Una audiencia judicial definirá el futuro inmediato de la secretaria de Gobierno de Las Heras, Janina Ortiz, quien es investigada por la supuesta “coacción” a una empleada del municipio.
La Justicia busca saber si Ortiz, quien a su vez es denunciante en una causa por agresiones, presionó a la empleada en cuestión a tener sexo con un funcionario del municipio (el subsecretario de Policías Sociales, Osvaldo Oyhenart) y a que grabara la conversación. En esta causa ya fueron imputadas la directora de Relaciones con la Comunidad, Patricia Rivero, y su hija Carolina Murúa, quien también trabaja en el municipio. Pero resta saber cuál fue la responsabilidad de la secretaria de Gobierno, quien comandaba a ambas.
En la Justicia, es una causa de altísimo voltaje, debido al impacto político que podría tener. Podría significar la imputación de quien es la pareja del intendente de Las Heras, Daniel Orozco, y la funcionaria más importante del municipio. Y todo en medio de la campaña electoral para definir precisamente quién conducirá Las Heras a partir de diciembre.
En este contexto, la fiscal adjunta en lo penal, Paula Quiroga, está convencida de que Ortiz debe ser imputada. Pero en el seno del Ministerio Público Fiscal (MPF) se ha producido una controversia con el fiscal Sebastián Capizzi, jefe de la Fiscalía de Delitos No especializados, quien considera que no hay prueba suficiente para avanzar con la imputación.
En el medio, la abogada de Ortiz, María Elena Quintero, presentó un pedido de “excepción de falta de acción”, que en palabras sencillas se alinea con el razonamiento de Capizzi y significa que, a su juicio, tampoco hay pruebas suficientes para imputar. En virtud de ello, pretende que Ortiz brinde una declaración informativa antes de que el MPF avance.
Precisamente esta cuestión (si acepta o no el pedido de la defensa) es lo que deberá resolver un juez de garantías. La audiencia en cuestión, según fuentes judiciales, ya ha sido pedida, pero no se ha definido fecha ni se ha sorteado el juez que va a intervenir. Hay que recordar que los jueces intervienen en las causas por medio de un sorteo que se realizan las oficinas de Gestión de audiencias (OGA).
La feria judicial de invierno ayuda a dilatar las definiciones, ya que en este tramo del año buena parte de tribunales está desactivado y solamente avanzan las causas en las que, por una cuestión de urgencias, hay detenidos. Sin embargo, el expediente está habilitado y correría el plazo de un mes para resolver el pedido de la defensa, que fue presentado a comienzos de julio.
En el MPF se cree que es prácticamente un hecho que Ortiz será imputada si fracasa la solicitud de su abogada en esta audiencia. Mientras tanto, impera una tensa espera sin resolución que se sigue cargando de especulaciones y denuncias de las fuerzas políticas en pugna que los fiscales dicen padecer. “Hay un montón de denuncias cruzadas que son impresentables, somos el jamón del sanduich”, afirman en ese ámbito.
Controversia entre fiscales
La causa por coacción que protagoniza Ortiz ha sido motivo de controversia debido al cruce entre los fiscales intervinientes. Al frente de la investigación estuvo siempre el fiscal de delitos no especializados Gabriel Blanco. Pero el jefe de la unidad es Capizzi, quien también opina. Como se trata de una causa en la que hay funcionarios investigados, interviene además la fiscal adjunta Quiroga, quien está por encima de los dos anteriores en cuanto al rango. Deben ser tres en total los que tomen cartas en el asunto, para evitar que se imponga alguna “presión” particular.
Las instrucciones para la intervención de los fiscales en este tipo de casos aparecen en los artículos 24 y 25 de la ley de Ministerio Público Fiscal (número 8008). El artículo 24 señala que “cuando los asuntos en que intervenga el Ministerio Público Fiscal revistan especial gravedad, aparezcan cometidos por un funcionario o empleado público, o vinculados a criminalidad organizada, o presenten dificultades particulares, el agente fiscal actuante deberá consultar a los fiscales adjuntos, quienes impartirán las instrucciones particulares pertinentes”.
Asimismo, el artículo 25 agrega que “las instrucciones generales y particulares serán de cumplimiento obligatorio para los magistrados y funcionarios a quienes estuvieran dirigidas. Cuando se considere que la instrucción es inconveniente, lo hará saber a quien emitió la instrucción mediante informe fundado. Si éste insistiese en la conveniencia de la misma, el inferior deberá cumplirla, pudiendo dejar sentada su posición personal en desacuerdo”.
En definitiva, más allá de las opiniones, la fiscal adjunta Quiroga tiene la última palabra. Por eso la situación de Ortiz se complica y podría encaminarse a la imputación. Sin embargo, en el MPF aseguran que Quiroga no busca beneficiar o perjudicar a nadie, y que no sigue instrucciones de ningún sector político. “A Paula no la puede presionar nadie porque le importa un carajo, ella piensa como piensa, no es influenciable”, dicen voces importantes del Polo Judicial.
El criterio de Quiroga es que la “declaración informativa” que pide la defensa representa un “engendro” y hasta deja desprotegida a la persona investigada, porque impide que corran los tiempos procesales. En cambio, si directamente hay imputaciones, el proceso avanza y si la denuncia es falsa rápidamente la Justicia la archiva y ya no se puede volver a investigar. Le convendría a Janina la imputación, sostienen. “Es una salida elegante que da el código la declaración informativa”, aportan desde ese ámbito.
La abogada de Ortiz piensa distinto y probablemente mide el impacto de una imputación a la secretaria de Gobierno de Las Heras en medio de la campaña electoral, más allá de las implicancias a largo plazo en el proceso judicial.
En la explicación de su pedido, Quintero blanqueó a Los Andes que “hay una diferencia de criterios” y afirmó: “Yo entiendo lo que expresa Quiroga respecto de que la declaración informativa da menos certezas que cuando imputan”. Sin embargo, se preguntó: “¿Por qué va a imputar a alguien con todo el significado jurídico que tiene la imputación, cuando no se tienen elementos suficientes para imputarlo?” Y remató: “Tómenle una declaración informativa, que ella presente todas las defensas que deba presentar y después se ve si se transforma en imputación o si se archiva la causa”.
El criterio de la fiscal adjunta es el más importante, al final. Tanto que Quiroga ya rechazó el avoque del fiscal Capizzi que decía que a Ortiz no se la podía imputar por el momento y espera la audiencia para que luego se proceda con esa medida. Pero la feria judicial retrasa todo, tanto que mientras Quiroga y Blanco esperan la famosa audiencia, el fiscal Capizzi “firmó su oposición y se fue de viaje”, indican en tribunales.
