La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, cuestionó a un área de la Corte provincial por la liberación de un condenado por robo y homicidio que este domingo reinicidió en el delito y provocó la muerte de una policía retirado. En el tiroteo, el delincuente también murió.
El delincuente que perdió la vida a manos del también fallecido Héctor Enrique Pelayes (60) -policía retirado y presidente del Partido de los Jubilados- fue identificado como Roberto Rolando Pereyra Cruz (36), quien en 2018 había sido condenado a 12 años y 6 meses de prisión por el delito de homicidio en ocasión de robo.
“Lamentamos profundamente la pérdida del policía retiradoPelayes, quien murió en un enfrentamiento con un delincuente que no debería haber estado en libertad”, afirmó Rus en la red social X. Y agregó: “Desde el @MinSegMendoza no negamos los problemas; nos ponemos al frente y trabajamos en ello. La seguridad y la justicia van de la mano, pero es difícil lograr seguridad si no hay justicia”.
Enseguida la funcionaria fue al grano y sostuvo: “A pesar de que el Código Penal prohíbe la libertad condicional para quienes cometen homicidios en ocasión de robo, y de que la Oficina Técnico Criminológica (OTC) dictaminó en contra de su liberación, Roberto Pereyra fue puesto en libertad condicional. La Dirección de Derechos Humanos de la Corte solicitó su liberación, haciendo caso omiso a nuestras leyes”, posteó.
No obstante, desde la Corte señalaron que “no es función de la dirección de Derechos Humanos dictar libertades condicionales ni pedirlas”.
La ministra Rus además puso en valor las leyes sancionadas recientemente para prevenir la reincidencia. Entre ellas, la 9565, que crea la figura del Oficial de Libertad Vigilada, “para un control más presencial, territorial y seguro de las personas externadas de la cárcel”.
También puso en valor Rus las resoluciones que clasifican a los internos y a las unidades penitenciarias, en especial la 1213/14 “de reglamentación para internos de alto perfil”. En este sentido, tal como publicó Los Andes, el Servicio Penitenciario busca a través de la nueva normativa controlar a 650 presos de alto perfil para evitar que vuelvan a delinquir.
“Nuestra prioridad es proteger a los ciudadanos y garantizar que los responsables de actos criminales reciban el castigo que la sociedad espera”, cerró la ministra de Seguridad.
EL ÁREA DE LA CORTE CUESTIONADA
Rus cuestionó en forma directa a una dirección de la Corte que fue creada y está bajo la tutela del ministro Omar Palermo. El organismo en cuestión (Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia) tiene como directora a María Milagros Noli desde setiembre de 2014.
Tal como publicó Los Andes, la muerte de Cristian Verdugo se produjo en la noche del 16 de enero de 2016 en una vivienda de un loteo de Vistalba, cuando el hombre recibió un disparo en el pómulo izquierdo. Si bien el asalto estaba a cargo de una banda, quien disparó contra Verdugo fue Pereyra.
El victimario fue condenado por homicidio en ocasión de robo el 22 de marzo de 2018. Luego consiguió que le rebajaran la pena a 11 años y 6 meses. Durante su encierro, estuvo en las cárceles de Boulogne Sur Mer y San Felipe, y finalmente, estuvo detenido en la Colonia Penal de Gustavo André (Lavalle).
En esa instancia, el juez penal Sebastián Sarmiento le concedió el beneficio de la libertad condicional en abril de 2023.
Consultada por este diario, Noli reconoció que la dirección de Derechos Humanos solicitó al Servicio Penitenciario que dieran inicio al trámite administrativo de pedido de libertad condicional. Sin embargo, aclaró: “No somos quienes decidimos cómo se resuelven los pedidos que hacen las personas condenadas”.
Noli explicó que la primera intervención de la Dirección de derechos humanos se dio en diciembre del 2022 “motivada en la comunicación de la persona detenida que solicita, estando ya con salidas transitorias otorgadas, alojado en la Unidad IV Gustavo André, que se inicie el trámite de libertad condicional”.
Y agregó: “Tal como se realiza en numerosos casos a diario y en función de ser un organismo administrativo de acceso a justicia, se envía oficio a la unidad que lo aloja para que le den inicio a la pieza administrativa. En toda pieza administrativa se ordenan informes del Consejo Correccional de la unidad que lo aloja así como del Organismo Técnico Criminológico (OTC)”.
“La resolución de otorgamiento en todos los casos es competencia exclusiva del Juzgado que tiene a cargo la ejecución de la pena y el control de legalidad, con participación de la Defensa y de la Fiscalía”, precisó Noli.
De acuerdo con la directora de Derechos Humanos, en forma posterior el órgano interviene nuevamente el 14 abril del 2023 solicitando al JPC interviniente, por comunicación del interesado, que ordene al OTC “la remisión de informes social y psicológico del trámite de libertad condicional”. Este nuevo oficio obedecía “al paso del tiempo desde que el propio juzgado había solicitado la remisión de los informes sin que a la fecha del oficio de la dirección se hubiera concretado”.
Resaltó también Noli que “Pereyra contaba al momento de resolución de la libertad condicional con dictámenes favorables por parte del Consejo Correccional y de la Asesoría Letrada, tanto para el acceso a la ampliación de salidas transitorias como para la libertad condicional”.
