En mayo del 2018 se sancionó la Ley 9070 que regula el Acceso a la Información Pública en la Provincia de Mendoza. A tres años y medio, hay algunas comunas que aún no terminan de cumplimentar los pasos administrativos para la adhesión.
Lavalle, bajo la autonomía municipal, tiene su propia ordenanza con plazos más laxos mientras adecúa la digitalización. La Paz aprobó el texto pero aun no la promulga y en Tunuyán se abren por Gobierno abierto para el cuerpo legislativo comunal, pero sobre el Ejecutivo no hay precisiones.
Desde que la Ley de Acceso a la Información Pública dictaminó los procedimientos para que los denominados “sujetos obligados”, la adhesión por parte de las comunas ha sido en tandas. Y a más de 3 años, dos municipios de administración peronista todavía no se acoplan del todo como es La Paz y Tunuyán. Hay que decir también que Las Heras, bajo el liderazgo del radical Daniel Orozco, se plegó recién a principios de setiembre.
Un relevamiento elaborado por la Fundación Nuestra Mendoza exhibe varios puntos analizados con respecto a la divulgación de la información pública. “A la fecha de elaboración de este informe hay tres municipios que no se han sumado: La Paz, Tunuyán y Lavalle. Sin embargo, cabe aclarar que este último cuenta con una ordenanza propia para regular este derecho”, dice el texto de las conclusiones presentadas el 16 de este mes.
“El informe proporciona un dato estadístico de los sujetos obligados para saber qué índice de cumplimiento tienen. Los municipios plantean que hay decisión y que la idea es avanzar y adherir. En ningún caso nos hemos encontrado con la respuesta de que no quisieran adherir, ni la Oficina de Ética Pública”, indicó Facundo Heras, director de la Fundación Nuestra Mendoza, a Los Andes.
En el intercambio con las comunas, la respuesta es “se está trabajando internamente para sistematizar la información que la ley les obliga o aceitar mecanismos para dar respuesta en los tiempos establecidos por la norma”.
En el ránking municipal, el primero en sumarse hace más de dos años fue Rivadavia. Después, le siguieron Capital, General Alvear, Godoy Cruz, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú y Santa Rosa. En una segunda etapa, que va desde diciembre del 2019 pasado hasta octubre del año pasado, adhirieron San Martín, San Rafael, Malargüe y Tupungato. En el último tramo aparecieron San Carlos, Junín, Lavalle y Las Heras.
Lavalle hizo rancho aparte pero cumple
Carina Segovia, presidenta del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Lavalle indicó a Los Andes que la ordenanza tiene un año de vigencia y que se está trabajando en la digitalización. “Optamos por la ordenanza por la autonomía municipal, y además porque teníamos que avanzar en un proceso de digitalización que lleva tiempo”, indicó.
Con la normativa local se estiran los plazos porque “hay muchas búsquedas que son manuales, entonces ampliamos los plazos para poder cumplir”. En ese sentido, resaltó que “en tres años va a estar funcionando como corresponde”, es decir en 2023. Desde la misma página de la comuna se podrá acceder a la información con la intención de que “nadie tenga que pedirlo por escrito, sino que ingrese y tenga acceso a todo”, completó la ex legisladora.
Tunuyán no adhiere y avanza por partes
El 30 de agosto, la cuenta de Instagram de Fundación Nuestra Mendoza exponía a las comunas que no habían adherido a la normativa provincial, resaltando los tres años de demora. Una de ellas fue Las Heras, que rápidamente presentó los papeles y a pocos días ya estaba en regla. Desde Tunuyán refutaron el dato respondiendo al posteo: “Buenas tardes, la Municipalidad de Tunuyán comunica que la comuna está adherida desde hace más de 6 meses por ordenanza. Saludos”.
