La Cámara de Diputados aprobó hoy con media sanción el proyecto de reforma interna de la Suprema Corte de Justicia. Luego de días de discusión y tensión política dentro del frente Cambia Mendoza; como también entre el radicalismo y el peronismo; y a su vez entre los ministros del máximo tribunal; el texto con las modificaciones tuvo un apoyo casi unánime en la Cámara Baja, y se prevé un tratamiento rápido en la Cámara Alta, ya que el texto finalmente surgió tras un acuerdo entre los siete jueces.
En concreto, hubo 44 votos a favor (Cambia Mendoza y Frente de Todos) y solamente 3 diputados lo hicieron en contra. Éstos últimos fueron José Luis Ramón, de Protectora pero que forma parte del Frente de Todos; Mercedes Llano, del Partido Demócrata (PD); y Emanuel Fugazzotto, del Partido Verde.
El proyecto tuvo despacho en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) la semana pasada, en lo que fue una jornada con alta carga simbólica, ya que fueron los propios ministros de la Corte (asistieron todos menos Julio Gómez, porque estaba de licencia) quienes entregaron en mano las modificaciones. Desde el Gobierno valoraron la propuesta, sobre la que marcaron que “no alteran en la sustancia del proyecto”. También hubo una celebración por parte del peronismo, donde destacaron que “primó la institucionalidad”.
El proyecto, que había sido votado en LAC con 12 votos positivos (Cambia Mendoza y Frente de Todos) y solo uno negativo (Mercedes Llano, del PD), mantiene puntos sustanciales del texto original, que promueve el sorteo de las causas que llegan al máximo tribunal y una paulatina eliminación de las salas 1 y 2, con el objetivo de evitar el Forum Shopping y que el proceso sea más transparente.
También otorga funciones jurisdiccionales al presidente de la Corte, establece cambios en los modos en los que se eligen las autoridades dentro del máximo tribunal, y las posibilidades para llamar a plenario, entre otros puntos importantes. Además, se plantea una resolución en pleno (los 7 miembros) en casos de acciones de inconstitucionalidad de leyes o los derechos colectivos.
Según consideró el presidente de la Corte, Dalmiro Garay, el texto remitido “es una modificación que hemos pensado a varios artículos del proyecto y que están vinculados no solo al gobierno de la Corte, sino a la función jurisdiccional y a la implementación del esquema de colegio de jueces por sorteo. También hemos propuesto un orden metodológico que nos parecía que mejoraba la técnica legislativa”, consideró.
También expresó ante los legisladores que si bien “no ha sido fácil, para nosotros es grato avanzar en estos consensos porque es lo que nos está pidiendo el ciudadano. Los ministros hemos estado muchas horas trabajando en esto, y en ese documento está plasmado ese trabajo”, manifestó.
En tanto, Adaro agradeció “a la Legislatura por el ámbito de debate que se dio, es el lugar donde en los disensos pueden construirse consensos en todos los ámbitos institucionales, y también el esfuerzo para podernos convocar dio sus frutos”. También agradeció “a las mayorías porque tuvieron la oportunidad de ser permeables, construir y reconocer en las minorías sus perspectivas. Es el camino, nos vamos con el compromiso de tratar de mejorar el servicio de justicia en el tiempo y en la transparencia. Creo que hemos estado a la altura de la historia de Mendoza”, acotó.
Del lado del Poder Ejecutivo, el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, consideró que “los aportes que han sido presentados, son aspectos que no alteran en la sustancia del proyecto del Gobernador en cuanto al funcionamiento de la Corte. El proyecto, en búsqueda de una mayor transparencia, de abandonar el fórum shopping y de darle una modalidad de funcionamiento a la altura de los tiempos de la Corte han sido absolutamente respetados por los aportes que han hecho los ministros de la Corte”.
Los cambios
Con relación a las modificaciones a la propuesta original, una de las más importantes se da en el último artículo, que es el 14. El mismo establece una serie de disposiciones transitorias en las cuales irá de forma gradual la eliminación de las salas 1 (Civil y Comercial) y 2 (Penal y Laboral) tal como las conocemos y rige actualmente.
También marca una aplicación “progresiva” en materia jurisdiccional del colegio de jueces, de la cual indica que, en primer lugar, desde que entre en vigencia la ley, las causas contencioso administrativas se sortearán, mientras que las acciones de inconstitucionalidad irán todas a fallo plenario, por lo que se terminará con el llamado “Forum Shopping”.
En tanto, a partir del 1 de julio del año que viene se “eliminarán” las salas 1 y 2, para pasar a un sorteo entre los siete ministros, “previa decisión fundada del pleno de la Suprema Corte de Justicia –adoptada por dos tercios de la totalidad de sus miembros-”. No obstante, en caso de que no haya acuerdo, entrará en vigencia este sistema de sorteos el 31 de diciembre del 2023.
Otro de los cambios reside en el método de elección del presidente de la Corte y los vicepresidentes primero y segundo, que están establecidos en el artículo 2. En vez de mayoría simple, se exigirá con mayoría especial (5 de 7 votos). Si no hay acuerdo, habrá una segunda votación similar. Si persiste la falta de acuerdo, se realizará por mayoría simple.
El otro cambio está en el artículo 5, que establece las competencias del tribunal en pleno, así como también sus llamados y resoluciones. En el despacho original, el presidente de la Corte, si lo creía necesario y de forma fundada, podía llamar a una resolución en pleno en una causa particular. No obstante, en el texto modificado no tiene esta competencia, y sólo se podrá llamar a pleno a través del pedido de dos miembros de la sala sorteada o por tres ministros de la Suprema Corte.
