Mendoza es escenario de una particular pulseada de liderazgo o, al menos, de diferencias en los pareceres. No se da entre rivales políticos, sino hacia adentro de la coalición gobernante. Tampoco se refleja en forma nítida, con rupturas, quiebres o presiones. Pero va dejando señales.
Portezuelo del Viento acaba de mostrar el cuadro otra vez. A lo largo de la campaña electoral, Alfredo Cornejo señaló abiertamente en más de una oportunidad que Mendoza tenía que reclamar el laudo del presidente Alberto Fernández a favor de la obra para evitar que el conflicto inextinguible con La Pampa, en un contexto política adverso para la provincia, terminara judicializando y complicando su ejecución.
En cambio, una y otra vez, Rodolfo Suárez recalcó también, públicamente, que el laudo de Fernández no hacía falta, que no había riesgos a futuro para Mendoza de avanzar hacia la adjudicación al consorcio liderado por la empresa china Sinohydro y compuesto por varias empresas locales.
El último capítulo de esta novela, que arrancó con declaraciones contundentes de Suárez a favor de la adjudicación de Portezuelo en la Fiesta de la Vendimia, fue la del gobernador en la mesa de entrada de la Casa Rosada, presentando finalmente en diciembre un reclamo para que Fernández emita el famoso laudo.
El argumento de Suárez para pedir un pronto despacho de Fernández que despeje amenazas judiciales sobre la obra del siglo no fue la advertencia de Cornejo, sino unas declaraciones de la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, en la que la funcionaria nacional advertía ante medios patagónicos que Portezuelo va a requerir otro impacto ambiental para su concreción, como pide La Pampa con claro interés en bloquearla, con el acompañamiento político de Río Negro, Neuquén y Buenos Aires.
Batakis desmintió esas expresiones, que fueron publicadas por varios medios a fines del mes pasado. Como sea, la supuesta nueva amenaza en la prensa de un bloqueo a Portezuelo al parecer detonó con varias semanas de retardo en la Casa de Gobierno provincial, que las tomó en serio mucho después de que se produjeron (o no).
Al margen de esta polémica, lo cierto es que las previsiones en este sentido que reclamaba Cornejo habían sido públicas. Tan públicas como su concepción de que hasta aquí el auténtico logro mendocino es haber conseguido, durante su gestión como gobernador y la de Mauricio Macri como presidente, que la Casa Rosada se comprometiera a liquidar en cuotas a lo largo de los años los 1.023 millones de dólares que alguna vez se acordaron como compensación para la Provincia por los efectos nocivos de la promoción industrial.
Frecuentemente sostiene el ex gobernador que las condiciones impuestas a la Nación en aquel contrato fueron tan exigentes que Fernández no pudo eludir la obligación de seguir pagando las cuotas del acuerdo con Macri.
“Mejor que el proyecto incluso fue la negociación. Son U$S 1.023 millones los que se consiguieron, con cláusulas geniales, por las que no puede dejar de pagar la Nación. Por eso lo paga el kirchnerismo”, dijo Cornejo en entrevista con Los Andes, el 9 de setiembre pasado.
El ex gobernador ha señalado que aquel acuerdo con Macri tenía “la misma calidad de los bonos de la deuda”. Pero tan convencido estaba de la necesidad del laudo presidencial que no solo lo señaló en aquella oportunidad, sino cuando volvió a ser entrevistado por este diario en octubre, antes de los comicios generales. “Lo que cierra este problema y da tranquilidad a Mendoza es que el laudo salga favorable”, repitió Cornejo.
Del otro lado, el 7 de noviembre pasado, el gobernador Suárez insistía ante este mismo medio que no había riesgos de judicialización de Portezuelo y sugería que iría por la adjudicación sin buscar una validación presidencial de la obra. “El tema ya está cerrado, no solo en el contrato sino en todas las circulares. Se renuncia al CIADI, a cualquier reclamo a la provincia por daño emergente o lucro cesante. No hay riesgo de que la provincia tenga daño”, expresó.
Dando un salto adelante en tiempo, y ante un eventual freno judicial de la obra del siglo, consideró también en aquella oportunidad Suárez que “si se para Portezuelo, yo les firmo que no se hace más una obra hidroeléctrica en Argentina, tendrían que parar todas las presas que se están haciendo”.
Cornejo, a pesar de sus opiniones no se mete en forma directa en la gestión de Suárez. Hay un pacto entre ellos. No sería razonable provocar implosiones en el oficialismo, en medio de un escenario político en el cual el peronismo luce desconcertado y casi desvastado por las derrotas sucesivas en las elecciones.
Pero el ex gobernador no se priva de opinar de aquello que no acompaña. Ha confesado que no estuvo de acuerdo con la estatización de IMPSA, por ejemplo, entre otras cosas.
No es tanto tema suyo Mendoza hoy mismo, porque todavía tiene la mira puesta en una candidatura presidencial para él, o al menos aspira a influir a nivel nacional en 2023. Pero la vuelta ese año para una pelea por la gobernación tampoco está descartada.
En consecuencia, cuando Cornejo habla, esas palabras gatillan sobre Suárez. Como cuando opinó tras el envío a la Legislatura del proyecto de boleta única electoral, con el objetivo de despejar su apoyo a que se aplique en 2023 en remplazo de la lista sábana, pero también para dejar bien en claro cuál es su consideración sobre la relevancia del proyecto del gobernador.
“La actual legislación la incorpora”, aclaró a Los Andes sobre la boleta única, para salvar su intervención en el tema en materia de reformas electorales, dado que también impulsó una legislación durante su gobierno. Y remató, para dejar en evidencia una vez más que el rasgo de diferenciación siempre está: “Igual debemos ir a la Boleta Electrónica e incluso votar desde el teléfono como hacen otras democracias”.
