Los diputados socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein propusieron reformar la ley de Ética para transparentar la contratación de los asesores presidenciales.
Los legisladores quieren evitar que dichos asesores puedan ser contratados como monotributistas, en alusión a la situación de Santiago Caputo.
Los legisladores opositores dicen se debe regular “el accionar de los consejeros presidenciales ya que son quienes públicamente negocian y toman decisiones con atribuciones propias del presidente y bajo la figura de contratos monotributistas”.
De acuerdo con el proyecto de ley para reformar la ley de Ética Pública se considera como “Alta Dirección Pública a las funciones expresamente establecidas en la Constitución Nacional en el artículo 99 y que delegue el presidente, secretarios presidenciales, Jefe de Gabinete y Ministros del Poder Ejecutivo Nacional en otros funcionarios de menor rango, asesores o consultores contratados”.
Agrega que “cuando la asesoría se realice sobre facultades que la Constitución Nacional confiere expresamente al presidente de la Nación, el/los asesores/es deberán cumplimentar con todas las obligaciones que posee el presidente en cuanto a la gestión de intereses, información pública, publicidad de los actos de gobierno y controles por parte del Congreso de la Nación de los actos presidenciales delegados”.
Paulón expresó que “el caso de Santiago Caputo es el más llamativo. La semana pasada veíamos como Macri en declaraciones televisivas hablaba del control del poder y del gobierno que tiene Caputo quien, en los registros, aparece como un simple monotributista contratado”.
Destacó que “con este proyecto queremos impedir que quienes manejan áreas clave del gobierno puedan actuar sin transparencia ni controles”, informó la Agencia Noticias Argentinas.
Por su parte, Fein explicó que la propuesta busca regular y transparentar el accionar de la Alta Dirección Pública (ADP) porque “la Oficina Anticorrupción continúa sin modificar la interpretación legal y es fundamental que estos asesores presenten una declaración jurada obligatoria, independientemente de si su cargo es remunerado o no”.
Subrayó además que no se puede “aceptar que personas con semejante responsabilidad no rindan cuentas sobre su patrimonio antes, durante y después de su función pública”.
