Mediante un comunicado de la Cancillería, el Gobierno nacional acusó a Chile de “pretender apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos”, luego de un decreto que firmó el presidente chileno Sebastián Piñera durante esta semana. En el mismo se detalla que se fijó los límites de su territorio soberano en el Atlántico Sur, pero Argentina asegura que se superponen con los ya establecidos.
La medida fue publicada el viernes en el Diario Oficial, es decir el Boletín Oficial de Chile, con fecha del pasado 23 de agosto, donde se expone una superposición en la delimitación territorial de soberanía de ambos países sudamericanos. De esta manera surge una nueva diferencia territorial entre el país de Sebastián Piñera y Alberto Fernández.
“La medida intentada por Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, reza el escrito.
Y agrega: “Consecuentemente, la citada pretensión chilena no es aceptable para la República Argentina y plantea una situación que corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos; de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional”.
No obstante, el gobierno de Sebastián Piñera viene desde el 2020 cuestionando las pretensiones soberanas de nuestro país con su plataforma continental extendida y sancionada ley por Argentina. El 23 de mayo del año pasado, Chile envió una nota diplomática hacia el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, donde explicitó que el país “no reconoce el deslinde del trazado en la zona del Mar Austral debido a que se trata de una declaración unilateral (no oponible) por parte de Argentina, por lo que Chile se reserva el derecho para determinar su posición en ese sector”.
Fue entonces que a partir de la nueva medida oficial, el decreto de Piñera estableció la plataforma chilena a partir de las 200 millas náuticas desde las islas Diego Ramírez, al sur del Cabo de Hornos.
Sin embargo, esta delimitación incluye áreas marítimas que ya habían sido oficializadas como propias, por parte de Argentina ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde 2009.
“Esta medida pretende proyectar la plataforma continental al Este del meridiano 67º 16´ 0, lo cual claramente no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984”, expuso en el comunicado de Cancillería, que está a cargo de Felipe Solá.
Según informó Infobae, el acuerdo a los términos del Estado argentino, el límite exterior de la plataforma continental argentina en esta zona se refleja en la Ley Nacional 27.557, sancionada el 4 de agosto de 2020 por unanimidad.
“Dicha ley no hace sino recoger en una norma interna la presentación oportunamente efectuada por el Gobierno argentino sobre dicha zona ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC). Esa presentación se ajusta en todo al Tratado de Paz y Amistad y fue aprobada sin cuestionamientos por dicha Comisión con los efectos de establecer un límite marítimo definitivo y obligatorio de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Ni la presentación ni la decisión de la Comisión fueron objetadas por Chile”, señala el comunicado oficial del ministerio de Relaciones Exteriores.
No es el primer conflicto
La Comisión de Límites de Plataforma Continental es un órgano creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (CNUDM). El mismo está integrado por 21 miembros elegidos sobre la base de una representación geográfica equitativa que se encarga de revisar los datos presentados por los estados sobre la determinación de los límites exteriores de la plataforma limítrofe.
Aunque cabe destacar que no se trata del primer conflicto entre Alberto Fernández y Sebastián Piñera, ya que a comienzos de agosto, un error en un decreto de Fernández con directivas militares provocó un fuerte reclamo de Chile, donde se fijaba la llamada “Directiva de Política de Defensa Nacional”.
En esa normativa se indicaba que el Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces se consideraban como “espacios compartidos en los que resulta fundamental continuar fortaleciendo el estudio, la exploración y control conjunto”.
Pero eso obligó al gobierno chileno a enviar una comunicación formal recordando que “el Estrecho de Magallanes, incluidas sus dos riberas, es territorio soberano chileno”. Luego de eso, el gobierno argentino reconoció que se trató de un error propio y que sería enmendado.