No obstante, cuando los emisores pidieron disculpas y pidieron el número de ordenanza para corroborar los datos, no hubo respuesta. “Tunuyán nos había dicho que sí habían adherido, nos pusimos en contacto y no ha sido así. Quizás puede haber habido alguna desinformación en quien maneja las redes”, precisó Heras.
Ante la consulta de Los Andes, no dieron precisiones desde el Poder Ejecutivo municipal. Sí lo hicieron desde el HCD. “Estamos dentro del programa de Gobierno Abierto, que es nacional, para el Concejo Deliberante. Se trabaja en transparencia, innovación, rendición de cuentas y estamos con el equipo de concejales y empleados, porque tenés cursos y vas sacando ordenanzas para incorporar lo que te piden”, comentó Emir Andraos, al frente del Concejo Deliberante de la comuna que lidera Martín Aveiro.
En La Paz, la adhesión está al caer
“La ordenanza está aprobada, pero para implementarla tiene que acomodar cuestiones digitales, capacitar gente. Propusimos que la Provincia ofreciera capacitaciones para los empleados del municipio, el plazo de implementación depende de las herramientas para aplicar la ley” indicó Romina Barrera, edil del Partido Justicialista a este medio.
Uno de los inconvenientes que plantea la también Vicepresidenta segunda del HCD paceño es el tema de fondos. “El departamento de La Paz no tiene los recursos ni la actualidad que tienen otros departamentos, incluso la Provincia. La Paz siempre ha sido un departamento relegado en el cual la coparticipación no nos alcanza, la mayoría del presupuesto se ocupa para pagar empleados municipales”, comentó.
La aprobación de la normativa local se produjo en agosto y actualmente está en la Oficina de Despachos, ya vencieron los plazos de vetos por lo tanto sólo debe oficializarse para notificar la adhesión. “Uno de los articulados pide una ayuda provincial para estipular las herramientas para poder implementar la ley que consideramos fundamental para una gestión clara y al servicio de la comunidad”, completó Barrera.
La información financiera, el talón de Aquiles
Hay informaciones complejas de encontrar en las páginas web y es la de información financiera, como puede ser la ejecución presupuestaria: en qué se gasta y cuánto. Además, no hay un criterio uniforme para presentar esa información. Cada comuna la publica a su manera.
Desde cualquier pestaña hoy puede accederse a la ley de Responsabilidad Fiscal, y se espera que con la Ley de Accceso a la Información Pública suceda lo mismo en cuanto a cantidad y calidad de contenido.
“Hay que trabajar porque no hay una reglamentación que obligue a publicar de una determinada manera, la ley dice simplemente la información que deben publicar. Hay falta de precisión y no es una cuestión de voluntad, sino de generar consensos para homogeneizar la forma de publicar”, expresó Facundo Heras, director de la fundación que elaboró el informe.
Uno de los aspectos que detalla es el de “cómo presentar la información financiera” y manifiesta que “no es claro cuál se debe publicar, cómo y la mayoría te manda a la Ley de Responsabilidad Fiscal que tiene un espíritu diferente. El común de la ciudadanía no lo interpreta”.
“Desde la Oficina de Ética Pública hay predisposición para trabajar y discutir la norma y la reglamentación. Lo próximo que vamos a hacer con ellos es trabajar con accesibilidad universal, que sea un formato y lenguaje para que todos entiendan”, resaltó.
Finalmente, también destacó un pedido que se le realizó al organismo que comanda Gabriel Balsells Miró: “que hagan más Auditorías de Oficio y que se pueda hacer un seguimiento más permanente para ver si cumplen o no y las sugerencias que se hacen en cada caso, que sean públicas también.
El informe es claro en ese aspecto: “La publicación de información sobre los procesos de compras y licitaciones, en especial en los gobiernos municipales, sigue siendo parcial e insuficiente, por lo que sería de gran utilidad incorporar sistemas que faciliten el acceso a los procesos completos de compras públicas. Aquí, el portal COMPR.AR que opera tanto el Gobierno Nacional y el Provincial sería una buena posible opción de implementación”.
