El Gobierno provincial tomó la decisión de echar a un empleado estatal que cometió fraude en la asignación de un número indefinido de beneficios de la tarjeta SUBE a personas que no cumplían los requisitos para hacerlo, causando un daño al patrimonio del Estado que por el momento no ha podido ser calculado.
A través del decreto 1.560 publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo aplicó la sanción de cesantía al agente del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública, Leonardo Matías Albornoz, el cual, luego de un informe a partir de un sumario, se detectaron las irregularidades.
“Con el usuario del agente Albornoz se han otorgado y entregado tarjetas SUBE con beneficio a personas que no ostentan los requisitos para obtener los mismos”, marca el informe, que establece además que cada agente asignado al Operativo SUBE, “tiene un Usuario para el otorgamiento de las citadas tarjetas, que no comparte con sus compañeros/as”.
No obstante, también agregaron que “es posible otorgar una SUBE con beneficios sin que el solicitante presente la documentación que acredita la condición de beneficiario, dado que es responsabilidad exclusiva del agente a cargo del otorgamiento de la tarjeta, solicitar, agregar y controlar la documentación requerida en cada caso para la entrega de una SUBE con beneficios”.
En los considerandos de la norma, el sumario concluyó que el agente Albornoz “asumió una serie de conductas reiteradas, pudiendo haberse provocado un grave daño patrimonial que no puede calcular la Instrucción”, por lo que se corrió vista al fiscal de Estado, Fernando Simón.
Pero además, informaron que la relación a la jerarquía alcanzada y el posible abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, “resulta evidente que la falta que se le imputa al agente Albornoz solo puede ser perpetrada en ocasión de la función, cargo y permisos que ostenta”.
Por estos motivos fue que el Gobierno decidió dejarlo cesante a Albornoz; y notificar a la Oficina de Ética Pública, a la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado del Ministerio de Gobierno; a la Subdirección de Recursos Humanos del Ministerio de Infraestructura; a Fiscalía de Estado y Asesoría de Gobierno.
