La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza decidió avanzar contra el concejal Gustavo Gutiérrez (Coalición Cívica y aliado de La Unión Mendocina) luego de reunir documentos que le permitan cuestionar formalmente su doble sueldo: dieta de concejal y jubilación.
El conflicto había arrancado con un formulario de Acceso a la Información Pública que presentó un particular pidiendo que la comuna despejaran las dudas sobre los dos ingresos. Se libraron oficios y el municipio que administra Ulpiano Suárez entiende que hay incompatibilidad. Por eso le mandó el emplazamiento a Gutiérrez para que suspenda el cobro jubilatorio y devuelva la dieta cobrada hasta el momento.
El edil, lejos de acatar, le bajó el precio a la medida. “Un mail al correo privado firmado por un funcionario de cuarta categoría administrativa del departamento Ejecutivo, no es notificación. No entro en estrategias de comunicación oficialista”, le dijo a Los Andes. Estudia una estrategia judicial.
Tomás Montenegro, un particular, fue quien envió el formulario a la comuna porque manifiesta haber tomado conocimiento de la “supuesta incompatibilidad” en la percepción de la dieta de concejal además de un haber jubilatorio. Pidió que se le informe si el ‘lilito’ indicó esta situación en la Declaración Jurada que presentó luego de asumir la banca en diciembre, integrando las listas de La Unión Mendocina.
Al recibir el formulario, la comuna que administra Ulpiano Suárez inició el procedimiento correspondiente y libró oficios tanto a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) Delegación Mendoza para que responda si Gutiérrez percibe haber jubilatorio o beneficio previsional alguno. Lo mismo le llegó a la Oficina de Ética Pública.
Los argumentos
La resolución 54/2024, con fecha del 12 de este mes, emitida por la Dirección de Recursos Humanos de la Ciudad, relata los hechos y la documentación obtenida. Hay dos oficios que le interesaban a la comuna que administra Ulpiano Suárez. Por un lado, que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmara que cobraba la jubilación.
Y por el otro, que la Oficina de Ética Pública informara que, efectivamente, las declaraciones juradas presentadas por el concejal, no indicaban percibir el beneficio jubilatorio. Las respuestas fueron afirmativas en ambos casos, por lo tanto, documentación mediante, se inició el procedimiento interno.
La Dirección de Recursos Humanos se para sobre el artículo 13 de la Constitución provincial, que dice que “nadie podrá acumular dos o más empleos o funciones públicas rentadas”. No faltará quien cuestione esto porque el beneficio jubilatorio no es un salario ni una renta.
Al margen de la referencia, un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza afirmó que “la dieta de los legisladores en general y de los concejales en particular es una retribución en contraprestación de un servicio dado al Estado y, como tal, tiene carácter remuneratorio”.
“En consecuencia, no puede percibirse en forma conjunta con un beneficio previsional, porque es inadmisible que una persona perciba al mismo tiempo dos retribuciones por parte del Estado, una en situación de actividad y otra en pasividad”, dijeron en el máximo tribunal.
En el municipio miran también los artículos 30 y 30 bis de la ley 6921 para marcar que hay incompatibilidad, además de indicar que Gutiérrez “mintió” en la Declaración Jurada porque aseguran que no declaró que recibía haber jubilatorio.
“Aquellas personas que a la fecha de sanción de la presente ley gozan de beneficios jubilatorios acordados y se encuentran prestando servicios en el ámbito de la Administración Pública Provincial centralizada, descentralizada, entes autárquicos y/o cualquier otra repartición perteneciente a la administración pública, cesarán en sus funciones. Asimismo, en adelante, ninguna persona que goza de beneficios jubilatorios podrá desempeñar actividades o cargos rentados en el ámbito descripto”, dice el artículo 30 de la normativa.
Para el caso de cargos electivos, “deberá percibir la remuneración correspondiente al cargo que desempeña, debiendo el titular suspender el beneficio previsional que goza, de acuerdo a los mecanismos previstos para tal trámite”, dicen los artículos. Hay una serie de excepciones entre las que están los concejales.
Mientras que el artículo 30 bis dice que si se detecta incumplimiento la administración pública “deberá emplazar al infractor a fin de que en el plazo de diez días hábiles de notificado, suspenda el beneficio previsional que posee, y proceda a la devolución de las sumas percibidas”.
Y eso fue lo que sucedió. El emplazamiento a Gutiérrez es para que en este plazo suspenda el beneficio previsional y proceda a la devolución .
El monto debe calcularse desde que asumió en el cargo de concejal, y hasta la fecha del pedido de suspensión del beneficio previsional, con más un interés equivalente al que se consigna en el Código Tributario Municipal por los conceptos de mora para con la Dirección de Rentas. Los cálculos que hacen en algunos despachos hablan de $2 millones por mes, lo que haría un total de aproximadamente $20 millones.
Qué hará el concejal
La comuna sostendrá que Gutiérrez tiene 15 días hábiles desde la notificación recibida para recurrir la decisión, sino arriesga una judicialización para abonar ese dinero. El concejal, al ningunear el acto por considerarlo incorrecto, avisa que irá a la justicia pero no adelanta argumentos. Es decir, no recurrirá la resolución de la Dirección de Recursos Humanos Municipal, sino que judicializaría con otra estrategia.
“Hay una clara estrategia comunicacional, otra jurídica, otra administrativa, otra constitucional y otra política”, dice el edil opositor que habla de un trasfondo político en esto. Asevera que luego de sus denuncias por varios temas, apareció esta solicitud.
Para Gutiérrez, lo recibido en su casilla de mail es “para disimular la persecución política que está realizando el régimen suarista en la Ciudad de Mendoza”.
El ‘lilito’ considera que la movida en su contra es “por ser el único concejal que está enfrentando, la expoliación del contribuyente, la adicción al juego on line, la declaración de Capital como zona liberada”, enumeró. También rescata que acompañó a la colectividad española “tan maltratada por la actual gestión”.
Por otra parte, Gutiérrez asegura que resaltó “el trabajo de la asociación Verdad y Justicia que nuclea a víctimas de falsas denuncias en materia de género y así muchos etcéteras”. Eso le permite concluir que los oficios y la intimación son “parte de un plan sistemático de modificación de las condiciones de vida de la ciudad con fines oscuros”.
