El Gobierno Provincial llamará a licitación para contratar un servicio de “gestión integral y descontaminación” de las playas de secuestros de Mendoza, en particular la de San Agustín. El plan completo está presupuestado en $13.260 millones a lo largo de 10 años, pero desde el Gobierno aseguraron que “no podrá un peso” en el sistema, ya que el mismo se “autofinanciará” con la compactación de los vehículos, que dejará material ferroso para la venta.
La medida salió publicada este lunes en el Boletín Oficial, bajo el decreto 1989. En el mismo, se aclara que para lo que resta de este 2024, se destinarían solamente unos $417.034, teniendo en cuenta que aún no se llama a licitación y ya estamos transitando el último trimestre del año.
En los considerandos de la norma firmada por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, la fundamentación de esta contratación se basa en “dos grandes universos de vehículos a gestionar: aquellos secuestrados bajo la Ley Provincial de Seguridad Vial Nº 9024 y aquellos involucrados en causas judiciales, cuya administración está regulada principalmente por la Ley N° 6816 de la provincia de Mendoza”.
En este sentido, marcaron que “en los últimos 50 años, la acumulación de vehículos en las playas se ha agravado, esto ha generado una situación compleja en las playas, con vehículos que exceden la capacidad de almacenamiento, afectando su gestión eficiente”.
Además, la gestión de las playas de secuestro se cubre con personal policial de la Dirección General de Policías, lo que “distrae de las funciones operativas y preventivas a más de 100 policías por día, siendo que la cobertura es las 24 hs. de los 365 días del año”.
En este sentido, agregaron que “solo en recurso humano para custodia de playas el Ministerio desembolsa más de $1.700 millones anuales, sin considerar el recurso humano para traslado, grúas, logística, ni gastos operativos de transporte, alquiler y mantenimiento de inmuebles, entre otros gastos fijos”.
Respecto a proyecciones de erogación de gastos, se estima una imputación preventiva para el ejercicio 2024 de los $417.034 mencionados; y para ejercicios futuros las siguientes afectaciones preventivas estimadas: para el 2025 unos $687 millones; y desde el segundo año en curso hasta el décimo año, unos $1.396,9 millones por año, ”siendo el gasto total estimado de $13.260 millones″.
El decreto
