El radicalismo mendocino presentó un proyecto con el cual se intentará avanzar en el control provincial de los diques que están situados en el territorio nacional, ante una avanzada del kirchnerismo que busca su nacionalización. Además, se solicitará nuevamente la indemnización a Mendoza por unos U$S 550 millones de las regalías mal liquidadas a La Pampa de la represa Los Nihuiles.
La iniciativa fue presentada por el senador nacional y precandidato a gobernador por Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo y su par en Diputados Jimena Latorre presentaron, en San Rafael.
Cornejo, quien estuvo acompañado de la precandidata a vicegobernadora por Cambia Mendoza, Hebe Casado; el aspirante a la intendencia de San Rafael, Abel Feidemberg, y el especialista en energía, Pablo Magistocchi, comentó que los proyectos “tienen mucho que ver con San Rafael, con el sur y con los diques, las represas que generan energía. Uno es un viejo reclamo, que tiene la provincia de Mendoza, que es la derogación del decreto de 1973, donde nos están liquidando en forma pésima las regalías hidroeléctricas, compartiéndolas en un 50 y 50% con la Pampa”.
Respecto a la provincialización de las centrales hidroeléctricas, expresaron la necesidad de adecuar la Ley 15.336, de 1960, que estableció en su artículo 124 que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
En este sentido, el Senador Nacional adelantó que se va a insistir en la indemnización, por las regalías mal liquidadas a Mendoza en Los Nihuiles. “Este cálculo nos permite establecer que el valor capitalizado de las regalías liquidadas a La Pampa, desde 1973, que es de unos U$S 550 millones”.
Este dato ya había sido dado a conocer por Los Andes el 6 de mayo del año pasado, según información que compartió el fiscal de Estado, Fernando Simón. Asimismo, además de la demanda planteada por el Fiscal y el asesor de Gobierno, Ricardo Canet, la Cámara de Diputados de Mendoza solicitó con un proyecto al presidente, Alberto Fernández, que derogue el decreto 1560/73 con el cual la provincia comparte desde hace 50 años con La Pampa las regalías hidroeléctricas que generan Los Nihuiles I, II y III.
Fue el Poder Ejecutivo Nacional de facto, a cargo del General Lanusse, quien ordenó ilegítimamente que Agua y Energía liquidara en favor de la provincia vecina el 50% de las regalías que pagaba a Mendoza, situación que se mantiene hasta el presente.
“Este criterio de reparto de regalías es único en el país, ya que las regalías en el resto de las centrales hidroeléctricas se liquidan siguiendo el criterio de la fuente hidroeléctrica”, comentaron los legisladores y sostuvieron que “la Corte Suprema de Justicia ha resuelto esta discusión, al establecer que corresponde seguir el criterio de la fuente hidroeléctrica para la liquidación de regalías en el fallo Chaco, Provincia del c/ Estado Nacional s/ acción declarativa”.
Asimismo, afirmaron que el título de propiedad de las provincias sobre sus recursos, incluido el agua, no es derivado sino originario. En ese marco, sostuvieron que “una nueva concesión para la generación hidroeléctrica otorgada por el Estado Nacional sería nula, atento a que la Nación carece de competencias para erigirse como concedente del uso de recursos provinciales”.
Vencimiento de las concesiones
Según el proyecto, las concesiones, a partir del vencimiento de las vigentes, deberán ser otorgadas a las provincias en las que se encuentran ubicadas las fuentes de generación hidroeléctrica.
“Entre 2023 y 2029, vencen las concesiones de más de 12 centrales hidroeléctricas, a lo largo y a lo ancho de nuestro país”, dijo Latorre y sostuvo que “hay muchas otras provincias que también están implicadas en esta problemática, pero nosotros decidimos tomar la delantera y liderar esta iniciativa, en la que otros senadores y diputados y diputadas nos han acompañado”.
El proyecto incluye a las centrales ubicadas en Neuquén, Río Negro, Mendoza, Tucumán, Chubut, Santa Cruz y San Juan. Los legisladores mendocinos sostienen que, ante los inminentes vencimientos, “el Gobierno Nacional lo único que ha hecho es la creación del ETAHC (Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados), por Resolución 130/22, que a la fecha no ha presentado un solo informe de los que la norma le encomienda”.
Las concesiones hidroeléctricas mendocinas de las centrales Agua del Toro, Los Reyunos, El Tigre (correspondientes al río Diamante y Nihuil I, Nihuil II, Nihuil III, Nihuil IV y Valle Grande correspondientes al río Atuel) vencen en 2024.
Respecto de los Nihuiles, por la compra realizada con los bonos de consolidación hidrocarburífera está claro el dominio público y el poder concedente en titularidad de la provincia. “Es respecto del complejo del río Diamante y los de las demás centrales ubicadas en las provincias mencionadas que reclaman la titularidad y el poder concedente para las nuevas concesiones, a partir de 2024″, aseguró el legislador.
