En la Cámara de Diputados, los bloques opositores se unieron en un esfuerzo por imponer límites al presidente Javier Milei en el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). La discusión, que comenzó en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, estuvo centrada en la propuesta de incorporar un plazo de caducidad a la vigencia de los DNU, que podría variar entre los 90 y 120 días. Si el Congreso no se expidiera en ese plazo, los decretos perderían su efecto automáticamente.
“Es inadmisible que tenga más valor un decreto, que adquiere vigencia con la sola firma del Poder Ejecutivo, que una ley, que requiere el voto de dos cámaras. Eso es tremendamente dañino para la democracia”, expresó Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, dejando en claro que la reforma no busca entorpecer al gobierno, sino fortalecer el sistema republicano.
Actualmente, la ley 26.122 permite que un DNU siga vigente con el silencio del Congreso o con el aval de solo una cámara, algo que la oposición considera problemático. Desde que asumió, Milei ha emitido 43 decretos, destacándose el controvertido megadecreto 70/23, de más de 360 artículos. Esto ha generado preocupación entre los opositores, quienes ven en el uso reiterado de los DNU una forma de gobernar sin la intervención legislativa.
El kirchnerismo, a pesar de haber impulsado la ley que regula los DNU en 2006, se sumó a la ofensiva opositora. “Sabíamos que ustedes iban a ir por los decretos de necesidad de urgencia. Ahora buscan modificar una ley que le sirvió a expresidentes como Cristina Kirchner y Alberto Fernández. ¿Por qué no quieren que la utilice Javier Milei?”, cuestionó Lisandro Almirón, el único diputado libertario en alzar la voz en defensa del oficialismo.
En medio de estas posturas, también surgieron diferencias entre los opositores. Mientras algunos, como Fernando Carbajal, del radicalismo, y Agost Carreño, sostienen que el rechazo de una sola cámara debería ser suficiente para derogar un DNU, otros, como Carla Carrizo, insisten en que se mantenga la necesidad de que ambas cámaras lo rechacen explícitamente.
Carrizo también propuso la prohibición de megadecretos, limitando su contenido a un solo tema. “Tiempo acotado, dos cámaras para derogar y límites en los temas”, sintetizó.
La legisladora de Pro, Silvana Giudici, rechazó la propuesta opositora, argumentando que “no se puede tomar a la ligera el instituto de los DNU, que garantizan gobernabilidad”. Además, advirtió sobre un posible “retorno de la tiranía de las mayorías”.
La oposición espera llegar a un consenso antes de fin de mes para emitir dictamen, con el objetivo de que el Senado trate la reforma antes de fin de año. Mientras tanto, el oficialismo confía en que, de ser aprobada, el presidente Milei utilizará el veto para impedir la nueva normativa.
