos cada mes. En Mendoza se estima que son unos 17.800, que se reparten 405.306.000 pesos cada 30 días.
Los números no son precisos porque desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no brindaron datos ante la consulta de Los Andes, pero sí lo hicieron extraoficialmente fuentes de organismos nacionales.
De esa porción, hay 1.591 en los que la unidad de gestión es el Gobierno de Mendoza y en unos 200, la Municipalidad de San Rafael. Es decir que hay 16.000 que trabajan las 20 horas semanales en proyectos que gestionan los movimientos sociales.
La llegada de Alberto Fernández al Gobierno Nacional trajo algunos cambios en los programas que ejecutaba el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Uno de ellos fue unificar los programas de empleo en el Potenciar Trabajo, por lo que hay gente que ya venía percibiendo la remuneración y conformando algunos padrones como los que tienen en Casa de Gobierno y San Rafael.
Los números de beneficiarios dependen de las altas que se den y en función de los cupos. Cuando se abre una ventanilla, se cargan, pero siempre es menor que la cantidad de interesados. Algunas organizaciones, según las unidades productivas, firman convenios con Nación por un año fiscal y un monto de dinero determinado por ese lapso. De acuerdo a la rendición de cuentas, se van liberando más desembolsos.
Otras aseguran que en los proyectos que presentan, se determinan los materiales y el dinero les llega a los proveedores. A coro aclararon que “el dinero lo cobran los beneficiarios, nosotros no manejamos planes, sólo vinculamos con las unidades productivas para que puedan desarrollar su contraprestación de 20 horas semanales porque cargamos la asistencia”.
En los movimientos sociales con pata en Mendoza hay mucho enojo por las declaraciones de Cristina Fernández. Consideran que desconoce el trabajo que hacen y que, en definitiva, su existencia se debe a la ausencia del Estado. “Hay barrios a los que sólo entran los patrulleros y ahí estamos las organizaciones atendiendo necesidades”, dice un referente.
Cupos, proyectos y autodefensa
En el mapa de organizaciones sociales están las afines a la Casa Rosada y las opositoras. En este primer grupo, y bajo el paraguas de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), está el Movimiento Evita que lideran Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro a nivel nacional y ocupa un lugar preponderante.
En Mendoza, el representante es Luis Böhm, quien además es el delegado local del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). “Atendemos 120 merenderos que reciben a 7.000 niños por día y 389 jardines maternales con el Potenciar Trabajo por ausencia del Estado, son personas que se han tenido que reinventar porque no se ha resuelto el problema”, dice a Los Andes.
De acuerdo a los números que aporta, el Evita cuenta con alrededor de 1.500 personas beneficiarias del programa en Mendoza (de unos 100.000 cupos que tiene a nivel nacional según un relevamiento de La Nación). Böhm explica que la organización tiene diversas unidades productivas, con un abanico grande de actividades, y hace una férrea defensa sobre el rol que cumplen en los barrios.
“Hay ausencia de todo tipo de Estado, la presencia es por las organizaciones, iglesias y es una comunidad organizada. Cuestionar eso es muy ingrato y fácil hacerlo desde los dos sueldos que cobra la vicepresidenta con la heladera llena”, agrega el ex funcionario provincial.
Uno de los ejemplos que esboza es el del barrio 25 de Mayo en Maipú, donde se fabrican mermeladas, conservas y también hay un merendero. Otro se ubica en Las Heras y es un taller de alpargatas: “Son 7 mujeres y 5 cobran el Potenciar Trabajo. Usan las máquinas y las herramientas que llegan. Te permite capacitar y terminar el nivel educativo, formación de oficios, porque hay mujeres que cobran el Potenciar para dar clases. Un circuito virtuoso”, se enorgullece Böhm.
Sentencia también que no se cobra ningún aporte y que “la caja chica” para pagar gastos surge del aporte que hacen los integrantes del Movimiento Evita que tienen cargos públicos, como es su caso.
Otra de las organizaciones afines a Alberto Fernández que se distancia de lo dicho por la vicepresidenta es la Corriente Clasista y Combativa (CCC) con Juan Carlos Alderete como líder nacional y Nicolás Guillén como uno de sus referentes provinciales. Desde ese espacio, indicaron que tienen 1.200 beneficiarios del programa nacional articulando con sus unidades productivas y desempeñando labores socio-comunitarios.
“Desempeñan tareas de cuidado, sostenimiento de merenderos comunitarios y también en unidades productivas como panaderías, textiles, bloqueras, entre otras”, dijo Guillén a Los Andes y arremete contra la estigmatización de los planes sociales con un número: “El Potenciar Trabajo es el 1% del presupuesto nacional”.
Guido Peña, otro de los integrantes, defiende el trabajo de los movimientos sociales porque considera que “somos clave para cualquier desarrollo. Los modelos productivos que plantea la política no están pensando en incluir” y aclaró que no se cobra un aporte, sino que hay un Fondo de Lucha con una colaboración, que según la situación va de 20 a 100 pesos. “Ninguno pone 1.000 pesos, es lo que puedan aportar”, argumenta Peña y asegura que no manejan plata. Ni del plan social ni de las herramientas que llegan, eso es algo que manejan los proveedores con la Nación.
