El proyecto de ley que crea una nueva Justicia Federal penal en Comodoro Py y en las provincias obtuvo la media sanción por 40 votos afirmativos a 26 negativos en el Senado, donde el Frente de Todos (FDT) tiene una mayoría invencible.
Pero en Diputados no solamente no la tiene sino que la oposición ya avisó que no la apoyará, por considerarla inconveniente e inoportuna. Sin embargo, la discusión del Presupuesto 2021 podría aflojar algunas voluntades.
En el Senado el oficialismo fortificó la aprobación del proyecto gubernamental introduciéndole una serie de modificaciones al texto original, fundamentalmente abriendo juzgados y cámaras en el interior.
Los gobernadores, contentos. Pero más contentos aún estarán si las negociaciones por el Presupuesto llegan a buen puerto.
Es lo que sospechan diputados de la oposición que no responden a gobernadores. Es que no se trata de estar en contra y, de pronto, votar a favor de la ley que inaugura la reforma judicial de Alberto Fernández sino que basta con ausentarse o abstenerse para facilitarle el número al oficialismo. Y contribuir al cuórum, por supuesto, porque para poder votar la ley antes hay que poder iniciar la sesión.
La media sanción del Senado ingresaría en las próximas horas a la Cámara Baja, donde anoche todavía era una incógnita saber a qué comisiones las giraría el presidente del cuerpo, Sergio Massa.
Diputados del oficialismo dijeron a este medio que, con seguridad, serán las mismas que en el Senado; es decir, Asuntos Constitucionales y Justicia, pero no descartaban que pudieran sumarse otras, como Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda.
Las cuatro comisiones mencionadas están presididas por diputados del FDT: Asuntos, por el santacruceño Pablo González (exvicegobernador de Alicia Kirchner); Justicia, por el bonaerense Rodolfo Tailhade; Legislación Penal, por la entrerriana Carolina Gaillard, y Presupuesto, por el porteño Carlos Heller.
Massa, en carácter de presidente de la Cámara, tiene la potestad exclusiva de definir los giros, pero en su entorno aún no podían anticiparlos debido a que, entre otras cuestiones, aún no se había producido formalmente el ingreso de la media sanción.
Callejón sin salida
Juntos por el Cambio (JPC), que en Diputados tiene el 45% de las bancas, ya le pidió por carta al presidente Fernández que retire el proyecto; y en el Senado firmó un dictamen de rechazo. Lo rechazan y lo rechazarán de cuajo, porque no tiene alternativa, salvo posibles fisuras (la semana pasada el gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés, se despegó de la postura institucional de la coalición e instó a debatir la reforma judicial; y esta semana el propio presidente Fernández se reunió con el senador Martín Lousteau, del radicalismo porteño cuyo referente es el histórico dirigente y operador Enrique “Coti” Nosiglia).
Massa anticipó que quiere cambios: dijo que tiene “mucha confianza en el diálogo razonable” entre el oficialismo y sostuvo que al proyecto hay que “meterle mano para darle una respuesta a la sociedad”.
El tigrense ya viene trabajando para instalar en la opinión pública la necesidad de que la reforma judicial se vincule con “los problemas de la gente”. Y mostró una muy abierta predisposición a que la media sanción sea modificada en su cámara.
Pero ni a JPC ni a otros espacios opositores -el lavagnismo, el schiarettismo o el socialismo, que a veces ayudan al oficialismo a sacar leyes- les convienen las eventuales modificaciones, por una sencilla lógica parlamentaria.
Es que si Diputados aprueba un texto con cambios, se lo devuelve al Senado que, por la misma mayoría en que fue revisado, puede aceptar o insistir en la media sanción original.
Y como en la Cámara Alta el FDT tiene 41 de los 72, la oposición no tendría entonces ninguna garantía de que los senadores vayan a tener en cuenta los cambios que eventualmente se puedan negociar en Diputados.
Es el mismo callejón sin salida al que se enfrentaron los senadores celestes en 2018: algunos plantearon inicialmente la posibilidad de que en la Cámara Alta se cediera en su posición dura en contra de la legalización del aborto y se apostara por una postura intermedia, la despenalización.
Pero en aquella ocasión, si el texto volvía modificado a Diputados, en esa cámara podían, con la misma mayoría, insistir con la legalización y así sacar la ley.
Por eso, los celestes trabajaron directamente por el rechazo y ganaron: la legalización del aborto quedó en la nada.
Pero este proyecto para Comodoro Py, anhelado por el presidente Fernández, tal como lo aprobó la Cámara Alta, podría igualmente tener un final feliz para la Casa Rosada y ser convertido en ley si el Presupuesto 2021, que el ministro de Economía, Martín Guzmán, debe enviar al Congreso hasta el 15 de septiembre -y por la Cámara Baja, justamente- satisface a los gobernadores, algunos de los cuales tienen incidencia directa sobre diputados.
A vista gorda, una vez conseguido el cuórum, el oficialismo debería asegurarse un puñado de ausencias y/o abstenciones. A lo mejor sobren los dedos de una mano.
