La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales (FATUN), junto a representantes de las distintas Federaciones Docentes, Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y estudiantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA), anunciaron un nuevo paro de 48 horas para los días 21 y 22 de octubre, en respuesta al veto de la ley de financiamiento universitario y la falta de negociaciones con el Gobierno. Esta medida se suma al paro convocado previamente para el jueves 17 de octubre, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y las universidades públicas.
Carlos De Feo, secretario general de CONADU, fue contundente en sus declaraciones, afirmando que “no existen negociaciones de ningún tipo con el gobierno”, lo que demostró un grave problema para el sistema universitario y el país en general. “Esa falta de diálogo implica un problema muy grave, porque tiene que ver con el quiebre de un pacto democrático en la Argentina”, expresó en un comunicado emitido por la federación gremial.
La CONADU también anunció una semana de alerta y movilización a partir del próximo lunes, en la que se espera que los gremios docentes universitarios intensifiquen las acciones de protesta. Estas reflejan el malestar del sector ante lo que consideran una creciente indiferencia por parte del Gobierno hacia las medidas de las universidades públicas.
La situación se ha agravado en los últimos días, luego de que el Gobierno ratificara su decisión de vetar la ley de financiamiento universitario, que buscaba garantizar mayores recursos para las instituciones de educación superior. Esta acción fue percibida por muchos como un ataque directo a la autonomía de las universidades, un principio que históricamente ha sido defendido por la comunidad académica.
Auditarán las universidades públicas
El clima de tensión se escaló aún más cuando el Ministerio de Capital Humano anunció que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) comenzará a auditar las universidades públicas. El Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó este martes un dictamen que habilita a la SIGEN a ejercer funciones de control en las casas de estudio, enmarcando esta medida en la Ley de Administración Financiera y el Sistema de Control del Sector Público Nacional. (Ley 24.156).
Barra justificó la decisión, argumentando que el sistema de control interno es aplicable a las Universidades Nacionales sin contradecir ni vulnerar su autonomía funcional y su autarquía administrativa-financiera, garantizadas por la Constitución Nacional y la Ley de Educación Superior. Sin embargo, este dictamen ha generado rechazo en el ámbito académico, que ve en las auditorías una posible intromisión en la independencia de las universidades.
