La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción el jueves al proyecto de ley de “zonas frías” que plantea una rebaja de tarifas de gas para usuarios residenciales. Sin embargo, la iniciativa que ahora deberá ser tratada por el Senado no incluye a las garrafas, por lo que no tendrán un descuento en su precio. Esto implica que alrededor de 500 mil mendocinos que utilizan gas envasado no estarán alcanzados por el beneficio.
El texto que fue presentado por el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, recibió 190 votos afirmativos. Plantea que los residentes de zonas que registran temperaturas muy bajas durante el invierno tendrán una disminución en las facturas de gas de entre el 30% y el 50%. Esta reducción alcanza al servicio de gas en red que es considerado un “servicio público” y regulado por el Enargas.
Uno de los aspectos a resaltar es que el gas licuado de petróleo (GLP) o gas en garrafa no es un “servicio público”, por lo que no está incluido en esta regulación.
Según estimaciones de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), en Mendoza existen entre 120.000 y 130.000 hogares sin acceso a gas natural de red. Esto significa alrededor de 500.000 personas que deben recurrir al gas envasado para cocinar o calefaccionarse. Esta tendencia se agudiza lejos de los centros urbanos.
Tras la media sanción del proyecto de “zonas frías”, el senador nacional de la UCR Julio Cobos pidió que se avance en declarar servicio público el GLP. En tanto, el diputado nacional de Protectora José Luis Ramón, uno de los principales impulsores de la propuesta votada el jueves, afirmó que a este tema “hay que darle pelea” y es un “próximo paso”, pero destacó que con la actual iniciativa se está beneficiando a 400.000 mendocinos.
Cobos hizo hincapié en que “no queda claro qué sucede con la garrafa en las denominadas ‘zonas frías’ y esto seguirá así, si no se declara al GLP como servicio público. Se incluye la garrafa en el Fondo Fiduciario, pero no en el esquema de beneficios de rebaja. Lo que sí queda claro es que quienes están fuera de esas zonas y son usuarios de garrafas, seguirán padeciendo la arbitrariedad y falta de regulación en el precio”.
El exgobernador mendocino es autor de un proyecto que plantea declarar como servicio público al GLP. En este sentido, indicó que “el proyecto de subsidios al gas de la red domiciliaria alivia la situación de muchas familias, pero no recorta las diferencias e inequidades con miles de argentinos que utilizan gas en garrafa”.
Agregó que “el GLP no es servicio público, el gas por redes sí; por lo que tiene una fuerte regulación, derechos especiales para sus consumidores y se puede poner un tope al precio. Es una lástima que, a pesar de los proyectos presentados en el Congreso para corregir esta inequidad, no se tengan en cuenta a estas familias”.
Por su parte, Ramón explicó que “el gas envasado en garrafas, por una cuestión de negocio, hace años que no es servicio público. Al no ser un servicio público el Enargas no puede establecer un cuadro tarifario para determinar cuánto vale el gas que se vende en un cilindro”.
Remarcó que al igual que Cobos, él también presentó un proyecto para que se lo declare servicio público, ya que “no tiene regulación y se rige por un sistema de precio sugerido que lo establece la Secretaría de Comercio y la Secretaría de Energía de la Nación”.
El jefe del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo planteó que “es un próximo paso” y que “es otro tema que hay que darle pelea”, pero pidió no enfocarse en este aspecto de la ley de “zonas frías”. “En este proyecto no hay que buscarle la quinta pata al gato. Incorpora y reconoce a 400.000 familias mendocinas y a 3 millones de la Argentina. Se produce un equilibrio y equidad federal y deja de haber una factura barata para los porteños y una cara para los que vivimos en la zona fría”, subrayó.
El diputado, que tuvo un festejo eufórico el jueves en el Congreso revoleando su icónica frazada, aseguró que el planteo sobre las garrafas es uno de los argumentos con los que Juntos por el Cambio quiere minimizar el impacto de la iniciativa, junto con el origen de los fondos de los subsidios y la posible desinversión de las empresas.
Por otra parte, desde la Subsecretaria de Desarrollo Social de la provincia indicaron que están duplicando la venta de garrafas sociales en los operativos departamentales. Estiman que este invierno venderán 70.000 garrafas sociales, cuando en años anteriores se vendía la misma cifra desde el invierno hasta diciembre.
Por un lado, atribuyen este aumento de la demanda a que el precio de venta del Estado es de $ 300, cuando en un comercio se ofrece a $ 650 o $ 700 y en un distribuidor mayorista está a $ 520.
Otro elemento que ponen en la balanza es que por la pandemia la gente está más tiempo en el hogar y por lo tanto consume más.
