El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, anunció la intervención de las áreas de Producción y Administración de la Televisión Pública, y la remoción de los máximos funcionarios de esas áreas.
La decisión fue comunicada a través de una conferencia de prensa que brindó el propio secretario de Medios, Francisco Meritello, quien además especificó que la suma de dinero retirada de la institución de forma “irregular” fue de $11,4 millones, realizado en tres momentos distintos.
Según lo señala Clarín, uno de los echados es Guillermo Siaira, director de Administración y Finanzas de Radio y Televisión Argentina (RTA), que es la empresa estatal que maneja a la TV Pública. También se fue Ernesto Molinero, gerente de Producción de la TV Pública, pero lo hizo a través de su renuncia. Además, iniciaron sumarios administrativos para desplazar a otros directivos que “son de planta en el canal” y no presentaron sus renuncias.
Según Meritello, las personas identificadas retiraron en dos oportunidades distintas $5 millones en cada una de las extracciones y luego se llevaron $1,4 millón. Esta última operación fue el lunes de la semana pasada y la que dio el puntapié al escándalo.
El funcionario aseguró que las grabaciones de seguridad del edificio donde se produjo el retiro de dinero ya están en manos de la Justicia.
En tanto, del total del efectivo que salió del Banco Itaú -que está en el edificio de la TV Pública- se recuperaron $8.085.940. El resto lo gastaron los directivos desplazados en la producción de la miniserie Los amores prohibidos de Belgrano, detalló el mismo diario. Ahora se están analizando esos comprobantes de pago en una auditoría que está realizando el auditor interno de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en RTA, Rolando Oreiro.
La causa está en manos del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante la investigación luego de la denuncia de Ricardo Benedetti, ya que está prohibido el retiro en efectivo de semejantes montos de dinero y el pago en efectivo a los proveedores en dependencias del Estado.
