Echaron a una empleada del Lagomaggiore tras encontrar psicotrópicos del hospital en su locker personal

El Gobierno aplicó la sanción de cesantía a la licenciada. La decisión salió publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Echaron a una empleada del Lagomaggiore tras encontrar psicotrópicos del hospital en su locker personal
Hospital Lagomaggiore.

El Gobierno Provincial decidió echar a una empleada del hospital Lagomaggiore luego de encontrar psicotrópicos y otros elementos sanitarios del establecimiento en su casillero exclusivo y personal que contaba en el lugar.

Se trata de la licenciada Mariela Paita, a quien se le aplicó la sanción de cesantía, luego de “haber transgredido con su conducta” lo previsto en los artículos 69 y 70 de la Ley Nº 7759, que refieren a deberes y prohibiciones de los profesionales de la Salud.

Según los considerandos del decreto 1971, que se conoció este miércoles en el Boletín Oficial, el 19 de octubre del 2023 la jefa del departamento de Enfermería del Lagomaggiore solicitó la presencia de autoridades del hospital “para proceder a la apertura de los lockers personales pertenecientes a cada agente”.

Precisamente en el locker personal de Paita, se encontraron “dos ampollas de Midazolam 15mg/3ml, medicación psicotrópica de exclusivo uso hospitalario de Lote Nº 30191 con vencimiento el 2 de febrero de 2025, tres cajas de guantes de vinilo talle L abiertos y un frasco de Cloherxidina jabonoso Lote 1584 con vencimiento en junio de 2023″.

“Para la Instrucción Sumarial, una vez analizadas todas las pruebas agregadas a las presentes actuaciones, el hecho que se le imputa a la Lic. Mariela Vanesa Paita Aucachi, resulta de mayor gravedad, ya que se encuentra suficientemente probado, resulta que la sumariada poseía en el locker asignado y exclusivo, sin autorización, ni justificación alguna, objetos pertenecientes al nosocomio”, justificaron en la norma.

En el sumario administrativo, desde el Gobierno expresaron que “se aceptó e incorporó toda prueba ofrecida por la licenciada”, y que “la mencionada profesional, se encontró amparada por la legislación vigente, se dio trámite para su correcta defensa, según la legislación vigente y la defensa no impugnó la veracidad de dichos elementos probatorios”.

Acto seguido sostuvieron que su accionar revestía gravedad suficiente para ser sancionada, “no sólo porque la legislación en forma taxativa así lo dispone, sino que además configura una falta que presupone la pérdida de confianza en la agente para seguir prestando funciones en el Hospital ‘Luis C. Lagomaggiore’”.

“Han quedado suficientemente probados los incumplimientos en la prestación del servicio, ya que de acuerdo a las declaraciones testimoniales de los agentes intervinientes se deduce que la sumariada incumplió gravemente con la obligación de velar por la conservación de los útiles, objetos y demás bienes que integran el patrimonio del Estado y de los terceros que se pongan bajo su custodia. Y utilizar con fines particulares los elementos de trabajo destinados al servicio oficial y los servicios del personal”, agregaron.

La instrucción sumarial, tras la investigación que llevó a cabo, consideró “probada” la acusación en contra de Paita y agregaron que no dio “cumplimiento” a las obligaciones “de brindar un servicio al nosocomio dando cumplimiento a las obligaciones estatuarias y de no haber dado cumplimiento a los deberes del correcto registro y custodia de bienes, ya que se constataron serias irregularidades en el relevamiento de bienes inventariables a su cargo”.

De esta forma, aconsejaron aplicar a la sumariada la sanción de Cesantía, medida que finalmente tomó el Ministerio de Salud y ratificaron el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Salud, Rodolfo Montero, que fueron quienes firmaron el decreto que salió publicado este miércoles.

No obstante, es importante marcar de igual forma que el Consejo Deontológico de Enfermería y la Junta Provincial de Reclamos y Disciplina no coincidieron con la sanción sugerida por el instructor sumariante (de cesantía), pero desde el Ejecutivo fundamentaron su decisión al sostener que “la potestad sancionadora de la Administración forma parte de las competencias de gestión constitucionalmente atribuidas, con el propósito de asegurar la vigencia del orden jurídico mediante la imposición de las sanciones correspondientes”.

El decreto

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