El Senado provincial convirtió en ley la semana pasada el proyecto de saneamiento de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), que supone aumento de aportes de los afiliados y patronales.
Desde Activá Mendoza, el espacio aliado de Cambia Mendoza y liderado por Rodolfo Vargas Arizu, Andrés Vavrik, Fernando Barbera, Mauricio Badaloni, entre otros, se refirieron a la iniciativa en cuestión, destacando que, si bien “resolvieron” un problema del presente, persisten las dudas si en un año o dos, no tendremos que afrontar una situación similar, porque no se conocen qué tipo de medidas de gestión se llevarán adelante, más que aumentar aportes de afiliados o del Estado como empleador.
“Creemos que con la dinámica de gestión que la obra social trae en términos de su sustentabilidad económica, en algún momento determinado la plata dejará de alcanzar de nuevo y estaremos iniciando otra instancia legislativa para obtener un nuevo parche que no solucione problemas de raíz. Por un lado, se le exige un mayor esfuerzo al bolsillo de sus afiliados directos (en un momento donde las economías familiares se deterioran día a día), y por el otro se le impone al Estado como empleador un mayor aporte (que pagamos todos los mendocinos con nuestros impuestos), sin exponer públicamente cuáles serán las medidas de fondo que se tomarán para que esto no vuelva a repetirse en los próximos años”, destacaron desde este sector.
La reforma de la carta orgánica que se votó en la Legislatura, eleva el aporte patronal (Gobierno y municipios) del 6 al 7%, generando un incremento de recaudación de $2.634 millones al año; mientras que con la modificación del aporte de los afiliados indirectos, que pasará desde el 0,08 al 0,75%, con una suba anual de unos $2.301 millones.
Para Activá Mendoza, “la información sobre OSEP que nos llega como ciudadanos -y contribuyentes al Estado- tiene más que ver con cuánto dinero pone el Estado, o los trabajadores del sector público para darle estabilidad económica o financiera, que sobre cómo se gestiona, si se hace bien o mal y cuál es la responsabilidad de los funcionarios políticos ante una mala gestión”.
“La prestación de servicios no es para nada eficiente para los afiliados a la Obra Social. No vemos en toda esta discusión, ni del oficialismo ni de la oposición hablar de cómo se gestiona la entidad”, enfatizaron.
“Vemos en OSEP como en otras instituciones descentralizadas, autárquicas o empresas con participación del Estado, que sus organismos de gobierno o directorios son ocupados por funcionarios provenientes de la política partidaria, donde conocemos su filiación política, pero no sus planes de trabajo o las medidas que van a implementar, así como ciudadanos tenemos la tranquilidad que el gobierno de turno ha seleccionado a los mejores para esos puestos. Hoy, cada nuevo gobierno, desembarca con sus funcionarios, y ocupa este tipo de entidades imposibilitando que lleven adelante una gestión consistente en el tiempo y sostenible en lo económico”, remarcaron.
Propuesta de Activá Mendoza
Por un lado, desde este sector “se cree en la necesidad de realizar una auditoría por cualquier entidad de alcance internacional, de primera línea, de las que operan en los principales países del mundo, para que no pueda ser influenciada por presiones políticas. Así también evaluar darles a los empleados públicos libertad de elección para su cobertura social”.
“Por el otro, sería oportuno una discusión legislativa para que en su carta orgánica, el directorio u órganos de gobierno, están compuestos por profesionales seleccionados por concurso, en base a un plan de gestión por ellos elaborado, que permita evaluación y seguimiento. OSEP es una institución que opera casi como una entidad privada de la salud le compra insumos, remedios, camas, servicios asistenciales tiene varios efectores propios como es el caso del hospital El Carmen, entre tantas otras tareas vitales. No puede tener un management definido por la política partidaria, con poca pericia técnica, por eso está como está”, expresaron.
