El radicalismo rápidamente se movió para rechazar la polémica cesión de tierras a comunidades mapuches en San Rafael y Malargüe. Luego de que el gobernador Rodolfo Suárez instruyera a Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado a que avancen en el pedido de inconstitucionalidad ante los organismos competentes, legisladores nacionales elevaron un pedido de informes en el Congreso de la Nación.
Lo hicieron los diputados Pamela Verasay, Jimena Latorre, Lisandro Nieri y Julio Cobos. El mismo solicita al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en el marco del “Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas” brinde detalles sobre el tema y fundamentación de la medida.
“En Argentina, la Constitución Nacional y las leyes reconocen a los pueblos originarios. Pero de ahí a manipular la ley para fines populistas como lo está haciendo el presidente Alberto Fernández, hay un gran diferencia, por eso hoy estoy presentando este pedido de informe en el Congreso solicitando explicaciones”, aseveró Verasay.
“Aquí hay dos cuestiones centrales, por un lado queremos saber por qué el gobierno reconoce de manera express que esos territorios son de los pueblos originarios, siendo que aún no se ha determinado si son comunidades, ni siquiera tienen personería jurídica. Y por otra parte, por qué se resolvió que los territorios son ancestrales, ignorando lo que dice la justicia mendocina”, resaltó.
Entre las consultas que la diputada enumera, se destaca la inscripción de la comunidad “Lof El Sosneado” y comunidad “Lof Suyai Levfv” en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.). Aquí solicitan conocer el estado actual del expediente, detalles y motivos por los cuales aún no se habría procedido a la registración.
Los legisladores consideran que han transcurrido más de 9 años de iniciado el proceso de registración en el Re.Na.C.I. de la “Comunidad Lof El Sosneado” y el INAI aún no logró reunir los elementos de juicio suficientes que le permitan concluir con su inscripción. Por tal razón requieren que se especifique los elementos concretos de probanza tenidos en cuenta y que permitieron acreditar la ocupación del territorio en forma tradicional, actual y pública por la comunidad. También piden los elementos probatorios considerados concretamente para localizar geográficamente en los polígonos territoriales reconocidos en propiedad comunitaria mediante Resolución INAI 36/2023.
Asimismo, buscan que se fundamenten cuáles son las causas por las que el INAI emitió la Resolución 36/2023 a pesar de no contar aún con los correspondientes informes catastrales.
Por su parte, la legisladora radical Jimena Latorre señaló que “las Resoluciones del INAI son una muestra cabal de los negociados del kirchnerismo y su desprecio por el orden legal y en particular por los intereses de los mendocinos. Procedimientos irregulares, que ellos mismos años atrás paralizaron; estudios e informes sin rigor científico sino meramente ideologizados, y una vez más vemos el avasallamiento a las autoridades locales”.
“El gobierno que se escandaliza pidiendo independencia de poderes mientras pretende un juicio a la Corte Suprema de Justicia Nacional, cuando se trata de Mendoza cuestiona y desconoce, desde una oficina del Poder Ejecutivo, los fallos de la justicia mendocina. Estas resoluciones viciadas, resultado de un procedimiento amañado no pueden tener ningún efecto; más el político que busca el kirchnerismo, desestabilizar y deslegitimar la ley y las instituciones”, acotó Verasay.
Y agregó: “Expresamos gran preocupación por la falta de personería jurídica y la ausencia de intervención a la Provincia de Mendoza. Hay una decisión de un organismo del Poder Ejecutivo Nacional que va en contra del Poder Ejecutivo Provincial”.
“Queremos dejar en claro que no estamos en contra de la restitución dominial de las tierras de los Pueblos Originarios. Nuestra provincia no está en contra del reconocimiento de derechos, por lo contrario, somos pioneros en legislación en esta materia”, finalizó Verasay.
