El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará avanzar este miércoles con un dictamen del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incorpora algunas restricciones de la Ley de Tierras Rurales.
El oficialismo mantendría el tope del 15% de tierras extranjerizadas a nivel nacional, provincial y departamental, pero eliminaría el límite de 1.000 hectáreas en las zonas núcleo.
El Gobierno prepara una versión “light” de la Ley de Tierras para avanzar con Propiedad Privada.
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El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará avanzar este miércoles con un dictamen del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incorpora algunas restricciones de la Ley de Tierras Rurales.
La propuesta de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados mantendría el límite del 15% a la extranjerización de tierras en los niveles nacional, provincial y departamental, pero eliminaría el tope de 1.000 hectáreas en las zonas núcleo del país.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA), la estrategia apunta a recuperar una versión más acotada de la Ley de Tierras para reducir los incentivos de la oposición a rechazar el DNU 70/23 durante la sesión del jueves. Al mismo tiempo, el Gobierno busca flexibilizar las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros mientras la Justicia define los planteos sobre la derogación de la ley 26.737, sancionada en 2011.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General fue convocado para este miércoles a las 16. El proyecto había obtenido media sanción en el Senado hace más de dos meses.
En aquel momento, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, retiró los capítulos que buscaban eliminar la Ley de Tierras, la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Integración Sociourbana de barrios populares, ante la falta de votos suficientes.
La iniciativa fue incluida en el temario de la sesión prevista para el 21 de octubre, junto con propuestas sobre discapacidad y sobreendeudamiento familiar. Aunque el Gobierno sostiene una postura contraria a las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros, optó por una estrategia más pragmática ante las dificultades políticas para derogar la normativa.
En ese escenario, la Corte Suprema también aceptó tratar un pedido de medida cautelar de la ONG Árbol de Pie para restablecer la vigencia de la Ley de Tierras.
El proyecto de Propiedad Privada establece modificaciones en los procedimientos de expropiación y desalojo. En materia de expropiaciones, dispone que la declaración de utilidad pública debe aplicarse de manera restrictiva y que el Estado tiene que fundamentar claramente los motivos de la decisión.
El texto establece: "Pueden ser objeto de expropiación los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la 'utilidad pública', cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no".
En cuanto a las indemnizaciones, el monto deberá calcularse según el valor objetivo del bien, sin contemplar su valor afectivo ni ganancias hipotéticas. Además, el dictamen fija un límite del 30% para la compensación por lucro cesante, siempre que esté debidamente acreditado. El proyecto original no establecía un porcentaje máximo para ese concepto.
La tasa de interés aplicable será la correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, sumada a la tasa a 30 días del Banco Nación.
La iniciativa contempla procedimientos para que los titulares de derechos legítimos puedan recuperar inmuebles ocupados por locatarios, sublocatarios, tenedores precarios o intrusos. En determinadas circunstancias, el juez podrá ordenar la entrega inmediata de un inmueble ocupado, si considera verosímil el derecho invocado y se presenta una caución juratoria.
A pedido del propietario, el magistrado también podrá intimar la devolución del inmueble dentro de las 72 horas, siempre que el reclamante presente documentación que acredite su titularidad.
Para los desalojos por falta de pago, el proyecto establece que, después de recibir la intimación, los inquilinos tendrán un plazo mínimo de 10 días para regularizar la deuda antes de que el locador pueda iniciar la acción judicial. La notificación podrá dirigirse al domicilio físico o electrónico declarado en el contrato y se considerará válida incluso si el destinatario se niega a recibirla o impide que se concrete por causas atribuibles a él.
Si persiste el incumplimiento, el propietario podrá iniciar el proceso judicial por el procedimiento más breve previsto en la legislación. La resolución podrá habilitar el uso de la fuerza pública, el allanamiento del domicilio y la apertura de cerraduras cuando sea necesario.
El proyecto también incorpora un protocolo de vulnerabilidad para las ocupaciones en las que haya menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores desamparados. En esos casos, prevé un plazo máximo de 10 días para garantizar una alternativa habitacional transitoria, con intervención del Ministerio Público Tutelar.
Además, habilita por única vez una ocupación temporánea anormal durante un máximo de 90 días, prorrogable, ante situaciones graves y verificables de necesidad pública, como emergencias sanitarias, conflictos armados o desastres naturales.
Por último, la iniciativa modifica la ley Pierri, vinculada con la regularización dominial, para permitir que familias que acrediten diez años de posesión pacífica, ostensible y continua puedan acceder a la escritura de su vivienda única y permanente, siempre que la ocupación tenga una causa lícita.
