Crecen las presiones para beneficiar al juez Bento en el Jury de Enjuiciamiento

“La presión para declararlo inocente a Bento y que vuelva a su juzgado es monumental”, afirmó una fuente del Consejo de la Magistratura. La sentencia se conocerá el 8 de noviembre.

Crecen las presiones para beneficiar al juez Bento en el Jury de Enjuiciamiento
El Juez Federal Walter Bento de Mendoza en el Consejo de la magistratura declarando Buenos Aires , Argentina (Federico Lopez Claro)

El excelente desempeño de Sergio Massa en las elecciones y la inmediata crisis del artefacto político que había funcionado como principal oposición al gobierno de Alberto Fernández, ya tuvieron las primeras consecuencias en el sensible mundo judicial: en la última semana, crecieron en el Consejo de la Magistratura las versiones de un supuesto alivio para el cuestionado juez federal de Mendoza Walter Bento, en el jury al que es sometido por mal desempeño de sus funciones.

Los rumores fueron confirmados por tres fuentes del Consejo, una de las cuales trabaja en el organismo hace años: “jamás había visto algo así, y eso que acá pasó de todo. La presión para declararlo inocente a Bento y que vuelva a su juzgado es monumental”, dice sorprendido según publicó el periodista Claudio Savoia en diario Clarín.

El magistrado fue suspendido por la Magistratura cuando aprobó el jury de enjuiciamiento en su contra por una denuncia de la Cámara Federal de Mendoza, nada menos que el tribunal que revisa las decisiones del Bento.

La acusación y pedido de remoción del juez fueron votados por unanimidad en el Consejo, incluso con el voto del presidente el organismo y titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

A Bento se le cuestiona un nivel de vida supuestamente incompatible con sus ingresos, vínculos con personas a las que debía investigar y aparentemente beneficiaba, y varios intentos de entorpecimiento del juicio penal que también se lleva adelante en su contra como supuesto líder de una banda de abogados, contrabandistas y narcotraficantes que cobraba coimas a cambio de beneficios procesales a presos.

En el marco de ese proceso, el magistrado tiene ocho procesamientos con prisión preventiva, que no fueron ejecutados justamente por su condición de juez. Cuando en paralelo el Consejo de la Magistratura lo suspendió para su juicio político, Bento quedó a un paso de la cárcel: si el próximo 8 de noviembre es finalmente destituido, ya no tendrá el escudo que lo proteja de una sentencia adversa en Mendoza.

Operativo rescate

Tanto en Mendoza como en el Consejo de la Magistratura, la realización y el posterior avance de los procesos contra Bento sortearon copiosos escollos, sucedidos por los íntimos vínculos políticos y empresarios del juez.

Mientras la deliberación del jurado se encuentra en la etapa final, el resultado electoral de la semana pasada ya tuvo sus primeros efectos en el organismo que selecciona a los candidatos a jueces y también evalúa su trabajo, los sanciona y eventualmente puede destituirlos.

“Las gestiones para ayudar a Bento fueron constantes durante todo el proceso, aún antes de que se votara su acusación”, repasa ante Clarín uno de los consejeros que no está involucrado en el jury. “Pero se intensificaron hace dos semanas y acá todo el mundo dice que luego de las elecciones son descomunales”.

Aunque sería injusto atribuirle a Massa esas operaciones, su triunfo en las urnas envalentonó a algunos operadores judiciales que dicen orbitar en su entorno y sobre todo en el de los empresarios cercanos al candidato y con fuertes intereses comerciales en Mendoza: Daniel Vila y José Luis Manzano.

“Las elecciones sirven no sólo para distraer a la gente respecto de lo que pasa con Bento, sino también para que algunos pícaros aprovechen su cercanía a Sergio para sugerir que una buena manera de congraciarse con él sería declara inocente al juez”, dice otro referente del Consejo.

El jurado de enjuiciamiento está integrado por los jueces Javier De la Fuente y Javier Leal de Ibarra; los senadores Daniel Bensusán (Frente de Todos-La Pampa), José María Torello (Juntos por el Cambio-Buenos Aires); Anahí Costa (Frente de Todos-Catamarca), Ana Romero (Juntos por el Cambio-Chubut) y el abogado de la matrícula Alfredo Barrau.

La acusación

Los reproches al magistrado mendocino son graves y antiguos. En la acusación por mal desempeño, se consideró acreditado que Bento falseó el contenido de escrituras para acceder a créditos de la línea “Casa propia” del Banco Nación, concebido para acceder a una vivienda única y familiar con beneficios de tasas de interés y fiscales. Pero el juez ya tenía diversos inmuebles.

También que ocultó declarar que era persona políticamente expuesta en diversas escrituras, vender un inmueble ante la posibilidad de que se lo embarguen, negarse a entregar su teléfono y luego borrar los mensajes que tenía, restringiendo información para impedir que se descubra la verdad en la investigación en su contra.

La enumeración de la acusación prosigue: vaciar su caja de seguridad, sacando escrituras que podían comprometerlo, negarse a entregar su pasaporte para que no se sepa a que destinos viajó y con qué objetivos.

Respecto de los aspectos financieros y económicos de Bento cuestionados en el jury, se sostuvo que junto a su familia el magistrado habría tenido “un incremento patrimonial injustificado, con falseamiento, omisiones e inconsistencias en sus declaraciones juradas ante la AFIP y el Consejo de la Magistratura”.

“Se realizó un detalle exhaustivo sobre diversas cuestiones, como no haber justificado con qué dinero pagó cientos de viajes y casi mil días en el exterior en el período 2010/2020, con destino como Las Vegas, Miami, Dubai; no haber justificado enormes sumas de dinero en mejoras de inmuebles; no declarar la tenencia de dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera; tener un consumido absolutamente irreal, al no computarse los importantes egresos en el exterior”. detalló la acusación formulada por el abogado Miguel Piedecasas en nombre de sus compañeros Roxana Reyes y Eduardo Vischi.

Se encuentra quebrada la confianza pública en su persona para el ejercicio de la magistratura; habiendo actuado en innumerables situaciones ‘al margen de la ley’, por lo que le cabe la total responsabilidad institucional de sus actos y hacen procedente su remoción”, cerró Piedecasas en su alegato.

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