La seguridad va adquiriendo protagonismo en la campaña para las PASO. Aunque los candidatos que presumen que pasarán el filtro de las primarias guardan su “artillería” para la discusión previa a la elección general, en todas las agrupaciones asoman ideas y conceptos para dar pelea contra el delito.
Los más enfáticos son quienes pueden tener su única bala electoral ahora, ya que podrían quedar en el camino el 11 de junio si son superados por alguno de sus competidores para la gobernación. Uno de ellos, el peronista Omar Parisi, quien ha marcado la necesidad de duplicar la cantidad de policías que hay en la calle. “Con los actuales no alcanza para las funciones de patrullaje callejero, policía barrial y prevención del delito”, dice.
No es el único que va por ese lado. Uno de los rivales de Parisi en la primaria, Guillermo Carmona, cree que el problema en esta área es presupuestario y apunta a usar una mayor inversión en la tropa. “Hay que incrementar paulatinamente el número de efectivos policiales y penitenciarios”, sostiene.
Tampoco se puede guardar para más adelante su propuesta el radical Luis Petri, quien debe enfrentar al favorito de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo. Petri lleva el eje a otros temas y sostiene que ha habido falta de voluntad política para profundizar acciones represivas, como la instalación de inhibidores de señal en las cárceles para impedir que los presos organicen delitos desde los penales.
Otro puntal de su propuesta es aumentar la videovigilancia. Dice que buscará instalar 10.000 cámaras de control en la vía pública, porque es el número que requiere Mendoza debido a su extensión geográfica y su población. El Ministerio de Seguridad está lejos de ese objetivo: aunque se propuso instalar 3.000, hoy tiene 1.956.
Pero la necesidad de aumentar la tropa policial también aparece en el discurso de un precandidato que no tendría problemas de llegar a la elección general: Omar de Marchi.
El líder de La Unión Mendocina dice que “es necesaria la incorporación y reorganización de recurso humano. Actualmente la Policía tiene alrededor de 9.300 efectivos, igual que hace 8 años, por lo que al menos deben sumarse tres mil más”.
“La incorporación de tecnología es el paso decidido que hay que dar, en materia de cámaras y monitoreo inteligente”, agrega, en consonancia con Petri.
Reacción oficial
La arremetida opositora ha producido una primera reacción en el Ministerio de Seguridad. “Eso es lo mismo que prometía Anabel (Fernández Sagasti) en la anterior elección”, descalifican los voceros radicales, sobre el pedido de duplicar la presencia policial en las calles.
Seguridad precisa que Mendoza tiene hoy 9.765 efectivos. Esa cifra permite sacar a la vía pública a unos 3.000, por el esquema de rotaciones, que es de 12 horas de trabajo por 36 horas de descanso o de 24 por 48. O sea, solamente hay un tercio de la fuerza todo el tiempo en funciones.
Eso quiere decir que si se quisiera duplicar la policía de calle, se tendría que duplicar también el número total de efectivos: harían falta más de 19.000. “¿De dónde los van a sacar si cada 2.500 que se inscriben egresan 500?”, desafían en el Ministerio de Seguridad.
Pero además, cerca del ministro Raúl Levrino indican que es un “paradigma viejo” relacionar la mejora de la seguridad con el incremento de policías. Señalan que en cambio ellos se han ocupado de “profesionalizar” la fuerza y de equiparla, poniendo énfasis en la incorporación de tecnología.
De hecho, lejos de promover un aumento de la tropa, aplican un duro filtro de aspirantes y han endurecido los requisitos, para que la Policía no sea una “mera salida laboral”. Tal como contó Los Andes a comienzos del año pasado, el 80% no supera un test del Instituto Universitario de Seguridad Pública que indaga sobre la vocación de servicio y la disciplina del interesado en ingresar a la Policía.
Los policías, dice el Gobierno, no valen solamente por su número, sino por su capacitación y los elementos que portan. Son “unidades de gestión” y el objetivo es que estén provistos de móviles, chalecos, armas con balas y otros artefactos, como la tablets y el control biométrico.
La videovigilancia y los drones también han ganado terreno en la política de seguridad, que de hecho apunta a una policía menos numerosa, incluso en su estructura jerárquica: tiene 10 comisarios generales, en lugar de los 46 que había en la era justicialista.
A veces las respuestas también surgen desde la historia. En la gestión de Celso Jaque existía la meta de incorporar 1.000 policías por año. En aquel momento empezaba a crecer políticamente el entonces diputado Daniel Cassia, de la mano de la prédica de “mano dura” en seguridad; uno de sus cuestionamientos era sobre la calidad de los policías que se incorporaban, dado que se venía relajando demasiado la formación de los cadetes. “Prefiero unos 400 o 500 por año, con alto rendimiento”, decía por aquellos años.
El vaso medio lleno
Pero el propio Gobierno reconoce necesidades de mejora. Con el propósito de continuar la política de seguridad de la primera gestión de Alfredo Cornejo, insiste en que en las cifras de los delitos más graves (homicidios y robos agravados) siguieron bajando en los últimos años. No hay bandas narco, aunque sí narcomenudeo, sostienen.
Sin embargo, a la par, aceptan que se incrementaron los robos y hurtos sin armas. Hoy en el Gobierno reconocen además el auge del delito rural, las estafas virtuales y el robo de autopartes.
