El proceso de venta de acciones que tienen la Nación y Mendoza de la empresa metalmecánica Impsa ingresó en un terreno repleto de incertidumbres y dudas con relación a la licitación y concreción del traspaso a la empresa Arc Energy. La situación ha despertado el temor del sector metalmecánico de la provincia, que entiende que el futuro de los empleos y pymes locales dependerán en parte del éxito o no que pueda tener el desembarco de privados.
La inquietud también se sustenta por el hermetismo con el que se ha manejado el tema, que se suma al resultado de la licitación pública internacional, ya que solamente la norteamericana Arc Energy (que inició el proceso con su interés en Impsa) se postuló con una oferta concreta, que es de U$S 27 millones de capitalización para una empresa que tiene pasivos por más de U$S 500 millones y poco más de 700 empleados en la planta a la espera de definiciones.
Sumado a esto, se prorrogó por algunas semanas el acuerdo previsto para comienzos de diciembre dentro de un difícil proceso en el cual la Provincia, que tiene el 21,2% de las acciones, ha decidido apartarse y dejar que el gobierno de Javier Milei, que mantiene el 63,7% de las acciones, maneje las condiciones de la venta. Aún así, si bien esta semana debía conocerse el dictamen por parte de la comisión evaluadora de la oferta, no ocurrió, y se postergaron los plazos.
Con todo este panorama, el titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), Fabián Solís, se mostró profundamente preocupado con respecto a los pormenores de las negociaciones, teniendo en cuenta que “no sólo se habla de los 700 empleados de la empresa”, sino también de todas las pymes mendocinas que trabajan en el entorno de la megaempresa.
“Se va prorrogando más la decisión y la compañía (ndr: por Impsa) ingresa cada vez en problemas más serios. Lo que entendemos es esa parte y estamos preocupados porque es una compañía modelo, tiene capacidades y características que no existen en Argentina ni tampoco en Sudamérica”, acotó.
Solís agregó a Radio Mitre que “cuando Impsa está en su máxima producción, da trabajo a 100 pymes metalúrgicas. De esos 700 trabajadores, se tienen que multiplicar por siete”.
También consideró que si esta operación termina de manera fallida, un eventual cierre de la empresa “sería una gran pérdida para Mendoza y el país. Esa tecnología no vuelve al país, cuesta muchos años para que alguien se le ocurra desarrollarla. La tenemos que cuidar, proteger y acompañar en estos tiempos”, marcó.
Respecto al hermetismo con el que se está trabajando, Solís manifestó que siempre estuvieron involucrados en todo el proceso, incluso con Julio Totero (extitular de Asinmet) cuando era el vicepresidente de la compañía, y mencionó que han participado “hasta donde se ha podido”. “Esa decisión viene más de la Nación”, dijo, y agregó que el sector industrial “no tiene mucho diálogo” con el Gobierno Nacional.
En tanto, también trascendió que parte de los capitales que inyectaría Arc Energy provendrían de fondos venezolanos, pero allí Solís lo negó de forma tajante, al asegurar que “son capitales de Estados Unidos”, y añadió que su titular sí es venezolano y “quiere entrar en el sector de la energía que generan las máquinas de hidroenergía. Como sucede en Argentina, hay mucha maquinaria de los diques que hay que volver a actualizarlas y la única compañía que puede hacer ese tipo de máquinas y con esa envergadura es Impsa, entonces para optimizar ese tipo de energía hace falta la empresa”, consideró.
“El mundo también está en esa etapa, puntualmente Estados Unidos; entonces esta persona lo que visualiza es la oportunidad de negocio por medio de Impsa fabricando acá en Mendoza”, marcó.
Mientras tanto, el Gobierno provincial ha decidido correrse de la negociación. Fuentes de Casa de Gobierno señalaron a Los Andes que es la Nación la que lleva adelante todo el trabajo y aguardan en Mendoza definiciones. Desde Asinmet, por su parte, indicaron que si bien no tienen información concreta sobre una supuesta prórroga, opinaron que “mientras más estiren la adjudicación, la compañía valdrá menos por no poder hacer frente a sus obligaciones”.
