El gobierno de Alfredo Cornejo puso énfasis durante todo el primer año de gestión en generar las condiciones para la llegada concreta de la minería metalífera a Malargüe, donde el Poder Ejecutivo entiende que hay “licencia social” para llevarla a cabo, dentro de los márgenes de la ley y cumpliendo con la controversial ley ambiental 7722, que limita el uso de sustancias en la explotación.
No obstante, por fuera de Malargüe y su distrito minero occidental, donde residen más de 30 proyectos de exploración metalífera, la situación es diferente en términos políticos y sociales.
En este contexto, resalta el proyecto San Jorge, ubicado en la zona de Uspallata, que fue blanco de protestas sociales en momentos en los que, en la década de 2010, trabajaba para presentar la Declaración de Impacto Ambiental en la explotación de cobre y oro.
En diálogo con Los Andes sobre este proyecto ubicado en Las Heras, Cornejo recordó que todavía no ha presentado su Declaración de Impacto Ambiental (DIA). “Si la presenta y cumple los requisitos legales, con la prohibición del ácido sulfúrico, cianuro y demás, deberá hacerse una audiencia pública en Uspallata. Y habrá informes sectoriales”, advirtió.
No obstante, opinó que no observa “un tiempo corto a esa definición”, y que no lo ve “inmediato”. Y agregó que “arranca con la DIA pero no es inmediato que funcione. Tienen que cambiar los métodos de explotación y no usar sustancias prohibidas”, dijo, teniendo en cuenta que San Jorge, como todos los proyectos metalíferos, debe estar encuadrado dentro de la 7722.
Pero además evidenció que la empresa “sigue en movimiento”, al sostener que “siempre preguntan cómo va y están estudiando”.
“Sé que han contratado gente para tener otros métodos de explotación. Pero hoy el 80% del cobre que se está explotando, se hace con un método que no usa cianuro, ni ácido sulfúrico. Sería perfectamente compatible pero hay que ver qué método traen. Sí sabemos que se están moviendo pero no nos han dado fechas precisas”, sentenció.
Los Andes se comunicó con dirigentes ligados a la empresa que tiene en sus manos el proyecto, pero evitaron dar declaraciones oficiales. Sí admitieron que están realizando “trabajos internos”, por lo que se podría aguardar novedades en el corto o mediano plazo.
El conflicto judicial de San Jorge por la ley 7722
Años atrás (antes de la 7722), desde la empresa se pensaba utilizar ácido sulfúrico para la explotación de cobre vía lixiviación. No obstante, luego se viró hacia el método de flotación (separación de los minerales) utilizando xantato.
Como esta sustancia también fue objetada por sectores ambientalistas, desde la empresa decidieron ir directamente a la Justicia en contra del artículo 1 de la ley, ya que, en las restricciones que aparecen en dicho artículo, no solamente se prohíbe la utilización de ácido sulfúrico, mercurio, cianuro, sino que también impide la utilización de “otras sustancias tóxicas”.
En 2021, la Corte Suprema de Justicia declaró parcialmente inconstitucional ese artículo al fundamentar que “al prohibir en los procesos mineros metalíferos el empleo de ‘otras sustancias tóxicas similares’, se aparta del principio de legalidad”. Además, indicaron que en este aspecto “la ley adolece de una gran indeterminación”.
“La Corte ha expresado que el artículo19 de la Ley Fundamental exige que las normas incluidas dentro de la juridicidad tengan el mayor grado de previsión y previsibilidad posible a fin de que cumplan con el estándar de claridad que es exigible para que los sujetos puedan ajustar sus respectivas conductas”, dice la sentencia del alto tribunal.
Qué dice el artículo 1 de la ley 7722
Artículo 1. A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohibe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo. (NdR: en negrita, la frase inconstitucional)
San Jorge y la “licencia social”
En diálogo con Los Andes, Cornejo dio detalles en términos generales del objetivo del Gobierno de acuerdo a lo que podría “ofrecer” la actividad minera a la provincia, en materia de conectividad en telecomunicaciones y también mejora de caminos.
No obstante, el gobernador también dio precisiones sobre San Jorge en Uspallata. Ante la consulta de si el Poder Ejecutivo trabaja en conseguir licencia social fuera de Malargüe, expresó que este término “está bastante discutido en el mundo. ¿Qué es licencia social? ¿Quién dice que algo tiene licencia? Sí se está trabajando en que los mendocinos comprendan que la minería sostenible es una actividad que le ayuda al resto de las industrias, al comercio, a la agricultura, al turismo”, mencionó.
Agregó que “hoy la minería no es la típica minería de pico y palo de antaño, tiene mucho de conectividad. La inversión minera va a traer inversión en los campos. Si la minería va a lugares más rurales, vamos a tener más conectividad y más caminos”.
Pero advirtió: “Lo que no vamos a hacer es forzar. En el Valle de Uco sabemos que hay cobre a montones, pero también tenemos claro que no tiene sentido porque vamos a tener un conflicto. Y conseguir licencia para todos los mendocinos, no vamos a conseguir unanimidad, sino a una mayoría importante, con líderes de opinión que comprendan las potencialidades que tiene la minería sustentable”.
