Desde la Casa Rosada reconocieron que “todas las investigaciones están en curso pero el sistema se va a cortar”, en referencia a la presunta “caja negra” de la política que destapó el saliente titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Osvaldo Giordano, y que era financiada con seguros que contrataba el Estado para otorgar créditos a jubilados durante el anterior gobierno.
Las aparentes maniobras “recaudatorias” que el dirigente cordobés visibilizó mediante una auditoría interna generaban una masa de $20 mil millones, tal como reveló ayer Clarín y que ahora se encuentra bajo investigación. Eso es exactamente lo que le paga la Anses al Nación por año para asegurar la vida de jubilados y pensionados a los que les da créditos.
En detalle, ese monto era lo que pagaba la Anses a una entidad del Banco Nación Seguros para asegurar la vida de jubilados y pensionados a los que daban los créditos en operaciones de las que también participaban, con suculentas comisiones, firmas privadas a modo de “coaseguro”.
Ese requisito, el de armar una póliza en favor de los beneficiarios, fue implementado en 2021 bajo la gestión de Alberto Fernández ya que en los diez años precedentes los préstamos se habían otorgado sin esa modalidad. En ese marco, este domingo había cierta cautela en el oficialismo acerca de los resultados de una auditoría que, aseguran, comenzó hace un mes y medio.
Si bien en la Anses remarcaron que los contratos con las aseguradoras se cancelaron, desde la Casa Rosada fueron más prudentes al consignar que por temas burocráticos -”vencimientos de pólizas”- restaba tiempo para terminar de darlos de baja. Concedieron, no obstante, que “el sistema tal como estaba diseñado se va a cortar”.
Cambios en la cúpula de Anses
La semana pasada el abogado Mariano de los Heros, un exgerente de AFJP con un paso anterior por el Estado, asumió como nuevo titular de un organismo que, en los papeles, depende del ministerio de Capital Humano. Reemplazó a Osvaldo Giordano (2 meses y 7 días en el cargo), que había sido desplazado tras el reseteo de las alianzas políticas que ejecutó Javier Milei por el fracaso de la Ley Ómnibus en el Congreso.
Lo cierto es que la flamante conducción se excusó en los tiempos de “transición” para no abundar si las actuaciones administrativas se iban a elevar a la Oficina Anticorrupción (OA), mediante las pruebas colectadas. Esto con el fin de investigar eventuales irregularidades.
En la entidad comentaron que “probablemente” en la semana hagan oficial alguna información al respecto. De todos modos, la OA es conducida por Alejandro Melik y, pese a los devaneos oficiales, comenzará a ser querellante en causas por fraudes al Estado.
“Estamos con la motosierra también en ANSES y algo saldrá”, detalló un estrecho colaborador del presidente a dicho medio, al hacer una metafórica referencia a una eventual investigación oficial contra los presuntos autores de las maniobras.
Otras fuentes del organismo de la seguridad social intentaron quitarle relevancia al tema aduciendo que la decisión de no continuar con los contratos para asegurar la vida de los jubilados “fue administrativa y de gestión” en base a un “análisis de las condiciones” que, al parecer, resultaban desfavorables para el Estado en relación a las “primas y montos” de los mismos.
Es que esos convenios contemplaban que si los costos superan los ingresos de las compañías, las primas “se ajustarán hasta equilibrar la relación”, garantizando así que las aseguradoras privadas no perderán plata.
Las dudas existentes refieren a la posibilidad de que si más allá de la cuestión técnica, habrá alguna referencia a la aparente existencia de una “caja política” con recursos generados por un programa de créditos destinado a los adultos mayores que, en plena campaña electoral de 2023, cobró un nuevo impulso.
El entonces ministro de Economía, Sergio Massa, amplió esos préstamos en el marco de un remozado “plan platita” que diera volumen a su candidatura presidencial: tenían montos de hasta $600.000 a una tasa anual del 29%, el tercio de lo que cobraba el mercado y en 24, 36 o 48 cuotas.
Estaban destinados para todo tipo de beneficiarios, incluso para titulares de las pensiones no contributivas, con el objetivo de captar votos para UP con la excusa de fomentar el consumo, según detalló Clarín en su informe.