En política al Presupuesto se lo conoce como la ley de leyes. Es decir la propuesta que elabora el Gobierno y envía al Congreso, donde están los representantes del pueblo, para saber cómo funcionará el Estado durante un año, sus ingresos, egresos, obras, planes, y cuánto costará todo.
Ese proyecto debe ser presentado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, el martes 15, y lo recibirá una Cámara de Diputados en la que el 45% de sus integrantes está cuestionando la legalidad nada menos que de la forma de votar leyes.
Tal como anticipó Los Andes, en el Palacio de Hacienda hay preocupación, no sólo por el pésimo clima en que ingresaría el Presupuesto 2021, el primero del gobierno de Alberto Fernández, sino también porque junto con este proyecto Guzmán tiene previsto mandar una reforma tributaria, que incluiría una suba en las alícuotas del impuesto a las Ganancias para quienes perciben ingresos altos.
Pero a estos dos asuntos se le añade la ley de reforma de la Justicia Federal penal, que ya tiene la media sanción del Senado, la nueva fórmula de ajuste de las jubilaciones y el aporte único de las grandes fortunas, conocido como impuesto a los ricos.
Es decir que el Congreso tiene por delante al menos cinco proyectos de grueso calibre para debatir, con una Cámara Baja partida en dos, tras el papelón de esta semana, y un Senado que funciona al ritmo de su jefa, Cristina Kirchner, que lidera una mayoría invencible de 41 sobre 72 senadores y puede aprobar cualquier cosa sin consultar a la oposición, salvo que se trate de temas que requieran el aval los dos tercios de los votos.
Negociaciones
“Urge debatir el financiamiento del Estado, tras lo que fue la asistencia financiera en pandemia y la emisión del Banco Central, y una reforma tributaria para el país. Para eso, necesitamos un Congreso que funcione de manera regular y en el que todos podamos aportar al debate”, dijo a La Voz el radical Alejandro Cacace.
El diputado por San Luis fue el encargado de anunciar el miércoles a la madrugada el retiro de los representantes de Juntos por el Cambio (JPC) del recinto, adonde un centenar de ellos se habían apersonado por considerar que la sesión que había sido convocada por el presidente del cuerpo, Sergio Massa, debía ser presencial porque el protocolo de sesiones remotas se encuentra vencido.
En cambio para el Frente de Todos (FDT) y el resto de la oposición, que suman el 55% las bancas de la cámara, el protocolo fue renovado porque bastó con su aval mayoritario, pese a que JPC tiene el 45% de las bancas.
Tras el escándalo, el presidente Fernández mantuvo en la quinta de Olivos una reunión con Massa y el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, en la que analizaron cómo debe seguir funcionando la cámara.
De la reunión trascendió que el jefe de Estado se mostró de acuerdo en realizar sesiones presenciales, bajo una modalidad ya conversada con JPC. Esa modalidad es la que expuso la macrista Silvia Lospennato en el recinto, el martes, y que quedó instalada como posible solución al conflicto: consiste en renovar el protocolo con la opción de presencialidad para asuntos de importancia política, a pedido de un bloque, y habilitando la posibilidad de sesionar a distancia para los diputados que formen parte del grupo de riesgo de la Covid-19 (mayores de 60 años, embarazadas, personas con comorbilidades).
En caso de activarse la opción de presencialidad, y de que el número de diputados presentes supere la sugerencia de la dirección médica de la Cámara (hasta 45 legisladores), se buscaría un sitio con más capacidad.
La semana que viene, coinciden en distintos espacios políticos, debería retomarse el diálogo y preparar el terreno para las grandes discusiones.
