Mientras el gobierno provincial se mantiene cauto y analiza en detalle las resoluciones que emitió el Gobierno nacional para otorgarle más de 21 mil hectáreas a comunidades mapuches en San Rafael y Malargüe, dirigentes del radicalismo salieron a cuestionarlo con dureza en las redes sociales.
El primero en hacerlo fue el senador nacional Alfredo Cornejo, quien este sábado dijo: “Primero la negativa a realizar Portezuelo del Viento y ahora esto. ¿Hasta cuando van a seguir haciendo daño el Gobierno Nacional de @alferdez y el Kirchnerismo, en el Sur de Mendoza?”
Luego, este domingo volvió a arremeter contra la medida, pero fue más lejos al asegurar que “no hay ni hubo mapuches en Mendoza”. Desacreditando de esta forma, directamente la existencia de estos pueblos originarios en la provincia.
La presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas, también utilizó su cuenta de Twitter para manifestarse en contra de la cesión de tierras, poniendo el foco sobre la personería jurídica de las comunidades Lof El Sosneado, ubicada en ese distrito sanrafaelino, y Lof Suyai Levfv en Los Molles, Malargüe.
“Un club de barrio, una unión vecinal, una asociación de protección de derechos, necesita personería jurídica para acceder al más mínimo subsidio. Pero el kirchnerismo le entrega 21.000 has a la comunidad mapuche en Mendoza, cuyo referente admite que no cumple con ese requisito”, lanzó la legisladora.
Y agregó: “¿Cómo se puede avanzar tanto hacia la falta total de seguridad jurídica, de previsibilidad, de igualdad ante la ley? Mientras, los productores siguen esperando la ayuda nacional, el dólar se descontrola, los jóvenes huyen de nuestro país y el destrato hacia Mendoza es cada vez peor”.
Lo cierto es que entre los considerandos de ambas resoluciones, se cita a Ley Nacional Nº 26.160 que “declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las Tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas - Re.Na.C.I. - u organismo provincial competente o aquellas preexistentes por el término de cuatro años”.
Ambas comunidades todavía no consiguen la personería jurídica y se encuentran “en trámite”, lo cual contradice a la norma que menciona que deben estar inscriptos. La polémica está puesta en ese punto.
