Después de paralizar la votación del proyecto del Gobierno provincial en la Cámara de Diputados al no dar su apoyo en comisiones, el líder del PRO en Mendoza, Omar de Marchi, lanzó este sábado su proyecto de reforma judicial.
En lugar de proponer sorteos y modificaciones de salas, De Marchi arremetió con “la creación de una instancia intermedia de apelación en lo laboral y en lo penal como existen hoy en varias provincias” para que “al máximo tribunal sólo lleguen causas muy importantes, eliminando controversias menores”.
Además de formalizar algo que ya se venía hablando en su partido, se metió de lleno en la grieta de la Corte al sugerir una enmienda de la Constitución provincial para que, en el futuro, los ministros del alto tribunal no tengan militancia política previa.
En un extenso hilo de Twitter, el hombre del PRO señaló que “el Gobierno de Mendoza quiere modificar el proceso que la Suprema Corte utiliza para resolver la gran cantidad de causas que le llegan,” pero indicó que, a su juicio, “el problema se genera antes de llegar a la Corte”.
En este sentido, repasó datos. Explicó que “la Corte recibió entre 2018 y 2022 más de 9000 causas. De ellas, 3900 fueron apelaciones por causas laborales y 1800 por causas penales. Por lo tanto, el 60% del problema se produce por causas laborales y penales”.
Agregó que “en estas materias -laboral y penal- existe sólo una primera instancia y las apelaciones van todas a la Corte. En las causas civiles, comerciales, de familia, etc, hay una instancia intermedia que son las Cámaras de Apelaciones. Por lo tanto, ese es el punto a resolver”.
Ante este panorama, De Marchi consideró que hace falta también la creación de la instancia intermedia de apelación en lo laboral y en lo penal. Aclaró en este sentido que la medida no generaría más costos, porque “proponemos transformar las Cámaras Laborales que hoy tienen 3 jueces cada una, en juzgados de primera instancia unipersonales, y crear una instancia de Apelación intermedia, optimizando los recursos existentes. De igual forma en materia penal”.
El líder del PRO atacó también en forma directa el proyecto del Gobierno al afirmar que “si sólo se apunta a modificar la Corte, cambiando la conformación de Salas por sorteo en lugar de especialidad, no sólo que no resuelve, sino que distorsiona el sentido de la reforma”.
Militancia política de jueces
De Marchi indicó que el otro problema es “la naturalización de las pertenencias partidarias en algunos ministros de la Corte. Hoy normalizamos que hay jueces radicales y jueces peronistas. Esto no está bien y debe corregirse si queremos fortalecer la independencia de la Justicia”.
La “solución De Marchi” es lanzar el proceso de reforma de un artículo de la Constitución. “Debemos incluir condiciones de elegibilidad de los ministros de la Corte más estrictas, para evitar que la militancia política sea el antecedente más importante de los futuros jueces. Es necesario modificar el artículo 152 de la Constitución Provincial, por la vía de la enmienda”, indicó.
“Entre otras condiciones debe exigirse que los ministros de la Suprema Corte de Justicia no hayan estado afiliados a un partido político en los últimos 10 años, o que no hayan sido ministros del Poder Ejecutivo o candidatos a cargos electivos por un tiempo similar”, indicó. Varios de los ministros actuales. Precisamente dos ministros de la Corte actual tienen origen en gobiernos peronistas y radicales: Mario Adaro (PJ) y Dalmiro Garay (UCR).
“Junto a equipos técnicos jurídicos del Pro, conducidos por @GustavoCairoMza y @germanvicchi proponemos la creación de instancias intermedias en fueros laboral y penal, y un nuevo Artículo 152 de la Constitución. Creemos en una justicia al servicio de la gente y no de la política”, completó De Marchi en la red social.
