La Justicia de San Nicolás dictó este martes prisión preventiva para dos dirigentes de camioneros acusados de extorsión a distribuidoras del municipio de San Pedro, informaron fuentes judiciales.
Se trata de Maximiliano Cavaleiro y Fernando José Espíndola, dirigentes de la seccional San Nicolás del gremio de Camioneros, quienes están acusados de bloquear con sus vehículos el acceso a una planta distribuidora durante enero y febrero de 2021 con el objetivo de presionar para que la empresa acepte los reclamos laborales.
Entre las demandas figuraban levantamientos de sanciones a delegados de la empresa, además de presuntamente extorsionar a la firma con la exigencia de sumas de dinero.
El juez de Garantías de San Nicolás, Román Parodi, que reemplaza a la magistrada María Eugenia Maiztegui, dictó la prisión preventiva para ambos por los delitos de coacción en grado de tentativa-dos hechos-; extorsión -dos hechos- y extorsión en grado de tentativa en concurso real.
Sin embargo, el magistrado dispuso una medida de atenuación al disponer la prisión domiciliaria bajo la modalidad de pulsera electrónica para ambos dirigentes, que deberán cumplirla en sus respectivos domicilios.
“Se impone a los causantes la prohibición de contacto con los denunciantes, Sergio y Gustavo Rey, la firma Distribuidora Rey y los testigos de esta causa”, precisa el fallo, al que accedió Télam.
La respuesta del sindicato
Camioneros destacó la decisión del juez de otorgarles a los imputados prisión domiciliaria, ya que, según su parecer, “no existía ningún tipo de pruebas para justificar las acusaciones falsas por parte del empresario Rey”.
El gremio señaló en un comunicado que su secretario general, Hugo Moyano, describió esta causa como un “tema netamente político contra la organización gremial”.
“La Justicia entendió que no correspondía que ambos compañeros estén detenidos. Esto fue manejado por Mauricio Macri, el otro día respaldó a la jueza y salió a declarar cualquier disparate, como lo ha hecho siempre, haciéndole creer a la gente que los compañeros de San Nicolás habían cometido un delito”, expresó Moyano.
Por su parte, el secretario adjunto del gremio, Pablo Moyano, manifestó que “ojalá que a partir de ahora la Justicia empiece a investigar a aquellos que destruyeron nuestro país; nosotros vamos a seguir reclamando, parando y movilizando por los derechos de los trabajadores camioneros”.
Bloqueo a una empresa
Los hechos que se les imputan a los dirigentes de San Nicolás comenzaron en enero de 2021, cuando ambos dirigentes, junto a otras personas, bloquearon el acceso a la Distribuidora Rey, ubicada en la calle Bonorino 175 de San Pedro, “de forma intimidatoria, violenta y amenazante”.
El gremio quería presionar a la empresa para lograr que se acepten los reclamos laborales de afiliados al sindicato. Esta modalidad se repitió en febrero, y finalmente en abril de ese año se habría suscripto un convenio de pago entre los camioneros y la firma por una supuesta deuda de diferencia salarial de aportes y obra social.
En el expediente constan además grabaciones donde los camioneros pedirían dinero a Rey para cesar los piquetes en la planta y testimonios de algunos empleados de la distribuidora.
Paralelamente, el juez Roman Parodi ordenó se investigue la existencia de un legajo reservado en el que aparecieron grabaciones de diálogos entre uno de los imputados y su abogado.
