La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó que se investigue la posible “responsabilidad penal” de la policía de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) en el ataque que la tuvo como víctima el 1 de septiembre de 2022, dado que esa era “la fuerza con más presencia en el lugar donde se planeó y ejecutó el atentado” fallido en el barrio porteño de Recoleta.
Los abogados que representan a la vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, formularon el planteo en un escrito de 28 páginas que dirigieron el viernes al fiscal Carlos Rívolo, quien tiene delegada la causa en la que intervienen también la jueza María Eugenia Capuchetti, dijeron fuentes judiciales.
“Venimos a instar a que, luego de cinco meses de investigación, se dispongan medidas probatorias respecto de la posible responsabilidad penal de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sostuvieron los abogados querellantes en la causa en la que se investiga el intento de asesinato contra Fernández de Kirchner.
“La Policía de la Ciudad era, además, la mayor responsable de garantizar la seguridad de la Vicepresidenta (a quien solo la salvó un milagro)”, sostuvieron los letrados en el escrito en el que repasaron distintos episodios violentos que tuvieron por víctima a la exmandataria y/o a dirigentes y militantes del espacio político que representa.
El escrito apuntó también al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (en uso de licencia), Marcelo D’Alessandro, y en el mismo se cuestionó nuevamente a la jueza Cacpuchetti, a la que le achaca no haber investigado a la policía porteña por sus supuestos vínculos con la conducción de esa fuerza.
“Lo sucedido el pasado 1 de septiembre fue la consecuencia de una serie de violencias previas que habilitaron y convalidaron el escenario que dio lugar a una tentativa de magnicidio a una mujer en su cargo de Vicepresidenta en un sistema democrático”, afirmaron los abogados en la presentación judicial.
En el escrito incluyeron un apartado titulado “La necesidad de investigar a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires”, en el que cuestionaron “la falta de investigación de lo hecho (y no hecho)” por de esa fuerza de seguridad.
“Más allá del atentado, también es una forma de violencia política la omisión de aplicar justicia por parte de una jueza debido a intereses económicos, ideológicos o corporativos. Esto parece haber sido lo que sucedió con la jueza Capuchetti que investigó a la custodia vicepresidencial y a la Policía Federal, pero omitió estudiar el accionar de la Policía de la Ciudad Buenos Aires”, sostuvieron los abogados Aldazabal y Ubeira.
“Este hecho es inexplicable en términos jurídicos, dado que la Policía de la Ciudad era la fuerza con jurisdicción sobre el lugar donde se planeó y ejecutó el atentado y la que, a primera vista, en más irregularidades incurrió”, señalaron.
En ese contexto, recordaron: “Durante esas jornadas, con el barrio- y, particularmente, la esquina de Uruguay y Juncal -pomposo y sorpresivamente saturado de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, no solo ocurrieron hechos violentos nunca antes registrados, sino que, como se supo luego, ya se encontraban los autores materiales intentando concretar el acto homicida”.
Al enumerar distintos hechos de violencia ocurridos antes del ataque perpetrado el 1 de septiembre, los abogados de la querella relataron que el 28 de julio de 2022, en el marco de una investigación por amenazas contra la Vicepresidenta de la Nación, el fiscal nacional Gómez Barbella le advirtió a D’Alessandro que podrían producirse hechos violentos en el Instituto Patria, por lo que solicitó reforzar la seguridad del lugar.
“Por lo que sabemos, Marcelo D’Alessandro ni contestó el oficio enviado por el fiscal, ni reforzó la seguridad del lugar. Solo se conoce, por imágenes públicas, la simpatía y los saludos intercambiados entre efectivos de la policía de la Ciudad y los atacantes”, sostuvieron.
Los abogados también se refirieron al ataque con piedras contra el Congreso de la Nación en marzo pasado, oportunidad en la que resultó dañado el despacho de la vicepresidenta, y aseguraron que “extrañamente, la policía de D’Alessandro no detuvo a una sola persona”.
“De acuerdo con la información que ha recibido esta querella, lo mismo sucedió con los eventos sucedidos en las inmediaciones de la vivienda de la Sra. Vicepresidenta luego de que el fiscal Diego Luciani solicitara su condena. Un fiscal federal le advirtió mediante un oficio a Marcelo D’Alessandro de la posibilidad de ocurrencia de eventos violentos. No conocemos el recorrido administrativo de ese pedido, pero hay algo que empíricamente no puede ser negado: pese a la advertencia, D’Alessandro no reforzó la seguridad sino todo lo contrario”, plantearon.
Aseguraron, además, que “existen sobrados testimonios, e incluso denuncias penales efectuadas por la Jefatura de la PFA, que ubican a personal y funcionarios de la CABA, supuestamente de la policía, a cargo de D’Alessandro, filmando desde el interior de viviendas cercanas a la de la vicepresidenta y desarrollando tareas de inteligencia”, y se preguntaron luego por la legalidad de esas maniobras.
