La Cámara Baja dio media sanción a la reforma que endurece las condiciones para considerar reincidente a un condenado y restringe excarcelaciones, para evitar así la "puerta giratoria" de los delincuentes ante la Justicia.
Diputados aprueba por amplia mayoría el proyecto para evitar la "puerta giratoria" de los delincuentes en la justicia.
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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue quien impulsó el proyecto con el objetivo de endurecer las penas y evitar que delincuentes con antecedentes sigan en libertad. En pleno debate, la diputada del PRO Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, defendió la medida asegurando que “vamos a dar media sanción a lo que la gente llama ‘puerta giratoria’. Con esta ley, se acabará la impunidad y los delincuentes en la calle”.
Machado detalló que el actual sistema permite que personas con condenas previas sean excarceladas debido a que no se consideran reincidentes hasta que no cumplan efectivamente una condena en prisión. Y agregó: “Para que un delincuente sea considerado reincidente y no tenga beneficios, debe haber sido condenado en dos o más delitos y solamente debe tener una condena firme”.
Ante este escenario, otro punto clave de la reforma es que, actualmente, los jueces solo pueden dictar la prisión preventiva en casos de riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa. Con la nueva normativa, se sumará un tercer criterio: la existencia de múltiples imputaciones previas como indicio de reincidencia.
El proyecto fue respaldado por los diputados de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Encuentro Federal y otros bloques provinciales. En cambio, Unión por la Patria (UxP) y la izquierda votaron en contra, señalando que la ley podría ser utilizada para criminalizar la protesta social y vulnerar garantías constitucionales.
En ese marco, el diputado Martín Soria (UxP) fue uno de los más críticos y denunció que la iniciativa busca darle al Ejecutivo el poder de encarcelar preventivamente a personas sin condena. “Buscan que el Ejecutivo pueda encarcelar ciudadanos completamente inocentes. El eje central es sustituir la presunción de inocencia por la de un juez sobre si cometerá un delito en el futuro. Es la futurología penal de los jueces, una categoría nueva, inédita”, afirmó el legislador.
Desde la izquierda, Nicolás del Caño sostuvo que la reforma es una herramienta de persecución política: “Le dan el poder a los fiscales y a los jueces para perseguir a todos los sectores que salen a movilizarse porque saben que la resistencia a este plan económico va a ir aumentando”.
Por su parte, el diputado de la UCR Fernando Carbajal apoyó la reforma en materia de reincidencia, pero rechazó los artículos sobre reiterancia. “Voy a acompañar la reforma sobre reincidencia, porque creo en un derecho penal garantista, pero también en la eficacia del poder punitivo del Estado cuando se viola la ley. Pero rechazo los artículos sobre reiterancia. Antes de que una persona sea condenada, llamarla delincuente es una infamia y una falacia. Quieren adelantar la pena sin sentencia firme”, explicó al respecto.
Bajo esa línea, el diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, alertó sobre los riesgos de una legislación apresurada: “Agravamos a quienes eligen delinquir como forma de vida. El avance del narcotráfico, el terrorismo y el delito organizado nos obliga a cuidar a los ciudadanos con herramientas concretas, pero no podemos dejar que los jueces hagan nuestro trabajo”.
Para el oficialismo, la reforma representa un avance en la lucha contra la delincuencia. La diputada Rodríguez Machado apuntó que “cuando un delincuente comete muchos delitos, no hay un criterio legal único para la pena total. A veces se hace un ‘mix’, y eso tampoco va a pasar más, ya que la pena final va a ser por la sumatoria de todos esos delitos”.
Sin embargo, desde la oposición cuestionaron que la medida no necesariamente reducirá el delito, sino que podría provocar una sobrecarga en el sistema penitenciario sin resolver las causas estructurales de la inseguridad. Además, algunos especialistas en derecho penal advierten que el endurecimiento de la reiterancia podría generar detenciones preventivas sin condena firme, lo que podría derivar en abusos judiciales.
Pamela Verasay, diputada radical, puso como ejemplo a Mendoza, donde ya rige una normativa similar y, según sus datos, la aplicación de medidas más estrictas redujo los delitos violentos en casi un 50%. “Desde su implementación en Mendoza, terminó la 'puerta giratoria' y disminuyeron significativamente los homicidios y robos con armas de fuego”, aseguró Verasay.
Por otro lado, Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, pidió dejar de lado las diferencias ideológicas para poner la prioridad en la seguridad de la ciudadanía: “Por un momento, aislémonos de las ideologías y pensemos en la seguridad de la gente, para que esta ley sea aplicada en la provincia de Buenos Aires y los bonaerenses puedan vivir mejor todos los días”.
Tras su aprobación en Diputados, el proyecto fue girado al Senado, donde se espera un intenso debate. Según consignó el medio El Observador, el kirchnerismo, que aún mantiene 34 de las 72 bancas, podría intentar frenar la iniciativa o introducir modificaciones. Sin embargo, el oficialismo confía en contar con los votos necesarios para su aprobación, ya que sectores del radicalismo y otros bloques provinciales adelantaron su apoyo.
Cabe mencionar que además de esta reforma, el Senado deberá discutir la implementación del juicio en ausencia, otro proyecto impulsado por Patricia Bullrich. Esta iniciativa permitiría juzgar a personas acusadas de delitos graves, como terrorismo o crímenes de lesa humanidad, incluso si no pueden ser localizadas o extraditadas. La propuesta ha generado controversia, ya que algunos sectores la ven como un avance en la lucha contra la impunidad, mientras que otros la consideran un riesgo para el derecho a la defensa.
De este modo, como sucede con los proyectos que tratan ambas Cámaras, si el Senado aprueba la reforma de reincidencia y reiterancia sin modificaciones, la ley quedará sancionada y entrará en vigencia de inmediato. De lo contrario, deberá volver a Diputados para su revisión. Con este nuevo marco legal, el Gobierno busca consolidar su política de seguridad y responder al reclamo social de mayor firmeza contra el delito. Sin embargo, el debate sobre sus alcances y posibles consecuencias seguirá abierto en los próximos meses.
