La Cámara de Diputados tratará este martes en sesión especial un proyecto contra el crimen organizado en el que se incorporan reformas al Código Penal para sancionar a todos los miembros de una banda delictiva.
El plenario legislativo debatirá este proyecto, que figura dentro del paquete de iniciativas impulsado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, luego del tratamiento de la Boleta Única Papel (BUP), que será el principal tema de la sesión, según informó la agencia Noticias Argentinas.
La sesión especial fue solicitada para hoy al mediodía por el presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, y los jefes de las bancadas de la UCR, Rodrigo de Loredo; de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, y de la Coalición Cívica, Juan Manuel López.
Las reformas del Código Penal propuestas en el proyecto sobre crimen organizado se aplicarán en delitos que involucren el narcotráfico, lavado de dinero, de personas, tráfico de órganos, tenencia ilegal de armas y explosivos.
Una de las modificaciones es que se contempla una pena de 8 a 20 años de prisión o reclusión, por la mera pertenencia a la asociación ilícita que cometa ese delito.
En ese sentido, se establece que la pena por el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella.
Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.
También crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación. .
En ese contexto, cuando se declara la necesidad de una investigación especial, las fuerzas policiales y de seguridad federales, provinciales y de la ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán detener a una persona por 48 horas para averiguación por la comisión de determinados delitos.
En caso de una investigación por una cantidad de delitos por tratarse de delincuencia transnacional, la detención podrá tener hasta 15 días, con la posibilidad de que sea prorrogada con la autorización judicial correspondiente.
Además, se podrá incautar mercadería presuntamente vinculada con la comisión de ilícitos, así como hacer requisas en las cárceles nacionales o provinciales.
A lo largo del dictamen de mayoría se determina que podrá inmovilizar activos de personas humanas o jurídicas, previa orden judicial, cuando existieren sospechas de un vínculo con una organización criminal.
También los investigadores con previa orden judicial podrán realizar allanamientos sobre los domicilios de un área determinada.
Ante la urgencia, los allanamientos podrán ser autorizados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) por cualquier medio, dando inmediata noticia a la autoridad judicial competente que emitió la orden original.
Otra potestad que tendrán será interceptar llamados telefónicos, mensajería de redes sociales, plataformas virtuales y otras formas de comunicación, con orden de la autoridad judicial competente y mediante los sistemas que prevé la ley.
En la sesión de este martes también se debatirá el proyecto de regularización de tenencias de armas, donde se otorgará un año para hacer el trámite para renovar los permisos que se hubieran vencidos y, en ese caso, no tendrá ninguna sanción penal.
El proyecto fija las personas que tuvieren armas de fuego de “uso civil” o sus repuestos principales, que “carezcan de registración anterior o que teniéndola hubiere devenido en irregular, deberán presentarse dentro de los 360 días de la entrada en vigencia de la presente ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC)”.
Y dispone que, luego de cumplir con las verificaciones técnicas y registrales correspondientes, se inscribirán los datos del material denunciado y de su poseedor en el Banco Nacional Informatizado de Datos de dicho organismo.