Asimismo, el senador nacional afirmó que “tengo la esperanza de que, con un nuevo gobierno, van a cambiar muchos aspectos, entre ellos el marco regulatorio eléctrico y que se cumpla lo que conviene a Mendoza, que se cumpla lo que conviene a las provincias, que se cumpla el actual marco regulatorio eléctrico que exige la ley”.
“La Pampa no participa del dominio de la fuente hidroeléctrica, por lo que carece de todo derecho a percibir la regalía por su aprovechamiento”, resaltó Cornejo y explicó que “la Nación no puede, por vía de Decreto (una norma de inferior jerarquía que la Ley 15.336), disponer su privación al único y legítimo titular de la fuente hidroeléctrica”.
El reclamo de la derogación del decreto 1560/73 es sin perjuicio de lo que le corresponde por derecho percibir a la provincia de Mendoza desde 1973 por el concepto de regalías hidroeléctricas. “Mendoza no declina a lo que constituye su derecho y que se encuentra pendiente de resolución por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dijeron y remarcaron que “este reclamo judicial se ha realizado en conjunto entre el Ejecutivo provincial, Fiscalía de Estado y Asesoría de Gobierno”.
El debate en el Congreso
Cornejo explicó que existen 2 proyectos que pueden ser tratados y que son beneficiosos para Mendoza, porque tendrían consenso. Uno es la distribución equitativa de los subsidios del transporte público, que nos permitiría ampliar los subsidios de transporte que pone la provincia a lugares donde tienen pocos subsidios o poca frecuencia de transporte público.
A esto le sumó que “el otro es un proyecto del kirchnerismo, que busca mantener nacionalizada a las represas hidroeléctricas. Este es del senador Oscar Parrilli, el ex secretario general de la vicepresidenta Kirchner. Él quiere en ese proyecto que las represas, entre ellas Diamante, pasen a ser administradas por ENARSA, sigan siendo administradas por el Gobierno Nacional. Hasta el momento, lo hemos bloqueado, lo hemos logrado con gente del frente de todos que no quiere, porque se siente perjudicada, tanto de Río Negro, como de Neuquén, entre otros, que no quiere que eso ocurra”.
Según explicó el legislador, pondrá toda su influencia nacional para lograr los acuerdos en el Congreso y dijo que Latorre ya cuenta con avales de diputados distintas provincias. “Tienen que pasar como propiedad de la provincia, eso nos permitirá hacer nuestras propias licitaciones, tener la propiedad de esas represas, en el futuro y despejar las dudas de las que queremos hacer a futuro, porque algunas van a empezar a ser cuestionadas y queremos previsibilidad jurídica, venga el gobierno nacional que venga”.
Cómo sigue Portezuelo del Viento
Cornejo trajo a colación que Mendoza viene reclamando por las regalías que no son atendidas. “Tenemos reclamos administrativos y presentaciones judiciales dormidas, y ninguna de esas cosas ha funcionado. Evidentemente, los gobiernos nacionales evitan entrar en conflicto con La Pampa, ese es el objetivo complicado”.
Comentó que, entre 2015 a 2019, se logró incluir el laudo favorable de Portezuelo en la agenda de Mendoza. Sin embargo, sostuvieron que “era como remar contra la corriente, ya que pasamos más de un año esperando ese laudo, cuando su respuesta debía ser categórica”.
“Por un lado, el kirchnerismo plantea el caso de Portezuelo, pero no lo aborda como una política de Estado, como lo hace La Pampa, donde independientemente del signo político, afirman que Mendoza se ha apropiado del río”, afirmó el precandidato a gobernador.
Continuando con su idea, expuso razones que argumentan que el verdadero problema de Portezuelo no radica en el estudio de Impacto Ambiental: “En Mendoza, resulta paradójico que el peronismo y el kirchnerismo local prácticamente adopten los argumentos de La Pampa”. Es más, dijo que “argumentan que el estudio debe considerarse más ampliamente. Sin embargo, el problema no radica allí, sino que es que los pampeanos han logrado que cualquier decisión en relación a represas y otros proyectos sea aprobada por unanimidad en el organismo correspondiente. Esto nos convierte en rehenes de la unanimidad de La Pampa en el futuro”.
Por último, Cornejo explicó que el laudo de Alberto Fernández “ha consolidado una situación en la que no se pueden cuestionar las decisiones tomadas desde arriba”. Ante esta situación, el actual senador nacional aseguró que es esencial “que haya una deliberación pública durante la campaña, a nivel nacional y provincial, sobre estos temas que son estratégicos tanto para Mendoza, como paradójicamente para Argentina en su conjunto”.
