Janina Ortiz, diputada suspendida e imputada en dos causas judiciales, arremetió contra adversarios en la Cámara de Diputados. Inició una querella contra legisladores oficialistas como Enrique Thomas y Guillermo Mosso (Pro Libertad dentro de Cambia Mendoza) y el opositor Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) . Los acusa de haber utilizado la inmunidad legislativa para sembrar dudas sobre los motivos por los que se casó con Daniel Orozco, ex intendente de Las Heras.
El frente judicial que abrió la ex Secretaria de Gobierno de Las Heras busca una reparación por considerar que fue agraviada tanto ella como su hija menor de edad (fruto de su relación con Orozco) debido a una serie de declaraciones que hicieron los diputados en virtud de la inmunidad con la que cuentan por ser legisladores. Los tres fueron fuertes opositores a su asunción como diputada y votaron a favor de su desafuero y suspensión.
En un extenso escrito, Janina Ortiz expone situaciones que ocurrieron desde el momento en que resultó electa como diputada el 24 de setiembre y lo sucedido previo a su asunción, con recordadas declaraciones públicas por parte de los tres mencionados. La ex funcionaria municipal está imputada por coacciones y peculado en la causa de las cooperativas truchas en la comuna y por la que se habrían desviado $35 millones.
“Los diputados provinciales que aquí querello, haciendo abuso de la inmunidad de opinión que tienen como privilegio parlamentario y con la intención de desplazarme de mi carrera política han incurrido en conductas que pueden ser calificadas como antinormativas”, expresa Ortiz.
Para la ex funcionaria, “hicieron manifestaciones públicas en la que vulneran derechos de mi hija menor de edad. En otros términos, los diputados Mosso, Thomas y Fugazzotto en su intento de impedir mi presencia en la Cámara de Diputados han afectado los derechos de una niña al exponer cuestiones que hacen a mi vida privada que nada tienen que ver con los asuntos e intereses públicos de los que funcionalmente deberían ocuparse y para los que la ley les otorga la inmunidad de opinión”.
El enojo de la diputada suspendida radica en que los tres diputados “en su afán de conseguir su objetivo, no consideraron que también afecten los de mi hija menor, siendo allí en donde radica su conducta apartada de la legalidad”. Y se refiere a las declaraciones en las que siembran dudas sobre su matrimonio con Daniel Orozco, quien era intendente de Las Heras al momento de la unión civil.
“...Han sido evidentes las maniobras realizadas por Janina Ortiz para no ser alcanzada por la justicia. Desde su casamiento con Daniel Orozco en plena campaña electoral – para algunos con el propósito de evitar declarar contra su cónyuge-, a los recursos dilatorios durante todo el proceso para sustraerse a notificación de la imputación. Un comportamiento que configura una obstrucción a la justicia, un impedimento a que se investiguen los hechos y a ponerse a disposición para que la fiscalía actúe…”, cita Ortiz sobre un comunicado del Pro, firmado por Thomas y Mosso.
También menciona a Fugazzotto y unas declaraciones publicadas en Mendoza Post. “Con este matrimonio, Daniel Orozco y Janina Ortiz no están obligados a declarar en su contra entre ellos”, aseguró el diputado. ”¿Se casaron para evadir la justicia?. Al parecer no todo es amor en Las Heras”, planteó el diputado del Partido Verde sobre el casamiento del intendente.
“Que por todo lo expuesto, y con el fin de evitar la eventual deducción de una excepción legal por falta de esta acción, justiprecio el daño moral sufrido, en la suma de Pesos CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) o lo que el Sr. Juez/a disponga de acuerdo con su saber y entender”, pide al final de la demanda.
La audiencia que no fue
En el proceso judicial interviene María Belén Salido, jueza del Tribunal Penal Colegiado N°1 y quien citó a las partes involucradas para el miércoles 4 de setiembre a las 10. Ese día y a esa hora, estaba prevista la sesión de la Cámara de Diputados. Si bien es sabido que los debates no arrancan a esa hora, está establecido que en el Período Ordinario se sesione los miércoles a partir de las 10, con media hora de tolerancia.
Por ese motivo, ninguno de los tres diputados asistió y en su lugar lo hizo la abogada Victoria Fontemachi. La letrada se hizo presente “munida de un escrito con tres firmas, cuya autoría no puede constatarse, y que ha expresado que la ausencia se debe a que sus representados son legisladores y que los tres se encuentran sesionando en el recinto de la Legislatura, agregando que ella no tiene conocimiento de los motivos de la querella y que los mencionados le manifestaron que no se les ha notificado el hecho que originó los presentes autos”, dice el acta. Tras oír a las partes dio por finalizada la audiencia informal que tuvo carácter de informal.
Los Andes consultó a los tres diputados sobre la querella. Enrique Thomas y Emanuel Fugazzotto, varios minutos después del contacto de este medio, contestaron al mismo tiempo que recibieron una citación pero que no tenían conocimiento de los motivos. Mosso respondió de la misma manera.
La estrategia de los tres es que los represente José Luis Asali quien ya tomó el cargo y pidió una copia de la querella para estar formalmente al tanto del caso y “posibilitar el efectivo derecho a defensa” de sus representados. Aun no ha ocurrido según confirmó el abogado a este medio.
Por otra parte, la defensa de Ortiz ha solicitado una nueva fecha de audiencia la cual aun no se ha confirmado. De acuerdo al artículo 429 del Código Procesal Penal, una vez presentada la querella “se convocará a las partes a una audiencia de conciliación, remitiendo al querellado una copia de aquélla. A la audiencia podrán asistir los defensores. Cuando no concurra el querellado, el juicio seguirá su curso”.
También podría suceder lo que contempla el artículo 428 de la misma normativa, que “el tribunal podrá disponer el archivo de las actuaciones cuando el hecho imputado no constituyera delito. Contra tales resoluciones que desestimen la querella, será procedente el recurso de casación”.
