El Gobierno provincial echó a cuatro trabajadores estatales por diversos hechos tales como inasistencias injustificadas, violencia de género e incluso la presentación de licencias truchas.
Las medidas salieron publicadas este viernes en el Boletín Oficial y en todas las ocasiones el Poder Ejecutivo tomó como definición la sanción más dura, que es la cesantía.
Violencia de género
Uno de ellos corresponde al decreto 1259, en el cual se despidió al doctor Mariano Alberto Olmedo, que se desempeñaba en el ámbito del ministerio de Salud, por “transgresiones de conducta”. Según los considerandos de la norma, que fue firmada el 22 de junio del año pasado, Olmedo cometió actos de violencia de género, lo que corresponde a infracciones contra la ley de Protección Integral a las Mujeres.
“De las testimoniales presentadas en la etapa investigativa puede acreditarse que el sumariado efectivamente tuvo un comportamiento contrario al trato normal entre compañeros”, sostiene la norma.
Y agregaron: “De lo expuesto surge que el Dr. Mariano Olmedo efectivamente desplegó un trato violatorio a la intimidad, dignidad y buen trato entre compañeros, actos que transgreden lo dispuesto por la Ley de Protección Integral a las Mujeres”.
De esta forma, el Consejo Deontológico Médico y la Junta Provincial de Reclamos y Disciplina, respectivamente, coincidieron con la Instructora Sumariante “en aplicar la sanción de cesantía al Dr. Mariano Alberto Olmedo”, decisión que tomó el exgobernador Rodolfo Suárez en el decreto.
Echaron a dos agentes por presentar certificados falsos
Otro caso es el que establece el decreto 1430, en el cual se decidió cesantear a las agentes Fedra Elizabeth Dardanelli y Belén Deolinda Juarez, del Hospital Humberto Notti, el 3 de julio del año pasado, por haber presentado certificados falsos ante Medicina Laboral para justificar inasistencias.
Tras haber pedido un sumario el director del Notti contra las dos empleadas, la Instructora Sumarial concluyó tras una investigación “que las firmas puestas al pie de los certificados presentados por las agentes Juarez y Dardanelli son apócrifas, por lo que dichos certificados efectuados para justificar ausencias en sus puestos de trabajo, resultan falsos, faltando a la verdad real, generando una pérdida de confianza, una injuria a sus superiores y una acción dolosa”.
Ante esto, la Junta de Disciplina, con voto mayoritario sugirió “aplicar la sanción de 30 días de suspensión, aduciendo que no se observaba en la pieza administrativa el término de duración de los certificados”.
No obstante, el exgobernador Suárez decidió, al ser una consideración no vinculante, la decisión de cesantear tanto a Dardanelli como a Juárez.
“Afuera” por inasistencias injustificadas
En tanto, otro decreto es el 1449, en el cual se decidió echar a la agente Mariana Elisa Gil el pasado 4 de julio del año pasado, del hospital Lagomaggiore, donde se desempeñaba.
Tras un sumario que inició la directora ejecutiva del hospital contra la agente, se comprobó que incurrió “en más de 6 inasistencias injustificadas”.
En la norma, se indica que se emplazó a la agente mediante carta documento de fecha 23 de febrero de 2022 “a presentarse a prestar servicios”, y se la intimó para que “informe y justifique en debida forma, las inasistencias y regularice su situación actual”.
Sin embargo, la intimación “no fue contestada por la sumariada, ni dio cumplimiento al emplazamiento y tampoco justificó las inasistencias reiteradas”.
De acuerdo a los antecedentes mencionados y a la gravedad de las faltas cometidas, el Instructor Sumariante advirtió que los incumplimientos cometidos por la Lic. Gil, se encontraban “debidamente probados” y que incurrió “en la inobservancia de la obligación legal de justificar en debida forma las inasistencias que fueran informadas oportunamente por las autoridades” y de acuerdo a las planillas de marcación horaria que se agregan al expediente, encontrándose “suficientemente probadas las inasistencias injustificadas, correspondientes a los días comprendidos desde el 12 de diciembre de 2021, sin acreditar hasta la fecha su reingreso”, habiendo incurrido en abandono de sus tareas.
De esta forma, el exgobernador tomó la decisión de aplicar la cesantía de Gil por haber transgredido las normas con su conducta.