El propio candidato a gobernador Cornejo ha reconocido que “hay inseguridad en Mendoza” y ha sostenido: “queremos mano dura para eso, orden e inteligencia criminal”.
“Hay que seguir profundizando el plan”, traducen en el Ministerio de Seguridad. El desafío pasará por mejorar la “prevención situacional” y las áreas de inteligencia, sostienen. Pero hacen hincapié en el uso de la tecnología para eso.
Cornejo también se ha referido a la “eficiencia” de la Justicia. En el área gubernamental que lucha contra el delito señalan que está refiriéndose a las sanciones ante las estafas y demás delitos con origen virtual. Que se apliquen condenas rápidas en este sentido y que las sanciones más duras no tengan que ver exclusivamente con la “reiterancia” de los delitos.
El Gobierno provincial, de todos modos, sigue señalando que la inseguridad es producto de la crisis económica que se vive a nivel nacional y la sociedad “conflictiva” que esto genera. “Esto no se soluciona con tener más y más policías. Necesitamos que el país cambie porque han aumentado los delitos que tienen que ver con la situación económica, que es desesperante”, dramatizó este viernes el gobernador Rodolfo Suárez.
Presupuesto en baja
En el Ministerio de Seguridad indican que la inversión oficial para mejorar la seguridad ha rondado el 8% promedio del presupuesto provincial en los últimos cuatro años y que siempre se ha contemplado la adquisición de “bienes de capital” para la fuerza.
En este sentido, de acuerdo con los números oficiales, la porción de fondos para el área de seguridad bajó entre 2022 y 2023 en comparación con el presupuesto general. Representó el 9.18% en 2022 (39.000 millones de pesos) y se redujo al 6.72% este año (62.000 millones).
En 2022, un 5,7% del total fue a bienes de capital (1.700 millones). Este año, se destinarán 1.800 millones, que equivalen al 6%. Sin embargo, el resumen oficial suma para 2023 otros 1.200 millones de pesos de refuerzo que se usarán para equipar a la Policía Rural y a la Dirección de Informática.
La merma en la participación del área de seguridad respecto del presupuesto general se debió, según las autoridades a que las inversiones en capitalización más fuertes se hicieron en los primeros tres años, con la compra entre otras cosas de unos 13.000 chalecos para la Policía y los penitenciarios y el mejoramiento del sistema de comunicación Tetra. Para el último año quedaron como proyectos la modernización del sistema 911 y la Policía Rural.
Pero la disminución del presupuesto para la seguridad es uno de los déficits señalados por el justicialista Carmona. “Desde 2014 el presupuesto provincial destinado a seguridad disminuyó desde 9 a 6 puntos. Esto también se refleja en falta de insumos, movilidad y elementos básicos. Por esto planteamos la recomposición de la inversión en seguridad”, explica el precandidato.
Más allá de los números, el candidato De Marchi plantea también una alerta sobre las compras. “Se realizará una exhaustiva revisión de las licitaciones, ya que hay denuncias de miembros de la fuerza vinculadas a sobreprecios”, advierte.
Qué dicen los otros candidatos
Alfredo Guevara (PJ): crítico de la “mano dura” y bajo la consideración de que “la mayor desigualdad social se relaciona con el incremento de determinados índices de criminalidad”, el precandidato peronista tiene entre sus propuestas salientes “la aplicación efectiva de un protocolo que establezca tiempos máximos para el caso de emergencias (911), mediante un servicio eficiente que incorpore recursos humanos y materiales”. También promueve “la creación de una agencia de reinserción social” para “bajar los índices de reincidencia y reiterancia delictivas”.
Nicolás Guillén (PJ): desde el Frente Elegí, propone un “combate firme contra el narco, cerrando fronteras y destruyendo cocinas”, la “promoción y tecnificación de redes de vecinos organizados, con apoyo del Estado” y la “articulación vecinal” con los patrulleros, además de una “fuerte inversión en contención social para que la juventud se forme en la cultura del trabajo”.
Mario Vadillo (Partido Verde): Propone un plan de seguridad ciudadana al que denomina “Superpol”. El plan propone “mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los agentes de policía para atraer y retener a los mejores profesionales” y “poner en funcionamiento unidades especializadas en la prevención del narcomenudeo”. También propone “fortalecer la prevención del delito a través de programas educativos y de formación para los jóvenes en los sectores más vulnerables”.
Víctor Da Vila (Frente de Izquierda): el precandidato de izquierda proclama “basta de zonas liberadas” y “fuera los narcos de los barrios”. En consecuencia, propone “la disolución de los aparatos represivos” y su “remplazo por una fuerza de seguridad bajo el control de los vecinos y trabajadores”. Esta propuesta habla del “control popular de las comisarías” y la “elección directa de los jueces” “para terminar con la inseguridad y la impunidad”.
Lautaro Jiménez (Frente de Izquierda): en una línea parecida, pero menos radical, Lautaro Jiménez dice que “hay que terminar con la complicidad de las fuerzas de seguridad y el gran delito organizado del narcotráfico, las redes de trata y los desarmaderos de autos”. Sin una política que termine con esta complicidad lamentablemente llevará a seguir el camino de lo que sucede en Rosario”. Además conecta la inseguridad con la crisis económica y dice que “es necesario tener una política social que garantice vivienda, educación y trabajo a las y los jóvenes más vulnerables”.
