Finalmente, la Municipalidad de Las Heras decidió dar marcha atrás con el sumario administrativo iniciado contra una empleada que denunció por presunto abuso sexual al exfuncionario Franco Cortez. La medida había generado el repudio en bloque de legisladoras radicales, que acusaban al intendente Daniel Orozco de falta de perspectiva de género y persecución política contra la víctima. El abogado de la mujer anticipó que lo denunciarán ante la Justicia.
A través de la Resolución General N° 659, con fecha el 18 de julio, que lleva las firmas de la secretaria de Gobierno, Janina Ortiz, y la directora de Asuntos Legales, Monica Molina, quedó sin efecto el procedimiento que podría haber terminado en una cesantía.
Entre los considerandos se expresa que la Dirección de Desarrollo Organización emitió una planilla demostrativa dónde se expuso que la agente habría incurrido en faltas sin justificar durante todo el mes de junio de 2023, en el sector de salud dónde trabaja. Cabe señalar que el límite de ausencias no justificadas para que no pierda el empleo un trabajador de planta es seis (6).
Además se deja constancia que el viernes pasado acudió a la Oficina General de Sumarios, en calidad de representante legal el abogado Pablo Martínez Benengo, quién presentó un descargo y pruebas a su defensa.
Entonces, la Oficina General de Sumarios obró un dictamen en el que informó que tomaron conocimiento que la agente sumariada había efectuado una denuncia penal por abuso sexual contra un empleado municipal, en el marco y lugar geográfico de la Municipalidad de Las Heras, “poniendo con ello al agente municipal en una situación de extrema vulnerabilidad”, por lo cual sugirieron la suspensión en el marco del artículo 50 bis de la Ley 5811.
El dictamen sugiriere: “suspender el presente sumario (…) por las faltas injustificadas del mes de junio del año 2023; 2° asignarle en caso de que la misma pudiese reincorporarse, un nuevo lugar de trabajo, conforme a sus actitudes y requisitos psicofísicos, todo ello de conformidad al artículo 50 bis de la ley 5811 modificada por la ley 8806 el cual copiado textualmente dice: “… en el caso de que la trabajadora víctima de violencia (…) tendrá derecho a la reducción de la jornada, la reordenación del tiempo de trabjo o del lugar de prestación del servicio…”
Entonces la municipalidad resolvió suspender la tramitación del sumario administrativo, instruir a la Dirección de Capital Humano a que se le reasigne un nuevo lugar de trabajo y encomendar al área de Género, Diversidad y Derechos Humanos, a que determine la situación psicofísica de la agente. También se incorporará el área de Medicina Laboral para que justifique la licencia por 30 días de la mujer.
Denunciarán al municipio
El abogado Ramiro Villalba, quien presenta a la denunciante, comentó a Los Andes este jueves que la marcha atrás del municipio “no es otra cosa que reconocer de puño, letra y firma, que desconocieron sistemáticamente los derechos de una mujer víctima de violencia de genero” y anticipó que están analizando accionar contra ellos.
Las denuncias por las que avanzarían serían por “abuso de autoridad, incumplimiento y omisión de los deberes que debe observar todo funcionario público en relación a la ley de protección integral de la mujer”, indicó el abogado. Por otro lado, informaron que hasta el momento la joven no ha sido reubicada en un área específica.
La víctima denunció en junio pasado a Franco Cortez (25) por un abuso sexual que habría ocurrido en el año 2020, durante una actividad en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de El Plumerillo. En ese momento el presunto agresor se desempeñaba como coordinador de Juventud del municipio, cargo que dejó posteriormente. Actualmente ocupa un puesto de planta como administrativo en la gestión del intendente Daniel Orozco.
El fiscal Martín Lucero, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, procedió a imputar formalmente a Cortez el 23 de junio, por el presunto delito de abuso sexual con acceso carnal.
Desde fines de mayo la empleada dejó de asistir a trabajar de común acuerdo con sus superiores por sentirse incómoda al cruzarse con su victimario en el establecimiento municipal. La denunciante se desempeña en el área de salud y según asegura su representante legal, no hubo apercibimientos al respecto. Una vez hecha la denuncia, “el pánico” por posibles represalias se acrecentó y no volvió a trabajar. El martes 11 de julio la Municipalidad de Las Heras le inició un sumario administrativo por faltas injustificadas y finalmente una semana después, dio marcha atrás.
