En medio del clima que quiere generar Malargüe, varios empresarios y gremios para habilitar a los sureños a desarrollar minería por fuera de la ley 7722 conocida como “antiminera”, en San Carlos levantaron la bandera.
El viernes hubo reunión de Unión Popular, el partido que lidera el diputado provincial Jorge Difonso y aliado de Cambia Mendoza, pero en algunos temas ha mostrado diferencias, en particular con el tema minero.
“La reunión ya estaba prevista desde hacía varios meses con representantes del partido de los distintos departamentos y ratificamos la defesa a la ley 7722 viendo que se está agitando de nuevo el tema”, dijo el sancarlino a Los Andes sobre el encuentro que tuvo lugar en el club del ex Banco Mendoza en San Carlos.
Además, la dirigencia de Unión Popular, entre los que estuvieron Difonso, su compañero de banca Mauricio Torres y el intendente anfitrión Rolando Scanio, repasó de los principales temas de agenda provincial y se acordaron mesas temáticas.
“Se armaron mesas de evaluación de gestión provincial para juntarnos en dos meses en el este, Rivadavia o Maipú. Será algo así como un gabinete en las sombras para trabajar sobre educación, obras, y llevar en dos meses algunas conclusiones por departamentos”, agregó el legislador.
Uno de los temas que surgió fue el de la minería que se cocina desde Malargüe que pretende mandar un proyecto de ley para ser exceptuados de la ley 7722 conocida como “antiminera” y que acompañan empresarios y gremios.
“Se aprobó la defensa a la 7722 y el partido ratificó por unanimidad la defensa del agua. Repudiamos la amenaza de los sectores que nuevamente quieren atacarla”, indicó el ex intendente de San Carlos quien también remarcó que volverán a reunirse en dos meses para debatir sobre los temas propuestos en las diferentes mesas temáticas.
El rechazo eterno
El 11 de mayo pasado, el gobernador Suárez había avalado la iniciativa malargüina de avanzar con minería en ese departamento. “Siempre dijimos que para que haya minería, tiene que haber consenso social. Obviamente en Malargüe hay consenso social, pero es un debate que hay que darlo en la Legislatura. No depende de este Gobernador”, dijo Suárez en aquella oportunidad.
Se refería a la idea expresada por el intendente malargüino Juan Manuel Ojeda, de presentar un proyecto de ley en la Legislatura para que se exceptúe a Malargüe de las restricciones establecidas por la ley 7722.
La postura del partido de Jorge Difonso, aliado del radicalismo en Cambia Mendoza, otra vez pone al sancarlino en la vereda de enfrente de sus socios políticos. En diciembre de 2019, Difonso fue parte de la caravana de habitantes del Valle de Uco que llegó a la capital mendocina para manifestarse en contra de la modificación de la ley 7722 votada en la Legislatura y es uno de los motivos que lo distanciaron del Gobernador.
Pero incluso más, el rechazo sin matices de Difonso se produce aún a pesar del evidente consenso social que tiene la actividad en el departamento del sur mendocino. El cerrado argumento de la defensa del agua para el no a la actividad, es una bandera política para Difonso y para todos los que se paran en el rechazo, incluso desconociendo el argumento técnico que el agua de Malargüe no es el agua de San Carlos, así como la del río Jachal en San Juan tampoco es el agua del norte mendocino.
El agua superficial y subterránea “son de las cuencas” y los usos en una cuenca no afectan a la otra, salvo que haya actividades que afecten el calentamiento global con la emisión de gases de efecto invernadero y por lo tanto agraven la sequía, o emisiones de partículas contaminantes que “viajen” muchos kilómetros.
