Argentina se encamina a tener una tasa de inflación anual de tres dígitos, la más alta en décadas. Si bien la inflación es un fenómeno multicausal, dentro de la multicausalidad el desequilibrio fiscal es uno de los más determinantes.
Tal es la situación, que hoy en día existe consenso, en casi todos los sectores de la política, de que para bajar la inflación hay que reducir el déficit fiscal.
Qué es el déficit fiscal
La situación económica del Estado se mide comparando sus ingresos (principalmente impuestos) contra sus gastos (salarios y jubilaciones, asistencia social, obra pública, etcétera). Si los gastos son mayores que los ingresos, se dice que el gobierno tiene déficit fiscal.
Ahora, existen dos formas de medirlo. Una es mediante el resultado primario, que mira la dinámica de ingresos y gastos sin incluir el pago de intereses de la deuda pública. Otra es el resultado financiero, que sí contiene el pago de intereses. Para dar noción de la magnitud, se lo suele relacionar con el Producto Interno Bruto (PIB), indicador que muestra la cantidad de valor generado en el país en ese año.
¿A cuánto asciende el desequilibrio fiscal?
El actual Gobierno comenzó con la dinámica expansiva del gasto público apenas asumió por la pandemia, ya que hubo que expandir el gasto público por las políticas de confinamiento. Aumentaron el déficit fiscal y la emisión monetaria, en lo que se consideraba una situación extraordinaria.
Durante 2021, el exministro de Economía Martín Guzmán hizo un esfuerzo importante para cortar la dinámica expansiva del gasto. Pero la aceleración inflacionaria fue inevitable en 2021, a raíz de que en 2020 se había forzado su desaceleración con el encierro de la población, e hizo perder al Gobierno las elecciones legislativas.
Se culpa a Guzmán de ser demasiado austero, y ya en 2022 se vuelve a observar una dinámica expansiva del gasto. La situación se torna insostenible, y Guzmán finalmente renuncia.
En este contexto es que asume Sergio Massa como ministro de Economía. ¿Qué le espera? El desequilibrio fiscal total para 2022 se puede estimar en más de 6% del PIB, con tendencia al alza. Esto está explicado por un déficit fiscal primario del orden del 2,2% del PIB, pago de intereses de deuda del Tesoro del 1,5% del PIB y el pago de intereses de deuda del Banco Central de 2,5% del PIB.
Los dos principales factores de descontrol de las cuentas públicas son la explosión de los subsidios energéticos y la de los subsidios asistenciales. Tomando los primeros seis meses de 2022 y comparando con igual período de 2019, los subsidios a la energía crecieron 160% en términos reales, o sea, por encima de la inflación, y los subsidios asistenciales crecieron 300% por encima de la inflación.
¿Cómo reducir el déficit fiscal?
En primer lugar, es imperativo frenar con la dinámica explosiva de los dos factores de desestabilización de las cuentas públicas: subsidios y gasto asistencial. En este sentido, hubo énfasis en la importancia de controlarlos, pero las medidas anunciadas fueron un tanto contradictorias.
Con respecto a los subsidios energéticos se anunció que 30% de las familias dejarán de recibir subsidios y el 70% restante tendrá subsidiado sólo un consumo mínimo de 400 MW. Por los consumos superiores a este tope se pagará tarifa plena. El esquema parece simple y sensato, resta ver si es así en la práctica y qué impacto tiene.
Con respecto a los planes sociales, los anuncios parecen no bastar. Por un lado, se lanzó un programa para convertir los planes en empleo formal, que en sus bases no se diferencia mucho de otras propuestas ya aplicadas sin éxito en los últimos años.
Por otro lado, se dijo que se auditará a través de las universidades el gasto en planes asistenciales, pero que se fortalecerán las cooperativas, que son las organizaciones que gestionan estos planes. Estas ya manifestaron su rechazo por los anuncios del ministro, y resta ver cómo el Gobierno planea controlar este gasto en la práctica.
Pero más importante aun que controlar estos dos ítems es tender a tener un plan de acción de reorganización del sector público de mediano plazo que implique un ordenamiento tributario, funcional y previsional.
- El ordenamiento tributario supone un plan para unificar y simplificar impuestos de los tres niveles de gobierno, eliminar la coparticipación y establecer que cada nivel de gobierno se financie con sus propios impuestos.
- El ordenamiento funcional implica volver a lo que establece la Constitución: que la Nación se haga cargo de las funciones interprovinciales y que cada provincia con sus municipios se hagan cargo de sus responsabilidades, que son las funciones sociales ante el ciudadano (educación, salud, asistencia social, seguridad y vivienda y urbanismo).
- El ordenamiento previsional implica tender a unificar las reglas jubilatorias, cerrar las moratorias (dejando y mejorando la pensión universal para el adulto mayor (Puam) y evitar la superposición de beneficios que hoy se produce entre la jubilación y la pensión por sobrevivencia.
Si bien son medidas a mediano y largo plazo, que llevan tiempo, es la forma de salir definitivamente de la crisis económica y social para volver a tener futuro.
* Economista de Idesa