Una de las propuestas es un proyecto de ley que presentarán a la Legislatura. “Pedimos que el Gobierno provincial implemente políticas para dar un impulso al trabajo productivo de los Potenciar Trabajo”, dicen en la CCC. Así, plantean el Proyecto de Ley de Vivienda Única, que se propone la urbanización de 3.000 lotes, en los cuales los beneficiarios de los programas sociales pueden realizar la instalación de los servicios de agua y gas, además de la construcción de viviendas en forma cooperativa, bajando costos y distribuyendo de una forma más equitativa los recursos.
Además de esas organizaciones afines a la Casa Rosada, hay que agregar a Barrios de Pie, Nueva América (ex La Dignidad) entre otras que también tienen representación en Mendoza.
Veredas opuestas y defensa del 2%
El Polo Obrero, con Eduardo Belliboni como referente nacional, está dentro de Unidad Piquetera, el espacio que agrupa a los movimientos sociales opositores al Gobierno nacional. Envueltos en la polémica por cobrar el 2% de los Potenciar Trabajo a los beneficiarios que articulan con sus unidades productivas, desde Mendoza salieron a aclarar el tema.
“Nosotros pedimos un 2% colaborativo, no extorsionamos a nadie. Hay compañeros que lo pagan y otros que no pueden. Entre otras cosas, con eso compramos carne para los comedores, porque no hay”, dijo a Los Andes Martín Rodríguez, uno de los referentes provinciales del Polo Obrero, sobre los 120 comedores y 50 merenderos que atienden, repartidos en gran parte de la provincia.
Con respecto a los beneficiarios, asegura que “la cantidad es muy fluctuante, pero son entre 1.000 y 1.100 Potenciar Trabajo acá en Mendoza”. El dato es confuso, pero se estima que a nivel nacional manejan 60.000 planes, así que parece razonable el dato provincial.
En la defensa de estos programas, Rodríguez expresa que “siempre hemos defendido la prestación de servicios socio comunitarios, como fue ir a los barrios a hacer precauciones de pandemia y desenvolverse en los comedores populares. Defendemos esto porque es necesario por la situación actual”.
Libres del Sur, que en Mendoza son aliados del frente gobernante Cambia Mendoza, está en la otra vereda tanto del Polo Obrero como de las organizaciones cercanas al presidente Alberto Fernández. Según indicó Ernesto Mancinelli, senador provincial y referente del movimiento, en Mendoza concentran “alrededor de 800 Potenciar Trabajo, menos de 1.000 seguro”.
“Muchos están organizados en merenderos y después algunas unidades productivas más concretas. Tenemos una textil, algunas tienen que ver más con cuestiones de género, deportivas, y mucha gente que se organiza en cuadrillas de limpieza, de trabajo”, agregó el legislador.
En ese sentido, remarcó que “se intenta hacer limpieza en los barrios, acequias, adonde los municipios no llegan. Tratamos que sean del propio hábitat, donde viven, y muchos han pintado centros de salud y muchas escuelas”.
Padrón cerrado para la gestión gubernamental
Entre las unidades de gestión no gubernamentales como son los movimientos sociales y las gubernamentales como son el Gobierno provincial y el municipal, hay una diferencia grande: estos últimos no dan altas ni tienen cupo, por lo tanto trabajan con lo que se llama “padrón cerrado”. Recibieron a fines de 2020 una lista de beneficiarios que, con el correr de los meses, se ha ido achicando por varios factores: obtención de empleo formal, baja por ausentismo, etc.
Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social de Nación, tiene la intención de trasladar el control de estos programas a los gobiernos, por lo que de concretarse seguramente se modificará el mapa de proyectos y unidades productivas.
El Gobierno provincial, a través de la Dirección de Economía Social, lleva adelante la vinculación entre los 1.591 beneficiarios que tienen y un plan de actividades de acuerdo a diferentes proyectos productivos para que las personas cumplan con su contraprestación.
“Nosotros priorizamos la terminalidad educativa y capacitación. Una vez que las personas deciden qué hacer, articulamos. Si ya tienen saberes, promovemos que puedan adquirir insumos o herramientas para su emprendimiento. Los que estudian pueden integrar proyectos socio productivos que promovemos”, explicó Lorena Meschini, titular del área, a Los Andes.
La mayoría de estos beneficiarios (972) se encuentran en San Martín. Allí hay proyectos de urbanización donde desempeñan labores de pintura, soldadura, limpieza y reciclado. Otra parte importante está en la Ciudad de Mendoza (376), en donde la gran mayoría de las titulares ha optado por la terminalidad educativa y capacitaciones laborales.
En este aspecto, varios beneficiarios y beneficiarias asisten a los talleres dictados por el municipio: panificación, repostería y textil. Muchos de los productos se venden en las ferias de la economía social.
San Rafael también cuenta con un padrón de 200 personas que tienen Potenciar Trabajo y prestan sus servicios en proyectos del municipio. Un ejemplo es la creación de una cooperativa de trabajo con jóvenes de Cañada Seca que mantienen y reparan vehículos.
En Cuadro Nacional, beneficiarios del programa brindan talleres y apoyaturas escolares, mientras que en La Nora, paraje del mismo distrito, se formaron emprendimientos de producción porcina y avícola. En Colonia Elena se elabora café y harina de algarroba de forma artesanal y en El Nihuil, donde el programa “Potenciar Trabajo” se articuló con el programa “Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales”, se consolidó un grupo de mujeres dedicado a la producción textil.
