El Gobierno resolvió hoy oficializar el nombramiento de María Julia Cordero como titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), cargo en el que se venía desempeñando hasta el momento como interventora.
La decisión establece en sus considerandos que la medida se dicta teniendo en cuenta que “se dispuso la intervención de la ANAC, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, por el plazo de 180 días corridos y se designó interventora a la doctora María Julia Cordero”.
Indica que a Cordero “se le encomendó una serie de acciones tendientes a relevar el estado de situación y promover una reorganización funcional que permita el adecuado cumplimiento de la misión institucional del citado organismo”.
Y apuntó que “dado que en el término citado la intervención ha cumplido acabadamente con todos los objetivos encomendados, mediante la regularización y sistematización de las funciones de la ANAC, no se considera necesaria su prórroga”, por lo que “se propicia la designación de la doctora María Julia Cordero en el cargo de Administradora Nacional de la ANAC”.
La decisión se concreta justo un día antes de que venciera el plazo de la intervención y una semana antes de la llegada de una misión de la FAA (Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos), que se instalará en el Aeroparque Jorge Newbery para analizar los cambios realizados y así evaluar si el país sigue ostentando la Categoría 1, máxima calificación que otorga la FAA a los países que cumplen con los estándares de seguridad aérea para la supervisión de la aviación civil.
La evaluación anterior a la llegada de la nueva administración fue desfavorable y puso en duda la continuidad de la Categoría 1, con los perjuicios que eso llevaría a la actividad aerocomercial en el país, lo que derivó en la decisión gubernamental de determinar la intervención del organismo para trabajar en la corrección de los problemas y mantener el status actual.
Una vez a cargo de la intervención, Cordero publicó un informe en el que expuso graves deficiencias operativas, administrativas y presuntos actos ilegales dentro del organismo, lo que generó preocupación por los riesgos que representaban para la seguridad operacional y la aviación civil en Argentina. El diagnóstico realizado detalló “múltiples irregularidades que han contribuido a lo que denominan como una estructura inadecuada, sobredimensionada e ineficiente”, entre otros puntos.
