La Cámara de Diputados dio finalmente el aval para que Mendoza avance en la idea de formar parte de una de las empresas emblema, Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (Impsa), a través de la compra de acciones, en conjunto con la Nación. Ayer se dio media sanción al proyecto en Diputados, y solamente resta que el Senado haga lo propio.
La votación tuvo el apoyo de los bloques más representativos, como Cambia Mendoza y también del frente de Todos, quienes en horas de la mañana terminaron acordando algunas cuestiones del proyecto para que el dinero que tenga que poner la provincia no surja de la toma de deuda. También votó a favor el Partido Intransigente. En tanto, se manifestaron en contra los bloques del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Ciudadanos por Mendoza, Protectora y el Partido Demócrata.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, autoriza la compra de 454.300.000 acciones clase C de la empresa, y queda condicionada a la “efectiva participación del Estado Nacional en la suscripción e integración del paquete mayoritario” de las nuevas acciones. Por parte de Mendoza, se realizará una inversión de U$S 5 millones; mientras que la Nación pondrá U$S 15 millones.
Además, la iniciativa votada autoriza al Ejecutivo a transferir las acciones a la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (EMESA).
Una vez que la Cámara Alta transforme en ley el proyecto, el Estado nacional más el provincial agruparán un 84,8% de la composición accionaria de la empresa (21% Mendoza y 63,7% Nación). El resto quedará dividido en un 9,8% de los acreedores y el 5,3% de la familia fundadora.
También cambiará la composición del directorio. De los tres directores que ya hay, la provincia sumará uno; y la Nación, tres; por lo que habrá mayoría estatal. En tanto, actualmente hay dos síndicos; y se agregarán dos más por la Nación y uno provincial.
Sostener el empleo
Tanto el oficialismo como el frente de Todos, principal espacio opositor, celebraron el acuerdo llegado, sobre todo por el objetivo al que ambos se refirieron: capitalizar Impsa para evitar el colapso de una empresa que tiene más de 700 empleados calificados; y que trabaja con más de un centenar de pymes.
“Todos conocemos la importancia de esta empresa, no solamente desde el punto de vista estratégico y su especificidad en cuanto a los productos que exporta al mundo, sino a la importancia que tiene en su articulación con las pymes de la provincia”, señaló el radical Jorge López; quien agregó que si bien no es la idea que la provincia compre acciones a un privado, se realiza esta gestión para no correr con el impacto económico que generaría un posible cierre de Impsa.
En tanto, Germán Gómez, jefe de bloque del Frente de Todos, consideró que “el mundo está asistiendo a sus empresas privadas” por la caída de la economía a razón de la pandemia del coronavirus.
“Lo que se ha hecho es evitar que más de 700 puestos de trabajo de mano de obra calificada, no se pierdan. No se puede olvidar que hay más de 180 proyectos a nivel internacional desarrollados por esta empresa mendocina”, añadió.
Y agregó que se trata de una política “del Gobierno Nacional junto con el provincial de brindar el salvataje y el apoyo necesario para que esta empresa siga generando fuentes de trabajo y nuevos proyectos”, expresó.
Críticas y acusaciones por una “estatización” de Impsa
Al margen del radicalismo y el peronismo, desde Ciudadanos por Mendoza votaron en contra y, junto al PD, acusaron de haber votado una “clara estatización” de la empresa.
“Entendemos que en este momento Impsa es una empresa que acaban de estatizar. Nuestra posición era que se ayudara a esta empresa pero con un período temporal para poner a la venta las acciones que se están comprando ahora”, marcó Mario Vadillo, de Ciudadanos por Mendoza.
Además expresó que el mensaje “es malo para las empresas más chicas, que hoy no tienen ningún tipo de salvataje y que se están fundiendo”; y denunció que Impsa terminará siendo “un aguantadero” político: “Lo van a usar para poner directores propios y usarlo para el partido. Pasó con YPF y también con Aerolíneas Argentinas”.
En la misma línea se mostró Mercedes Llano, del PD, quien auguró que el “gerenciamiento político terminará de fundir a una empresa que necesita más mercado y menos injerencia”.
“La estatización no es la solución indicada, no creemos en el estado empresario. Hay muestras de ineficiencia y desmanejo de empresas estatales, que han sido fuentes de trabajo y prebendas para sectores políticos”, destacó.
Y marcó: “Aerolíneas Argentinas y Aysam son dos casos de inoperancia estatal. A Impsa la manejarán políticos designados bajo el mandato de gobiernos kirchneristas”.
Desde el FIT, Mailé Rodríguez aseguró que “no se está hablando de una verdadera recuperación de la empresa, Mendoza se hará cargo de los pasivos y no de los activos”, y agregó que “es una empresa que seguirá siendo privada, si la discusión fuese que la empresa quedara en manos del Estado estaríamos discutiendo realmente la preservación de los puestos de trabajo”.
