En medio de la fuerte discusión económica que atraviesa el Frente de Todos, diputados del bloque oficialista metieron una cuña con un proyecto de ley para crear un Salario Básico Universal (SBU), que apunta a garantizar un piso de ingresos para unos nueve millones de desocupados y trabajadores precarios.
La iniciativa es impulsada por un grupo de legisladores de extracción sindical y de movimientos sociales, y contó con el apoyo del dirigente Juan Grabois, quien sostuvo que “la plata está” y llamó a consensuar con la oposición. Además, reveló que el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, “está de acuerdo” con la propuesta.
“Dentro del Frente de Todos, ¿quiénes se oponen? Quiero que nos lo expliquen”, exigió Grabois al participar de la presentación, en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja. Y agregó: “Necesitamos que nuestros diputados vayan a hablar con la oposición. Para sacar leyes que benefician a gente con mucha plata, hablan”.
El proyecto de Salario Básico Universal se suma a la presión del kirchnerismo en Diputados para adelantar el aumento del 45% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, y a la moratoria previsional que propuso el bloque Unidad Ciudadana en el Senado por orden de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
“El Salario Básico Universal es una respuesta concreta que nos permite ser audaces para pensar el futuro. Es el mejor esquema para garantizar un piso de ingresos para todos los argentinos”, afirmó el diputado y economista Itai Hagman, autor del proyecto junto a sus pares Federico Fagioli y Nataliza Zaracho, del Frente para Grande referenciado en Grabois.
El SBU está pensado como una prestación mensual no contributiva y de alcance nacional, destinada a desocupados, trabajadores informales e independientes, personal de casas particulares y monotributistas de la categoría A. Este sector cobraría el 100% del beneficio, que sería equivalente al valor de la Canasta Básica Alimentaria.
La asignación también sería otorgada a trabajadores registrados con un ingreso bruto anual igual o inferior al monotributista categoría A, aunque en este caso cobrarían la mitad del monto. En total, el costo fiscal neto a financiar sería del 0,9% del PBI, “un poco más de 400 mil millones de dólares a valores del año pasado”.
“Es un monto significativo, pero no es inviable. Se puede discutir cómo financiarlo, y se puede ir de menos a más en función de las restricciones fiscales. Tenemos que discutir formas más progresivas de recaudación o cómo se redireccionan gastos del Estado, como los subsidios a las tarifas”, propuso Hagman.
Grabois, en cambio, se mostró más audaz. “La plata está. Es mentira que la plata no está”, enfatizó, y advirtió que “no puede ser que cuando aprieta la conflictividad social haya un bono, que celebramos, pero es una medida espasmódica que no tiene continuidad en el tiempo”.
El dirigente consideró que “las ideas de pasar de los planes al trabajo son un slogan; lo que hay que hacer es pasar del trabajo sin derechos al trabajo con derechos”. Además, indicó que con este proyecto “sacamos a todos los trabajadores informales de la indigencia y reducimos la pobreza”.
De la presentación también participó el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, quien celebró el debate pero evitó referirse al contenido del proyecto. “Las propuestas siempre enriquecen el debate. Es importante trabajar estos temas para generar la mayor masa crítica posible y generar los consensos necesarios”, se limitó a decir.
Quien sí se pronunció enfáticamente a favor fue Daniel Arroyo, antecesor de Zabaleta en Desarrollo Social. “Queremos generar un piso de ingresos y lograr que los 45 millones de argentinos estén adentro. El crecimiento económico por sí solo no va a acomodar a los que están afuera. Se requieren políticas públicas”, subrayó.
El proyecto establece que jubilados, pensionados, beneficiarios de la prestación por desempleo, del programa Potenciar Trabajo y de la Tarjeta Alimentar podrán optar por reemplazar esas asignaciones por el SBU. En cualquier caso, la ANSES deberá evaluar la situación socioeconómica y patrimonial de los solicitantes antes de otorgar el beneficio.
De la presentación de la iniciativa también participó, en primera fila, la jefa del bloque de senadores de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, quien más temprano se metió en la interna oficialista y salió en defensa de Cristina.
“Cuando escucho que algunos dicen que Cristina es una de las más importantes líderes mundiales y una dirigenta con una gran inteligencia y experiencia, me pregunto: ¿por qué no le dan pelota?”, cuestionó la legisladora en declaraciones a AM 750.
Por parte del bloque de diputados, estuvieron en el Salón Delia Parodi Leonardo Grosso, del Movimiento Evita; Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC); y Natalia Souto, de Barrios de Pie. También asistieron el director del Banco Nación Claudio Lozano; y el sindicalista Esteban “Gringo” Castro (UTEP), entre otros.
