En dos días, el martes 28, la Nación debe hacer efectivo un depósito de 18,5 millones de dólares por la cuarta cuota del dinero para construir Portezuelo del Viento, de acuerdo al cronograma de 21 pagos acordado el año pasado para completar los 1.023 millones de dólares que costará la mega presa en Malargüe.
Hasta ahora, los pagos anteriores se han realizado en tiempo y forma. El primero fue el 28 de octubre de 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri (6,9 millones de dólares). Ya con Alberto Fernández en la presidencia se pagaron 13,9 millones el 28 de enero y 16,3 millones el 28 de abril.
Sin embargo, desde que el 5 de junio Fernández dijo que no iba a “financiar una obra cuestionada por cuatro provincias” empezaron a rondar las dudas sobre si la Nación cumplirá con este compromiso. Por eso, este martes será otro “Día D” para el siempre difuso futuro de Portezuelo.
Los primeros días de julio, desde el kirchnerismo local que encabezan la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y el senador provincial Lucas Ilardo despejaron algunas dudas cuando aseguraron que el gobierno de Fernández va a cumplir este cuarto pago con Mendoza.
Desde el Gobierno provincial ya tienen decidido reclamar por la vía judicial si la Nación no hace el depósito el martes, porque se estaría incumpliendo el acuerdo que firmaron Macri y Alfredo Cornejo en 2019 en el que el Gobierno nacional se comprometió a financiar con letras del Tesoro la obra. Macri dio así el último paso de un compromiso que la Nación asumió con Mendoza en 2006 -cuando Néstor Kirchner era presidente y Julio Cobos gobernador-, en el que asumió financiar la megapresa hidroeléctrica en devolución de lo que Mendoza dejó de percibir por la promoción industrial en los ´90.
El rechazo del Coirco
Desde que Alberto Fernández asumió en la Casa Rosada, las señales a favor de La Pampa, que cuestiona la viabilidad de Portezuelo, se fueron dando una tras otra. Primero nombró presidente del Comité Ejecutivo del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) a Javier Schlegel, el ex director de Recursos Hídricos de la vecina provincia. Después, dio entender -junto al gobernador Serigo Ziliotto- que iba a interrumpir los pagos o al menos evaluar su continuidad por el rechazo que genera la obra “en cuatro provincias”.
Al mismo tiempo, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, llamó a los cinco gobernadores del Coirco a una reunión el 26 de junio, hace exactamente un mes. Ese día en la Casa Rosada, Ziliotto -con el respaldo de Axel Kicillof (Buenos Aires), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Arabela Carreras (Río Negro)- obligó a Suárez a volver a realizar el impacto ambiental de toda la cuenca del río Colorado con sus respectivas audiencias públicas.
Mendoza había llevado una postura firme en defensa de la obra hidroeléctrica, pero las otras cuatro provincias votaron en bloque y le pusieron suspenso a la obra, que días después Suárez licitó.
Ante el revés en el Coirco, el Gobernador elevó un pedido de laudo presidencial para que Alberto Fernández se manifieste a favor o en contra de llevar adelante los estudios ambientales. Y a la par, Mendoza empezó a manejar otra carta si le siguen poniendo palos en la ruda: el abandono del Comité del Río Colorado.
Reunión no concretada
Las negociaciones parecieron cerrarse aquel 26 de junio (la dura posición de La Pampa fue favorecida porque ahora gobierna el kirchnerismo en la Nación), pese a que en la misma reunión se acordó un nuevo encuentro, esta vez informal y para destrabar el conflicto antes de llegar al arbitraje presidencial.
Sin embargo, esa reunión que iba a hacer cerca del 10 de julio nunca se concretó y sigue sin fecha fija, según reconocieron a Los Andes desde el Gobierno provincial. En esta instancia Suárez tenía planeado ofrecer la administración del embalse al Coirco para que no falte recurso hídrico aguas abajo -una de las consecuencias que temen en La Pampa-, pero no las regalías de la generación eléctrica, que son de Mendoza.
Hasta el momento, solo se llevó a cabo el 16 de julio la reunión del Comité Ejecutivo del Coirco de forma virtual. Este encuentro se hace todos los meses y la última vez se definieron los escenarios de usos del agua en el año hidrológico que va del 1 de julio 2020 al 30 junio 2021 y la aplicación del Presupuesto aprobado por el Consejo de Gobierno en junio.
La otra novedad, es que en esa reunión las provincias justificaron su voto en contra de la postura de Mendoza. Allí, aclararon que no se oponen a la construcción de la represa: “En la primera reunión que hubo a fines de 2016, las exigencias de las provincias -que en ese momento estaban de acuerdo con el avance de la obra y que lo siguen estando- eran que hasta tanto no se aprobaran las normas de manejo de aguas, de llenado y los estudios ambientales se podía licitar pero no adjudicar. Ahora estamos en el mismo lugar”, explicó a este diario el representate de Río Negro, Daniel Petri.
Además, detalló los puntos que exige su provincia: “Después de la reunión de Consejo de Gobierno hubo una instancia para fundamentar el voto de cada jurisdicción y Río Negro planteó todos los antecedentes en los cuales se basa para reclamar el estudio de impacto ambiental integral y la audiencia pública nacional. Toda la secuencia histórica y como se llega a ese punto”.
“También la gobernadora (Carreras) plantea al final de la fundamentación, como una manera de encontrar un acercamiento entre las jurisdicciones, la posibilidad de hacer el estudio de impacto ambiental integral y la audiencia pública no en el marco de Obras Hidráulicas que es algo a lo que se opone Mendoza, sino con la garantía de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Estando esa garantía entendemos que hay otro marco legal para desarrollar los dos procesos que nos interesan que se lleven adelante”, agregó el funcionario rionegrino.
La licitación sigue en agosto
Más allá de los obstáculos en el Coirco, Mendoza continúa con el proceso licitatorio. “El proceso sigue igual. Van por caminos distintos: por uno la licitación y por otro el laudo presidencial por el estudio de impacto ambiental”, explicó el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez. El Ejecutivo Provincial insiste en que todos pasos legales e institucionales se han dado de la manera correcta, y que no hay nada que frene por el momento su avance.
Así que después del 3 de julio, cuando se presentó la única oferta para construir la presa (Malal Hue, consorcio conformado por la empresa china Sinohydro y las mendocinas Ceosa, Obras Andinas e Impsa), el cronograma seguirá el 11 de agosto, con la apertura de las ofertas técnicas; y por último el 16 de noviembre, con las ofertas económicas.
De todas formas, si no hay acuerdo y el laudo presidencial en contra de Mendoza, la construcción de la represa se podría demorar entre uno o dos años, tiempo que llevaría realizar un nuevo estudio de impacto ambiental en toda la cuenca.
