La Asociación Americana de Juristas (AAJ) denunció al Gobierno de Javier Milei ante la Organización de las Nacionales Unidas (ONU) por “violaciones al sistema democrático”. Además, desde la institución fundamentaron: “Se desataron un conjunto de medidas que contradicen derechos fundamentales de la Constitución del país, como también los derechos humanos y el derecho al desarrollo sostenible”.
La denuncia fue realizada durante la 55° sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Suiza. “Denunciamos la desintegración del Estado y devastación económica implementadas por el presidente Milei en Argentina”, inició el escrito presentado formalmente por la AAJ.
Y agregó: “Con una inflación desorbitada causada por la mega devaluación, impuso un represivo protocolo prohibiendo la protesta social, sancionando a los manifestantes y a las organizaciones convocantes. Se verificaron brutales detenciones arbitrarias y el uso de armas químicas”.
La AAJ también enumeró que, en tres meses, “hay 3.6 millones de nuevos pobres, millones en emergencia alimentaria, sin acceso a los medicamentos, a la atención de salud, vivienda y servicios públicos”. Y sumó que Milei “desfinanció áreas de salud, educación, científicas (...) y transporte público”, logrando que -entre otras consecuencias- “las universidades públicas no podrán comenzar las clases”.
En el escrito, la institución expresó que los medios a “los que se está recurriendo el gobierno argentino son inaceptables, por implicar violaciones graves de los procedimientos jurídicamente establecidos, y sobre todo son incompatibles con el sistema democrático”.
Para finalizar, la AAJ apuntó contra el “retiro de los programas de asistencia”: “Eliminó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, la Agencia Nacional de Comunicaciones TÉLAM, y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)”, destacaron desde la asociación.
Y concluyó: “Con parálisis del consumo, caída de la producción industrial, y pérdida de puestos de trabajo, la profundización de la crisis social es inevitable”. Tras la presentación formal, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas analizará el escrito en detalle.
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