Cornejo puja para que Verasay ocupe una vacante en la Auditoría General de la Nación

La UCR vive una guerra de operaciones para definir a su candidato para ocupar una de las vacantes en la Auditoría General de la Nación en representación de la Cámara de Diputados de la Nación. Al partido radical le corresponde una de las sillas vacías, y el gobernador Alfredo Cornejo propuso a la diputada nacional, Pamela Verasay, para que ocupe este puesto.

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No obstante, la balanza por ahora favorece al cordobés Mario Negri, un histórico del partido centenario que fue diputado nacional durante seis mandatos completos, siendo jefe de bloque durante una década entera. Un dato de color para Mendoza es que el mendocino Julio Cobos, también diputado nacional, firmó una carta de adhesión para el cordobés.

En tanto, el actual presidente de la bancada, su coprovinciano Rodrigo De Loredo, no lo quiere y alienta al exdiputado nacional y su actual asesor de cabecera, el puntano Alejandro Cacace.

Este juego de la silla no es inocuo: se trata de un cargo que supone el acceso a información privilegiada y reservada, con un mandato que brinda una estabilidad de ocho años y, no menos importante, un sueldo suculento mayor a los cinco millones de pesos por mes.

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Hasta ahora, asoma como ganador de esta carrera Negri, quien este miércoles pasó a la pole position gracias a una carta de aval que fue rubricada por 22 de los 34 diputados nacionales de la UCR.

Y además tiene el respaldo del presidente de la bancada de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, quien justamente dejó la AGN para asumir su bancada de diputado nacional en diciembre del año pasado. Si bien el rionegrino no conduce a todo su bloque, las voluntades que pueda arrimar a favor de Negri son claves en la elección.

La carta de apoyo a la postulación de Negri fue firmada por las distintas tribus internas de la UCR, con la salvedad del cornejismo y del deloredismo.

Además de Cobos, firmaron Carla Carrizo (CABA), Danya Tavela (Buenos Aires), Karina Banfi (Buenos Aires), Mariela Coletta (CABA), Marcela Antola (Entre Ríos), Melina Giorgi (Santa Fe), Fabio Quetglas (Buenos Aires), Pedro Galimberti (Entre Ríos) y Pablo Juliano (Buenos Aires).

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También estamparon su rúbrica Jorge Rizzotti (Jujuy), Marcela Coli (La Pampa), Gerardo Cipolini (Chaco), Natalia Sarapura (Jujuy), Mario Barletta (Santa Fe), Facundo Manes (Buenos Aires), Fernando Carbajal (Formosa), Roxana Reyes (Santa Cruz), Juan Carlos Polini (Chaco), Atilio Benedetti (Entre Ríos), Roberto Sánchez (Tucumán) y Manuel Aguirre (Corrientes).

Más reemplazantes para la AGN

Además de Pichetto, la AGN debe resolver los reemplazantes del camporista Juan Ignacio Forlón y del massista Gabriel Mihura Estrada, quienes culminaron mandatos.

Una de esas sillas le corresponde al oficialismo, aunque en este caso se acordó cederle al lugar al PRO, que juega en tándem con La Libertad Avanza en el Congreso nacional.

El elegido es el ex ministro de Trabajo Jorge Triaca, quien le ganó la pulseada al apoderado de La Libertad Avanza Santiago Viola. El ex funcionario de Mauricio Macri también tiene el apoyo de Pichetto.

La última vacante es para Unión por la Patria, que todavía no definió a su representante. La coalición panperonista reclamaba dos lugares por tener 99 integrantes en la Cámara baja (el doble que LLA, PRO y UCR), pero el oficialismo y sus socios “dialoguistas” le reconocerán uno solo.

De todos modos, la presidencia de la AGN seguirá en manos de Unión por la Patria por ser la fuerza opositora con mayor representación en el Congreso nacional. Su actual titular es Juan Manuel Olmos.

La AGN tiene como tarea preponderante la realización de auditorías y estudios especiales asistiendo técnicamente al Congreso de la Nación en el ejercicio del control externo del sector público nacional.

A su vez se encarga del control externo posterior de la gestión de la administración central, los organismos descentralizados, las empresas y sociedades del Estado, los entes reguladores de servicios públicos, las instituciones de Seguridad Social, los Fondos Fiduciarios integrados con bienes y fondos del Estado, las organizaciones privadas que reciban subsidios o aportes del Estado e instituciones cuyos fondos o administración estén a cargo del Estado.