La norma llegó a la Legislatura a través del Fiscal de Delitos Informáticos Santiago Garay hace más de un año, quien la presentó como ciudadano, con la intención de crear herramientas procesales para la lucha contra la criminalidad virtual.
Tras el debate en el Senado propiciado por el oficialismo, se votó el 2 de agosto con apoyo de gran parte de la oposición y desde allí que se estudia en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la Cámara de Diputados. Los proyectos de reforma de la Suprema Corte de Justicia y el Presupuesto 2023 patean el tratamiento para más adelante. Es muy probable que se introduzcan cambios.
En julio se anunció el aval de Cambia Mendoza a una iniciativa que llegó de la mano del fiscal Santiago Garay a la Legislatura varios meses antes. El Poder Ejecutivo encontró en esta propuesta herramientas importantes para las investigaciones de delitos virtuales, la especialidad de Garay.
El proyecto crea una figura que, si bien es antigua para otros delitos como el narcotráfico, es novedosa para la criminalidad informática. “El Agente Encubierto Informático” consiste en que agentes especiales en informática, camuflados con identidad falsa y con la debida autorización del Juez de Garantías, podrán infiltrarse en organizaciones criminales con el objeto de individualizar a sus autores y de recolectar la prueba que los incrimine para ponerlos en manos del Fiscal. Garay destacó que para los casos de grooming, sería muy importante.
Al proyecto original de Garay se le realizaron cambios, pero con el apoyo oficialista y opositor obtuvo la media sanción. El 10 de agosto obtuvo estado parlamentario (ingreso formal) a la Cámara de Diputados y el expediente fue girado a la comisión de LAC en donde está hace dos meses, casi sin avance.
Fuentes consultadas por Los Andes indicaron que el funcionario judicial autor del proyecto expuso ante los integrantes de la comisión y que asociaciones defensoras de Derechos Humanos han pedido participar del debate.
Cuando esto estaba siendo estudiado ingresó el proyecto para reformar el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia y la política se abocó a resolver este asunto. Luego, le llegó al turno al Presupuesto 2023 que sin lugar a dudas tiene prioridad en la agenda legislativa.
“Estamos estudiando cambios”, dijo un diputado oficialista. Otros coinciden en que así como está redactado “permite muchos pedidos de nulidades y de inconstitucionalidad”. Los cambios están en proceso de redacción pero sin la presión de un rápido tratamiento. Todo indica que podría tener avances después de aprobar la pauta de gastos para el año próximo, y los pedidos de endeudamiento.
Varios referentes legislativos consideraron indispensable trabajar en el proyecto, allá por agosto, para que la Justicia tenga herramientas dado que los delitos cibernéticos crecen todos los días. Dadas las prioridades, tendrá que esperar varias semanas más.
